Parece que a la Fiscalía General del Estado nada más le toma tres días en contar cuántos muertos van desde el 9 de septiembre a la fecha, porque es el tiempo que tardó en transparentar esta información.

Resulta que desde principios de semana el departamento de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado ha ignorado a medios de comunicación que se han acercado con dudas por las cifras de muertos y desaparecidos que ha dejado la guerra del crimen organizado.

Debe saber usted que la nueva Fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, llegó al cargo con un nuevo equipo de comunicación, cuya única tarea es ‘comunicar’, pero se han visto deficientes, por decirlo poco.

Y es que al parecer no enteran de todos los datos al Gobernador Rubén Rocha Moya, pues aunque la Fiscalía es autónoma, esta ocupa un espacio en la mesa de seguridad que se realiza todas las mañanas y donde deben transparentar hechos relevantes.

Pues resulta que el Gobernador Rocha Moya fue cuestionado en La Semanera por medios de comunicación sobre el acumulado de los primeros 20 días de muertos y personas privadas de la libertad en medio de esta crisis de seguridad, y el Gobernador dijo desconocer. El Mandatario aseguró que se le va avisando por día cuántos muertos hay, pero dijo que la prensa es libre de calcular sus propios números.

Ante esta contestación carente de sentido, pues ¿cómo la autoridad le va a ceder la responsabilidad a los medios de llevar un control de cifras oficiales? Se le indicó al Gobernador que desde la Fiscalía de Sinaloa no se estaba informando nada.

Qué curioso que son los primeros en gritonear que los medios de comunicación pecan de amarillismo, pero no están dispuestos a revelar información de interés público.

A lo mejor el cargo de comunicación social les queda grande, a lo mejor la instrucción de la Fiscal es no contestar a la prensa, o simplemente son incompetentes y no terminan de entender para qué se les paga.

Qué vergüenza que además de verse rebasados por el tema de impunidad, y la nula investigación en la FGE, den de qué hablar por opacos.

La Secretaria de Educación Pública de Sinaloa, Catalina Esparza Navarrete, como que cada día amanece pensando cuál será su siguiente declaración descarrilada ante los medios, y lo peor es que casi siempre logra superarse.

Ayer fue cuestionada sobre cómo le harán para intentar recuperar todas las clases que han perdido los niños, cuyos padres no los mandan a las escuelas por el entendible temor a salir.

Para Catalina Esparza sonó una gran idea decir que trabajan en un “protocolo” para combatir el rezago de estas tres semanas lastradas por la violencia, y dirá usted ¿en qué consiste este protocolo? Bueno, nosotros tampoco sabemos, porque no lo dijo la Secretaria.

La titular de SEPyC está agarrando callo como parte del gabinete estatal, y aprendió eso de decir “estamos trabajando”, pero luego no tener idea de en qué trabajan o cómo lo trabajan.

Tampoco es que le hayan preguntado física cuántica, o sea, si realmente la Secretaría de Educación Pública lleva a cabo un programa para combatir el rezago educativo, lo mínimo que esperamos es que la titular sea transparente y capaz de explicarlo.

Algo que le reconocemos a Catalina Esparza, es que ella no se queda corta en sus declaraciones, va a lo grande, e incluso en cuestión de tres minutos puede aventarse dos o más barbaridades.

Porque después de anunciar un protocolo sin detallar su funcionamiento, la Secretaria aplaudió que, después de tres semanas de desatarse una ola de violencia casi sin precedentes, alrededor del 30 por ciento de los estudiantes de Culiacán acudieron a sus aulas este lunes.

A estas alturas, las autoridades educativas del Estado miran el vaso a rebosar cuando menos de la mitad de la población estudiantil ocupa sus aulas, cuando alrededor del 70 por ciento de las y los niños culiacanenses no pueden acceder a las clases presenciales porque en cualquier momento puede ocurrir algo.

Esa cifra habla mal de todo el Estado, no solo de la SEPyC, porque quizá habría mayor confianza de los adultos para mandar a los niños a la escuela, si las corporaciones de seguridad dieran la confianza que deben.

Lastimosamente, en el único antecedente del que se ha tenido conocimiento, sobre el mentado plan de proximidad de la Policía Estatal Preventiva a un plantel educativo, la atención llegó una hora y 40 minutos después del reporte. En manos de quién estamos.

Desde que cierto capo del narcotráfico reveló mediante una carta los presuntos nexos de la política sinaloense con líderes del crimen organizado se ha develado ante la opinión pública un tema que corría como un secreto sabido por todos.

Tras el asesinato del político y líder ganadero Faustino Hernández, durante la mañana de este lunes en Culiacán y la identificación del cuerpo sin vida de Héctor Ramón Escobar Manjarrez, hermano de dos políticos en el Estado, es para algunos, una advertencia a la política sinaloense.

El presidente de la Alianza de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, consideró que la situación de violencia ya supera el tono de preocupación de la sociedad ordinaria y alerta a los allegados políticos del Gobernador.

El comentario de Beltrán Verduzco sobre la cercanía de las víctimas con el poder político enciende nuevas alarmas, ya que podría señalar un cambio en los objetivos de los ataques y un aumento del riesgo para figuras de alto nivel.

Esto no sólo eleva la preocupación por la seguridad general, sino también por la posibilidad de que se desencadenen conflictos más complejos y peligrosos, afectando directamente a las esferas gubernamentales y a la estabilidad política del estado.

Los focos rojos en medio de una ola de violencia quizá tarde tiempo en generar respuestas, pero las especulaciones alrededor de lo sucedido ya alcanzó a la política de Sinaloa.

O tal vez sea hora de que la clase política sinaloense aprenda que el crimen organizado no es un asunto que se pueda “administrar”, sino una prioridad de estado que hay que combatir.