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Toma de posesión BC, el arribo de un Gobernador desgastado OPINIÓN

Adela Navarro Bello
31/10/2019 | 04:02 AM

SinEmbargo.MX

 

El viernes 1 de noviembre a las 12:01 de la madrugada en el Congreso del Estado, tomará posesión del cargo de Gobernador constitucional de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; lo hará en medio de un gran desgaste, pues quien debía ser recordado por haber derrotado al Partido Acción Nacional después de encabezar la administración pública estatal por 30 años, en realidad es conocido por ser el único protagonista de la “Ley Bonilla”, con la cual pretende agenciarse tres años más de gobierno en lugar de los dos para los cuáles fue votado el 1 de junio de 2019.

El caso se encuentra a través de seis recursos -entre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales- en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Ministro ponente José Fernando Franco González Salas quien llegó al colegiado en 2006, tiene la experiencia de haber dictado resolución en el caso de Veracruz, en el cual en 2015 se pronunció contra la ampliación de mandato del ex Gobernador Miguel Ángel Yúnez Linares, quien había sido electo para dos años de gobierno (2016-2018). La argumentación del Ministro fue que la impugnación al periodo de dos años fue presentada a destiempo.

Que básicamente es el caso de Baja California, donde la reforma original al artículo 112 de la Constitución Política local para determinar un gobierno transitorio de dos años para empatar los procesos electorales estatales a los federales intermedios, se realizó en el año 2014. Durante cuatro años la ley no fue impugnada. Tampoco la objetaron a los días siguientes de publicada la convocatoria para la elección a Gobernador emitida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California.

La razón por la cual los de Morena no impugnaron entonces el cambio en la constitución bajacaliforniana, fue porque justo ese año, el 2014, el Instituto Nacional Electoral les concedió el registro como partido político. Tampoco lo hicieron durante los siguientes años, porque no estaba en el sentir de su hoy Gobernador electo ser candidato por dos años.

Efectivamente, Jaime Bonilla Valdez participó en la elección del 1 de julio de 2018 como candidato al senado de la República por Baja California, cargo al que solicitó licencia a cuatro días de haberlo juramentado para regresar al Estado 29 en calidad de superdelegado, posición en la que esperaba despachar los siguientes dos años, para en 2021 constituirse como candidato a Gobernador para un periodo de seis años.

Pero el plan de Jaime Bonilla cambió entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Por eso de manera tardía, intentaron modificar la convocatoria para establecer un periodo de cinco años -para empatar las elecciones estatales a las federales de 2024-, lo cual les fue aprobado en el judicial electoral local, pero rechazado -en tres ocasiones- en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluso el día de la celebración de la elección la convocatoria fue como en inició: por un periodo de dos años.

Con esos elementos, juristas, abogados, conocedores y analistas, estiman que la Corte fallará a favor de los dos años y declarará inconstitucional la modificación realizada a la Constitución de Baja California el 8 de julio de 2019 -36 días después de realizadas las elecciones- que amplió el mandato de dos a cinco años de gobierno y que fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 17 de octubre de 2019, 15 días antes de la toma de posesión.

En esas polémicas y desgastantes condiciones llega el Gobernador electo a su toma de posesión el 1 de noviembre. El Presidente de la República, quien se anticipa no presentará una acción de inconstitucionalidad por la ampliación de mandato en Baja California para no “influir” en la decisión que haya de tomar la Corte, ya anticipó que no vendrá a la toma de posesión de Bonilla Valdez, pero que sí lo hará su Secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero.

Hace unos días también Jaime Bonilla mostraba un distanciamiento del Presidente de la República, cuando en el programa Tragaluz de Milenio, declaró a pregunta expresa que ya no era cercano a Andrés Manuel López Obrador, que lo había sido, pero que ahora él era Presidente y él era Gobernador.

Acuerpado por un gabinete que concentra a una importante cantidad de ex priístas, y apadrinado de nueva cuenta por quien le abrió la puerta en los negocios con el gobierno en Baja California, el ex Gobernador y último priista en serlo, Xicoténcatl Leyva Mortera, al gobierno que encabezará Bonilla no se le aprecia la frescura o la representación del cambio político para la entidad.

Confiado al menos hasta hace unas semanas, en la coordinación extrema con el gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y los recursos que espera que una vez tomada la posesión empiecen a fluir, recibirá un estado prácticamente en bancarrota, con una deuda local que supera los 7 mil millones de pesos tan solo en recursos no suministrados a maestros, a la Universidad Autónoma de Baja California, al Poder Judicial y a órganos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, o el Electoral de Baja California, entre otros.

La de Baja California sería la primera elección estatal que correspondería a la administración federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador. No se esperaban sorpresas en el resultado electoral después que el propio mandatario nacional y fundador de Morena había avasallado un año atrás en el proceso electoral federal con 30 millones de votos a su favor. Por tanto, en Baja California se auguraba un triunfo para la entonces oposición de Morena en el estado Gobernador por el PAN, y ese hecho sería la cumbre de la historia política local: un partido de izquierda sacando al PAN del poder después de 30 años de gobierno.

Pero no, la polémica reforma para ampliar el mandato para el Gobernador electo, y los esfuerzos de este y de su equipo para conseguir en Tribunales Electorales lo que en la Ley ya no podían modificar, son elementos que le allegan un contexto de desgaste a un Gobernador incluso antes de tomar posesión, y cuyo periodo de gobierno además, lo definirá la Corte.

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