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De la estrategia bilateral a la comunidad DESDE LA CALLE

Iliana del Rocío Padilla Reyes
16/11/2019 | 04:00 AM

iliana_pr@hotmail.com

 

La estrategia global para el control de las drogas, centrada en la oferta y de corte conservadora, ha direccionado políticas restrictivas en los países productores desde principios del Siglo 20 hasta nuestros días. Los gobiernos mexicanos, además, en reacción a las estrategias de cooperación bilateral con los Estados Unidos, uno de los principales mercados de consumo de las drogas, han orientado el discurso y las medidas oficiales hacia reprimir la producción y el tráfico de drogas, así como en contender a quienes participan en esta actividad.

Como parte de esas reacciones ante las demandas internacionales y de los Estados Unidos por combatir al narcotráfico desde las décadas de los 70 y 80y hasta nuestros días, y por la violencia que generan por sí mismos los mercados ilegales, el Gobierno mexicano ha transitado entre convenir, dominar y contener a los grupos de la delincuencia trasnacional en su territorio. El fortalecimiento, fragmentación y expansión de las organizaciones dedicadas a la producción y tráfico, en un pujante mercado de las drogas que se ha posibilitado en México ante la debilidad institucional y un contexto donde ya convergían otras violencias, ha propiciado un mayor deterioro del estado del orden, coacción y colusión de las instituciones federales, pero sobre todo de las instituciones locales, generando importantes costos para la seguridad y la estabilidad social.

Durante este año, en diversas ocasiones, López Obrador ha llamado a redireccionar la política bilateral de atención al narcotráfico, buscando que los Estados Unidos reconozca además su participación en cuanto al consumo, pero sobre todo respecto al tráfico de armas. El Presidente también ha llamado a reenfocar las medidas de la Iniciativa Mérida, que, como se ha identificado a través de diversos diagnósticos, las estrategias se han concentrado primordialmente en combatir a los grupos delincuenciales y en intentos por “afectar su capacidad operativa” (pilar 1) y muy poco en la capacidad para mantener el Estado de derecho (pilar 2) y en construir comunidades fuertes y resilientes (pilar 4).

El jueves negro, del cual no podemos dejar de escribir, hablar y reflexionar, nos recordó que los municipios y las comunidades tienen un rol clave en la atención del conflicto. Mientras los gobiernos locales no cuenten con capacidades financieras e institucionales para construir “comunidades fuertes…” en ciudades como Culiacán, se seguirán generando espacios donde los mercados ilegales tengan oportunidades para integrar a otros a sus estructuras y corromper y/o coaccionar a las autoridades.
Los municipios carecen en su mayoría de recursos, y muchos además de capacidades institucionales para poder aprovecharlos. Son dependientes de las aportaciones federales puesto que no han sabido y no se han atrevido a modernizar sus procesos de recaudación y siguen operando bajo esquemas similares a los de países africanos, cuando muchas ciudades en América Latina, entre ellas las colombianas, han dado ejemplos de que las localidades se pueden capitalizar con base en los propios recursos que generan las ciudades. Y para muestra, este fin de semana el Presidente Municipal de Culiacán anunció que tendría una reunión con el Secretario de Seguridad Pública en la que le pediría 200 policías para atender los problemas de seguridad, pero, además, reconoció que tendrían problemas para pagar sus sueldos y capacitarlos.

Y hablando de las ciudades colombianas, bien vale la pena recordar a Medellín, el reconocimiento que han hecho algunos personajes como Sergio Fajardo de que, más allá de las estrategias belicistas del Plan Colombia, lo que ayudó a que la ciudad avanzara en un camino hacia la paz fueron las medidas de construcción endógena, “gracias al sacrificio y esfuerzo de personas y organizaciones que enfrentaron lo peor”. Aunque algunos han planteado que las causas de la reducción de los homicidios están en la restructuración de los acuerdos entre los grupos delincuenciales, muchos identifican las obras y programas sociales que dieron otra vida y otra imagen a la ciudad, y que ha hecho que ahora vendan caras sus recomendaciones alrededor del mundo.
¿De dónde salió la plata y cómo se organizaron para los parques biblioteca, para las becas, para los programas de vivienda, para financiar agencias anticorrupción…? Son preguntas que los municipios mexicanos deberían hacer.

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