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"Opinión"

"Ética y política en Sinaloa"

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    ‘...la legitimidad del gobierno no puede sustentarse solo en la prerrogativa de ley, o en el olfato político, sino en todo aquello que dé mínimas garantías de que se está haciendo lo correcto, lo decente...”
     
     
     
    El fin de semana pasado publiqué sendos artículos en el diario Noroeste y el semanario Ríodoce que tienen que ver con dos personajes que han aparecido sorpresivamente en el escenario de la vida pública sinaloense: El nuevo Secretario de Educación del estado Juan Alfonso Mejía López y el recién designado, secretario general del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo.
     
    Ambos textos despertaron interés y muchos de los lectores se manifestaron compartiendo, aplaudiendo o criticando especialmente a Mejía López. Y es que el procedimiento de acceso al poder cuenta, y cuenta mucho, mientras a este lo designó el dedo indiscutible del Gobernador Quirino Ordaz; a Ríos Rojo lo votaron por unanimidad todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo. 
     
    Una sintonía perfecta que no se esperaba conociendo la trayectoria y militancia del ya ungido secretario general y eso indica que los tiempos están cambiando. Que cuando hay un buen candidato, la unanimidad que legitima puede ocurrir, por encima de las diferencias y cálculos políticos. 
     
    ¿Qué hay detrás de esa diferencia de ungimiento en un cargo no electo sino por designación? El Gobernador, como ha defendido las otras designaciones cuestionables, acude al argumento de las prerrogativas de ley que le son propias, entre ellas, sustituir en su gabinete y otro poco sustentable, como es el de la pluralidad política como si este estuviera por encima de la necesaria eficacia y  eficiencia, y que en automático soslaya las trayectorias políticas o profesionales; en tanto, la diversidad de la representación legislativa, incluida la del partido del Gobernador, coincide en que el morenista Ríos Rojo es el más idóneo para esa responsabilidad legislativa.
     
    No se sabe que haya habido una terna de donde salió el designado y menos producto de una aplastante mayoría Morena-PT-PES, sino simplemente se votó a favor como un reconocimiento a una trayectoria política, una conducta congruente, siempre en la izquierda democrática, ya veremos si eso se traduce en eficacia y eficiencia en las labores propias de un secretario general legislativo; no obstante, la unanimidad entraña también el reconocimiento de un valor depreciado que es la ética en la política pues le subsume a esta decisión.
     
    Sé que hablar de congruencia y ética política en estos tiempos de pragmatismo desaforado, llama inmediatamente a la sonrisa socarrona y al señalamiento duro de ingenuo, y es que para muchos anclados en el pragmatismo renovado, es como si se hablara de moral al estilo que lo hacía el legendario potosino Gonzalo N. Santos: quien la definía como el “árbol que da moras”, qué la ética no es útil para el ejercicio político, dónde impera la ley de la selva.
     
    Sin embargo, que el ungimiento de Ríos Rojo haya sucedido en un entorno multipartidista es más que un triunfo político de Morena, un triunfo cultural de todos, que ojalá sea el primero de muchos, y es que cuando hay consenso en torno a un valor democrático, ganamos como sociedad, legitima la acción de gobierno, estimula la confianza pública.
     
    Y eso, con todas las reservas del caso, no ocurre con las designaciones del Gobernador, que da la idea de que toma las decisiones en clave política y amistosa, antes que la que presupone eficacia y eficiencia; extraño en un Gobernador empresario, y es que no me imagino a Quirino que en uno de sus negocios ponga como administrador a un vecino con el que se lleva bien, con el que se da los buenos días, y hasta comparte familiarmente el grill los domingos; sino buscara a quien le optimice la inversión y le genere mayores ganancias cada mes, así nunca lo invite a su casa. Bueno, el Gobernador entonces, funciona al revés cuando hace política.
     
    Es la lógica de la empresa, pero también debería ser en cierta forma la de la política, lo público exige que se optimice el recurso escaso en un entorno de demandas sociales crecientes, y cada vez más complejas, donde hay muchos pobres y ahora damnificados que se les ofende entregándoles colchones usados, sangrantes, no se puede poner por ejemplo en el cargo de la SEPyC a alguien que notoriamente no ha  cumplido con su contrato con la UAS y trae credenciales y discurso contrario a la filosofía de la administración que llegará el 1 de diciembre porque simple y llanamente no es una buena decisión, lo correcto es una apuesta por la sintonía y eso amerita quien tienda puentes, no quien los cierre o los obstruya.
     
    Salvo, claro, que se tenga información clasificada (off the record), y ésta oriente en el sentido de oportunidad en que el Gobernador está decidiendo los relevos pues, como lo han dicho algunos de sus críticos, quita a los que saben para poner a los que no saben, políticos derrotados y mil usos, eso no puede tener buenos resultados para la sociedad sinaloense, sino por el contrario, empeñará las cosas buenas que tiene este gobierno. 
     
    Quizá, esa irracionalidad política, explique la renuncia de Enrique Villa, como él confió a sus amigos, y el malestar que se extiende entre quienes iniciaron el gobierno y que no saben cuando se tendrán que bajarse del barco sexenal o mejor casi quinquenal.
     
    Entonces, la legitimidad del gobierno no puede sustentarse solo en la prerrogativa de ley, o en el olfato político, sino en todo aquello que dé mínimas garantías de que se está haciendo lo correcto, lo decente, tanto en el ejercicio de gobierno, como la pavimentación de un futuro más promisorio para su partido o de su grupo político, el 21 está a la vuelta, en dos años estaremos en la antesala de la próxima elección de gobernador y es la prueba de fuego para todos los actores políticos. Se quedarán los que hayan hecho bien las cosas y se irán los que lo hicieron mal. 
     
    En definitiva, la coyuntura nos enseña que los relevos en un gobierno presidencialista pueden ser por dedazo, animosidad, afectos o compromisos, pero eso no legitima per se, en el mejor de los casos, asume que es una prerrogativa del titular del Ejecutivo estatal y la ejerce sin titubeos, pero otra cosa es el consenso social y político, que la gente perciba que las decisiones que toma el Gobernador para hacer cambios en el gabinete son los que necesita el estado, y eso es relativamente fácil de medir, a meses de haber designado funcionarios de su gobiernos a los priistas derrotados, pregunto, cuál es el rendimiento en sus áreas de encargo. Más allá, de unas fotos en las páginas interiores de los diarios o semanarios, y no siempre con las mejores noticias, no hay más.
     
    Y, la pregunta es, ¿con ellos Quirino con quienes irá hasta el final de su gobierno? 
     
    Al tiempo. 

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