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PERIODISTA DESAPARECIDO
Condena CIDH desaparición
El organismo internacional solicitó a través de un comunicado la intervención de todos los niveles de Gobierno para que se haga la resolución de los casos
18/10/2014 | 00:00 AM
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de Atilano Román Tirado, activista y líder de los comuneros desplazados por la Presa Picachos, así como la desaparición de Antonio Gamboa Urías, periodista de Los Mochis. 

El organismo internacional solicitó a través de un comunicado la intervención de todos los niveles de Gobierno para que se haga la resolución de los casos, una vez que estos representan un atentado contra la libertad de expresión, el cual está penado mundialmente por tratados internacionales. 

La Comisión establece que en el caso de Román Tirado se debe actuar bajo la cautela de que el activista mantenía fuertes críticas hacia el Gobierno local, las cuales las expresaba a través de manifestaciones con compañeros comuneros, así como por su programa de radio "Así es mi tierra". 

En tanto al caso de Gamboa Urías, estableció que es necesario que no se descarte que el periodista pudo haber sido privado de su libertad por su trabajo periodístico, por lo que las autoridades deberán hacer una aclaratoria correspondiente. 

"La Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales", establece el comunicado. 

"Asimismo, considera esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del Gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección". 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que el Estado debe garantizar la protección de los familiares de las víctimas, puesto a que podría incurrirse en la violación de leyes mexicanas y tratados internacionales que establecen mecanismos suficientes para la justicia, protección y reparación de daños.

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