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Claroscuros de la Reforma Educativa Kratos

Juan Alfonso Mejía López
05/05/2019 | 04:04 AM
El proceso de la reforma educativa aún no termina. De manera sorprendente, el grupo parlamentario de Morena no logró su aprobación en el Senado por escasos tres votos. Ahora regresa a la Cámara de Diputados, en donde había sido aprobada por 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones; quien funge como Cámara de origen intentará devolver la minuta a la Cámara revisora sin moverle “ni una coma” durante el periodo extraordinario de sesiones.
Mucho se ha hablado ya sobre el polémico artículo transitorio decimosexto que contrapone el Servicio de Carrera de las y los maestros, frente al posible riesgo de un sistema de carrera magisterial en donde se da prioridad a otro tipo de incentivos, entre ellos el escalafón (no concurso).
La polémica no es menor, dará lugar a debate. La redacción genera confusión y por lo tanto incertidumbre para todos aquellos que ven en el mérito la mejor manera de defender el derecho de las y los niños a aprender, el derecho a contar con los mejores maestros.
La perniciosa introducción del transitorio está centrada en la confrontación del artículo Tercero constitucional y el 123 apartado “B”. Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se puede leer en la iniciativa, “los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”.
Mientras para una de las visiones la redacción del artículo dice sí a los concursos, aunque desconocemos bajo qué formato -podría ser bajo la lógica de las comisiones mixtas-, para otros no hay ni siquiera materia de discusión.
Para estos últimos, la legislación secundaria del Sistema de Carrera que regulará los procesos de selección debe generarse en base a los principios constitucionales que la minuta de la Cámara de Diputados respalda, a saber: {que los concursos sean} públicos, transparentes, equitativos e imparciales, en el que considerarán conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje.
En medio de tanta confusión se ha omitido reconocer algunos puntos positivos a considerar en la iniciativa:
Primero, por primera vez en la historia de México, los titulares del derecho humano a aprender aparecer en el texto constitucional, me refiero a las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes.
Segundo, en caso de aprobarse, ahora existiría una visión mucho más integral sobre el derecho a la educación. No sólo se trataría de involucrar el estar en la escuela, el aprender en ella, sino también la participación como derecho humano. Este principio le otorga a la educación una perspectiva mucho más garantista y por lo tanto incluyente.
Tercero, es un logro el haber incluido en el texto constitucional la educación inicial (0-3) como obligatoria. Ahora el Estado no sólo reconoce e imparte, sino que también debe buscar en todo momento garantizarla.
Cuarta, la inclusión es considerada un principio legal de primer orden para regir la educación. El Estado reconoce la existencia de barreras, mismas que deben ser combatidas para conseguir las metas del aprendizaje y la participación. En este renglón se definen avances para la educación especial, migrantes e interculturales. Incluso, el gobierno en turno tiene 120 días para presentar un plan puntual en esta materia.
Aún quedan cosas por hacer de hecho, poco se ha dicho sobre la práctica docente en el aula. Como en el pasado, este tema seguirá dando de qué hablar. Por el momento, si bien es cierto que el diablo está en los detalles o bien, en las leyes secundarias, también es verdad que existen avances que no deben ser desdeñados y desafíos que aún no se agotan.
Estos son los claroscuros de lo que viene, porque falta la implementación y aún no abordamos la profundidad del diseño. Sigamos atentos.
Que así sea.

 

Twitter: @juanmejia_mzt
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