Gobernabilidad

En un sistema democrático estable, las crisis de gobernabilidad no deberían presentarse, pues funciona de manera precisa un marco jurídico que permite que en una administración pública, las cosas funcionen apegado de derecho.

Pero la democracia en México, por más transiciones de signo partidista que ocurra en los gobiernos, todavía sigue gestándose y sigue sin definir su personalidad.

De repente parece que todos los avances legales que se han tenido para hacer de los gobiernos más transparentes y efectivos se esfuman, y quienes gobiernan buscan los resquicios para eludir las responsabilidades públicas.

En Sinaloa, el caso más reciente ha sido el del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien en su intento por imponer un sello a su administración, lo ha llevado a cometer una serie de yerros que ponen en riesgo su permanencia en el cargo.

Antes de que solicitara licencia para separarse del cargo, la cual autorizó el Cabildo, la Fiscalía de Sinaloa solicitó el desafuero del Presidente municipal por denuncias de discriminación y de abuso de autoridad.

Además, de parte de la Auditoría Superior del Estado alistan denuncias por irregularidades en el manejo de recursos de la cuenta pública de 2019, y del Congreso de Sinaloa, se le inició un proceso de juicio político por desacato a disposiciones jurídicas.

Ejercer el poder implica apegarse a un marco legal, que es el que rige la conducta de los gobernantes. En el caso de Culiacán, el Presidente pretendió aplicar sus propios criterios, alejados de lo que dictan las leyes, y ahí están las consecuencias.

Pero no es el único en Sinaloa que ha ejercido el poder público considerando que es un patrimonio particular y por lo tanto creen que lo pueden ejercer bajo criterios personales.

Lo ocurrido con el Alcalde de Culiacán debe servir de experiencia y de llamado de atención para quienes hoy gobiernan y lo hacen de esa manera. Hay un marco jurídico al cual apegarse. Si no están dispuestos a respetarlo, deberán atenerse a las consecuencias.