Es, de nuevo, la sociedad civil organizada quien pondrá sobre la mesa el tema de desaparición forzada mediante un encuentro que pretende reunir en el estado a distintos participantes para debatir sobre el tema.

Las madres buscadoras de personas desaparecidas y el profe Óscar Loza, presidente fundador de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, anunciaron de este primer Congreso Sobre la Desaparición Forzada en el Estado tras más de 50 años de haberse iniciado este delito que persiste en la sociedad.

Aceptan, dijeron, que las autoridades digan que es un tema complejo, pero no aprueban que, mientras las cifras aumentan y los datos reales superen las oficiales, la respuesta sea la lentitud y la inacción.

Mientras tanto en Sinaloa se tiene que pedir de favor que las autoridades hagan su trabajo, pero ni así reaccionan, por eso hay madres buscando a familiares desaparecidos, por eso hay redes de apoyo entre sociedades civiles y para todas esas actividades. La autoridad es un ente inamovible que sólo recibe y registra los hechos que resultan de una jornada habitual de violencia en el estado, al tiempo que otros hallan la forma de adentrarse en el entramado para su solución.

Increíble todavía más es ver que las madres rastreadoras hallan restos y cadáveres y los peritos con la mano en la cinturas son capaces de decir: mañana vamos, hoy ya es muy tarde.

El Ayuntamiento de Mocorito inventó un organismo descentralizado que será operado por puro voluntario sin sueldo para administrar el Museo de Los Tigres del Norte. Estas personas podrán decidir en qué gastar el dinero que entre al museo, sean recursos públicos otorgados por el estado o el municipio, o propios.

Entre esta absurda burocracia nace la impresión de que en realidad el Gobierno de Mocorito no ha hecho nada relevante en los últimos años, y nada más fue noticia cuando se trató del Museo de Los Tigres del Norte.

María Elizalde Ruelas, Alcaldesa de Mocorito, no pudo ser más tibia en la toma de decisiones gubernamentales, pues se quedó en la sombra durante toda su gestión.

Y mientras están tan ocupados en el Ayuntamiento de Mocorito con Los Tigres del Norte, un mérito para nada gubernamental, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló al Ayuntamiento de Mocorito de omiso por no considerar una recomendación.

Resulta que desde hace varios años hay un quejoso que denunció abuso policial por parte de los elementos de Policía Municipal, pues la CEDH ya emitió el veredicto de que hubo violación a los derechos humanos.

¿Y qué hizo la administración encabezada por María Elizalde Ruelas? Pues nada. No contestó.

Ni disculpa pública, ni reparación del daño.

A propósito de ofendidos, sentidos y además desinformados, será este miércoles cuando vuelvan las actividades en el Centro de Justicia Penal y Oral de la zona centro, con una audiencia programada para el hoy encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, antes abogado general, y el Rector separado del cargo Jesús Madueña Molina, por abuso de autoridad.

Esta semana la narrativa desde los medios que conforman esta red de desinformación a la que ya nos hemos referido antes, de periodistas y otros intentos de medios, todos financiados por dinero de la UAS, es la misma desde que comenzaron: la UAS recibe recursos federales, la Auditoría Superior del Estado no tiene injerencia, los resultados de la auditoría están bien y están públicos, bla, bla, bla.

Y quizás por ese aferramiento propio que muestran en las audiencias, que por momentos se percibe como alegata y gritadera, como les encanta y hasta se sienten en un capítulo de la Ley y el Orden, ignoran lo que el juez les explica.

El delito de abuso de autoridad del que se les acusa no tiene qué ver con que la Auditoría tenga injerencia, pueda o no, revisar sus finanzas.

El delito, han dicho los jueces y fiscales hasta el cansancio, se materializa desde el momento mismo de negarse a atender a la Auditoría Superior del Estado, que es una autoridad estatal.

Ya lo demás es cosa del otro lado.

Es tan claro. Es como pretender negarte a ser detenido por agentes de la Policía Municipal de Culiacán porque traes armas del uso exclusivo del Ejército y ese es un delito federal.

Pasa algo parecido con las acusaciones por los posibles delitos relacionados con la corrupción en compras sin licitaciones, a sobreprecio y a redes de empresas relacionadas a la familia Cuén Díaz o a otros funcionarios de la UAS.

No importa si la UAS recibe dinero del Gobierno federal o del planeta Melmac de Alf el extraterrestre, pues el delito se materializa en el momento que eres funcionario público y andas manoseado u organizando películas de ficción para manosear dinero público.

Nos parece muy bien que hayan ganado una suspensión, ahora falta comprobar ante el juez que no cometieron estos delitos de los que son acusados. Ahí está el meollo.

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Malecón es columna institucional de esta casa editorial.

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