¿Qué hacer con un loquito en el poder?

    Sé que lo he repetido muchas veces, pero no resisto la tentación, y además, hay muchos y siguen surgiendo como hongos.

    Decía el General Marcelino García Barragán que el poder marea a los inteligentes y vuelve locos a los pendejos.

    Y por poder no solo se refería al máximo de todos (Presidencia de la República), sino a cualquier ladrillito en el que se suben nuestros políticos locales y por supuesto los nacionales también.

    Si hubiera un concurso de países con el mayor número de políticos loquitos y rateros, ni duda cabe de que México se llevaría todas las medallas de oro.

    Por lo pronto, en ese imaginario concurso, a nivel municipal, el oro ya se lo ganaron, y parece que vienen con todo por una segunda medalla.

    Pero regresando al título de esta entrega, hace años, en una cena de amigos, me hicieron una pregunta que, en aquel entonces hizo que soltara una carcajada porque me sonaba un poco absurda, pero que se quedó atrapada en mi subconsciente.

    Me preguntaron si era posible demandar a un servidor público (creo era un Alcalde, pero aclaro que no era el actual) para que un juez revisara si estaba afectado de sus facultades mentales.

    En pocas palabras, querían llevar a los tribunales a un alcalde para que un Juez Familiar lo declarara loquito, con todas las consecuencias legales que eso lleva.

    Por si se lo está preguntando, sí existe un procedimiento legal mediante el cual, un Juez Familiar puede declarar a cualquier persona incapacitada, si está afectada de sus facultades mentales.

    Se le conoce como “estado de interdicción” y obviamente hay que probar que a quien se quiere declarar incapaz, realmente padece de sus facultades mentales.

    Este tipo de procedimientos judiciales solo pueden ser iniciados por aquellas personas que tienen “interés jurídico” en que a alguien se le declare en estado de interdicción.

    Es decir, si yo no soy su pariente, ni tengo relación de negocios con usted, ni estoy dentro de las personas a quienes la ley les reconoce expresamente “interés jurídico” para hacer la solicitud correspondiente, no puedo ir por allí demandando a quien se me ocurra para que lo declaren incapaz.

    Ese era el problema que detecté cuando me hicieron la pregunta. Aún y cuando aquel Alcalde realmente estuviera loquito, ¿cómo iba un ciudadano a probar que tiene interés jurídico para hacer la solicitud correspondiente al Juez?

    La pregunta permaneció sin respuesta durante años, pero el subconsciente la revivió, gracias a que existen grandes ejemplos a nivel local y nacional de servidores públicos que, día tras día, se dan a la tarea de demostrarnos que están mal de la azotea.

    Como todos los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros servidores públicos, sobre todo los que llegan al cargo por elección popular, se conduzcan con honestidad, con eficacia y hagan bien su chamba, cada día estoy más convencido de que cualquiera de nosotros tenemos interés jurídico para solicitar a un Juez Familiar que revise si tenemos algún loquito en el poder.

    Sin duda el asunto será muy interesante, porque puede que el Juez Familiar admita la solicitud, reconociendo que cualquier ciudadano tiene interés jurídico en que se revise por los especialistas, si un servidor público debe ser declarado en estado de interdicción, por caer en alguna de las causas que para hacerlo señala el Código Familiar.

    Y si el Juez Familiar rechaza la solicitud, porque considere que los ciudadanos no tenemos interés jurídico, el asunto puede litigarse y llegar a la Suprema Corte.

    Imagínese usted que la Corte decida que sí, y ordene al Juez Familiar que admita la solicitud. Dotaría a la sociedad de una herramienta legal de gran utilidad que permitiría revisar si alguno de nuestros servidores públicos tiene problemas mentales, debe ser declarado incapaz y nombrarle un tutor.

    Obviamente que en ese caso el servidor público deberá ser retirado urgentemente de su cargo, por aquello de que la historia nos ha enseñado que no es nada bueno tener loquitos en el poder.

    Si le viene a la mente algún servidor público a quien valdría la pena revisarle el casco, y quiere presentar la solicitud correspondiente, ahí tiene una idea que puede llevar a la práctica. Lo peor que puede pasar es que el susodicho no esté loco, solo esté pendejo.

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