Este medio electrónico utiliza cookies para mostrar contenido personalizado y publicidad segmentada relacionada con sus preferencias. Si continúa en nuestro sitio o aplicaciones, entendemos que otorga y acepta plenamente que sus datos recabados serán utilizados mediante las disposiciones y términos de nuestro aviso de privacidad.
Suplementos
  • Novias
  • Gloss
  • Campo
  • Clave de Acceso
  • Tu Casa
  • Tu Salud
  • Tu Auto
  • Politicante
  • Mejor Educación

Fiscalizan a la UAS con las reglas de AMLO. Austeridad, transparencia y plazas de PTC OBSERVATORIO

Alejandro Sicairos
21/05/2019 | 04:00 AM

alexsicairos@hotmail.com

 

Apenas a 20 días de iniciado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de Sinaloa firmaron, el pasado 21 de diciembre, el convenio mediante el cual la dependencia federal le otorgó a la UAS 304 millones de pesos en recursos extraordinarios para que la casa de estudios solventara el déficit presupuestal de 2018, a cambio de ejercer ese recurso con austeridad y transparencia. 

Hoy, a cinco meses de que entró en vigor el acuerdo, condicionado a que la Universidad instrumentara un plan de racionalidad y rendición de cuentas, la Auditoría Superior de la Federación inicia la fiscalización profunda del correspondiente plan de ejecución poniendo bajo la lupa un punto específico: el reconocimiento de plazas de profesor de tiempo completo y de asignaturas, que este año deberá avanzar en un 50 por ciento. 

De acuerdo con informes que tienen en su poder la SEP y la ASF, existen quejas de los maestros que serían beneficiados con dicha medida y que no han sido incluidos en el programa de reconocimiento de plazas. De ahí deriva la sospecha de que, contrario al compromiso institucional, posiblemente se esté utilizando el dinero para privilegiar a profesores mediante el clientelismo político.

A los legisladores federales sinaloenses se les han hecho llegar documentos que denuncian la entrega de plazas académicas a personas que sin reunir los requisitos llegan a desplazar a profesores que sí tienen derechos y perfiles para ocuparlas. Los senadores y diputados han turnado el expediente a la Auditoría Mayor.   

La administración universitaria que preside Juan Eulogio Guerra Liera se comprometió en dicho convenio a solucionar el uso de plazas de tiempo completo para jubilados, a fin de que estas las ocupen académicos en servicio activos, con la meta de lograr el reconocimiento del 20 por ciento en 2018 y otro 30 por ciento en 2019. En los dos años siguientes estaría atendido el problema al 100 por ciento. 

El acuerdo es parte del plan de austeridad al que se comprometió Guerra Liera al recibir el recurso público que le entregó la SEP para salir de la situación que quiebra que la Universidad enfrentó al cierre del año pasado. Las acciones prometidas consisten también en optimizar la plantilla del personal administrativo sindicalizado, reducir la nómina de personal de confianza y por honorarios, eliminar pago de prestaciones que no tienen sustento presupuestal, implementar modificaciones al sistema de pensión y jubilación dinámica, disminuir adeudos del ISR y reducir la deuda con proveedores.

La ASF hará valer la cláusula del convenio de apoyo financiero a la UAS que establece que la casa de estudios facilitará la fiscalización de los recursos federales que reciba, así como presentará dentro de los primero cinco días hábiles de cada mes un informe relativo al ejercicio, destino y aplicación de estos recursos financieros extraordinarios.  

¿Qué profesores han sido incluidos en el reconocimiento de plazas para académicos de tiempo completo y/o asignatura? ¿Son los que tienen mayor mérito o quienes acceden a ese beneficio por tráfico de influencias o la prestación de servicios no académicos? ¿En qué escuelas se concreta y en cuáles se violenta el pacto que firmaron el Rector Guerra, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Subsecretario de Educación Superior  de la SEP, Francisco Luciano Concheiro?

Lo más grave es que si la UAS no demuestra el uso de los recursos conforme a lo establecido en el respectivo contrato, la SEP podrá requerirla para que reintegre el dinero junto con los rendimientos financieros obtenidos a la Tesorería de la Federación. Otro compromiso asumido por la casa rosalina consiste en elaborar y presentar al Consejo Universitario una propuesta de normas o disposiciones generales para una adecuada administración, ejercicio y rendición de los 304 millones de pesos, con apego al Sistema Nacional Anticorrupción.

Mucho ojo. La SEP tiene la instrucción del Presidente López Obrador de ser minuciosa en exceso con la fiscalización de los recursos públicos destinados a las universidades públicas. Se trata del primer clavado del nuevo régimen en lo hondo de la administración del Rector Guerra Liera y de aquí dependerá la relación futura entre AMLO y la UAS.

 

Reverso

Si fueras ave que nadara,

Tendrías, águila rosalina,

Las opciones del agua clara,

O la de la inmunda letrina.

 

Chivo pagado, chivo brincado

A finales de 2019 la UAS llegará con un déficit igual o mayor al de los mil 743 millones de pesos con que cerró en 2018, situación que le significará una camisa de fuerza al momento de negociar el subsidio federal para 2020. Para salir de ese hoyo financiero tendrá que aceptar la “ayuda” de la Cuarta Transformación y ello la obligará a ceñirse al programa de rescate de la educación superior en México que está por proponer el Presidente López Obrador. ¿O no?

También de este autor..

Oportunidades