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La aprobación gubernamental Aldea 21

Vladimir Ramírez
21/06/2019 | 04:02 AM

vraldapa@gmail.com
@vraldapa



La percepción ciudadana sobre el desempeño de un gobierno es sin duda una importante información que, al menos por sentido común, debe interesarle a todo gobernante, puesto que todo ejercicio de gobierno va acompañado de juicios aprobatorios o reprobatorios por parte de la sociedad. Es decir, en ellos va el pulso de la opinión pública en relación a las políticas que aplica, de las acciones y programas o de sus actividades coyunturales específicas.


Para algunos estudiosos del tema, la aprobación hacia los gobiernos es la forma en que la población percibe las acciones y desempeño de un mandatario y de sus colaboradores, a través de sondeos programados sobre la opinión ciudadana. Es de suponerse que tal información es de vital importancia para todo gobernante puesto que brinda elementos para establecer criterios en las decisiones gubernamentales, lo que evita que se basen en ocurrencias o intuiciones que no siempre obedecen a la realidad que se vive y cómo es percibida por la sociedad.


Medir la aprobación constituye un instrumento muy necesario en las democracias como la mexicana, especialmente con la experiencia electoral del 2018; los gobiernos de Morena inevitablemente serán los más observados y serán evaluados con mayor rigurosidad por la opinión pública y los medios de comunicación.


Para algunos estrategas y analistas del poder, como Juan Rodolfo Rivera Pacheco, la medición de preferencias electorales es una metodología demoscópica muy empleada desde hace mucho, no miden propiamente la aceptación gubernamental, pero sí el grado de aceptación o rechazo de un gobierno, sobre todo cuando los electores anticipan que no volverán a votar por el partido en el gobierno por considerar que han tenido un mal desempeño.

Si bien han existido también estudios manipulados de opinión pública para engañar y suponer un cambio de percepción en la población a través de investigaciones por empresas y medios de comunicación que fabrican información falsa, las encuestas de evaluación gubernamental siguen siendo información vital y necesaria para conocer la opinión de la gente con respecto a la forma en la que están siendo gobernados. Existen en la actualidad una gran cantidad de metodologías al respecto, aunque en la mayoría de ellas se busca fundamentalmente información que revele los porcentajes de aprobación o desaprobación de las autoridades, las cuales pueden ser nacionales, estales o municipales.


Para el encuestólogo Rivera Pacheco, existen cinco maneras más comunes para medir la percepción de los ciudadanos sobre el desempeño de sus gobiernos:


La llamada encuesta “top of mind”, en la que se cuestiona al ciudadano sobre cuál es el principal problema en su comunidad.
La encuesta de calificación numérica o conceptual del gobernante, en la que se pregunta al ciudadano sobre qué calificación le otorga a su gobernante.


Sobre el nivel de confianza, encuesta que ofrezca el nivel de confianza que inspira el gobernante.


Encuesta de aprobación/desaprobación gubernamental, es una respuesta que ofrece información sobre si una sociedad está o no de acuerdo en la forma en la que se está gobernando.


De seguimiento de la evaluación gubernamental, que mide las calificaciones de un gobernante, las motivaciones ciudadanas que arrojan tales datos, la aprobación o desaprobación o la ubicación de los principales problemas o demandas sociales.


La información veraz de tales encuestas nunca ha sido del agrado de los gobernantes y sus gabinetes, pues expone a la opinión pública el resultado de lo que la población piensa y percibe del ejercicio de sus gobernantes.


Tal vez sería conveniente que desde alguna institución se pudiera establecer cierta metodología para aplicar encuestas que nos permitan obtener la opinión ciudadana, como parte de una práctica de autoevaluación comprehensiva que otorgue a la opinión ciudadana, un lugar específico en el replanteamiento de su política gubernamental, es decir instrumentar un verdadero ejercicio de democracia participativa,  quizá desde el propio Congreso del Estado, más allá del tímido y casi inútil esfuerzo que se realiza desde la Auditoría Superior del Estado, al auditar el desempeño de los entes públicos o en los ayuntamientos a través de los Cabildos, entendiendo estos órganos como representantes de los intereses de la ciudadanía.


Hasta aquí mi opinión, los espero en este espacio el próximo martes.

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