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Yo sí lo resuelvo Opinión

María Amparo Casar
24/01/2018 | 04:00 AM

amparocasar@gmail.com

 

A Jacqueline Peschard por su servicio en el Comité de Participación Ciudadana

 

 

Hasta el momento las precampañas han sido una decepción. En su mayoría plenas de descalificaciones al adversario, una que otra gracejada y prácticamente ayunas de propuestas.

 

El sábado pasado Líébano Saénz (El Mandato Imaginario, Milenio 20/01/2017) se refería a la retórica electoral de la que no pueden escapar los candidatos. Con gran exactitud argumenta que la demagogia electoral engaña y autoengaña, lleva a la simplificación de los problemas y de las respuestas a ellos y que la solución se limita a un “denme el poder, yo sí lo resuelvo”. Tiene mucha razón. Lo que nos piden los candidatos es un voto de confianza en un ambiente de absoluta desconfianza. Un acto de fe.

 

AMLO podrá resolver los problemas porque tiene la voluntad para ello; Anaya porque los partidos coaligados en el Frente han hecho un acto de autocrítica cuando no de contrición y porque a través de un gobierno de coalición que les dará la mayoría podrán hacer realidad un cambio de régimen. Meade por su experiencia, capacidad y trayectoria.

 

Tomemos uno solo de los problemas que más preocupa a los ciudadanos -la corrupción y la impunidad- para ejemplificar.

Todos los candidatos están obligados a tomar esta bandera. La ciudadanía pide a gritos un freno al abuso de los recursos públicos, al tráfico de influencias, al enriquecimiento ilícito, a la colusión de políticos y empresarios en los contratos y compras gubernamentales.

Ninguna de las tres coaliciones ni ninguno de los partidos que las conforman tienen credenciales que exhibir en términos de no haber llevado dinero ilegal a sus campañas o de no haber abusado del puesto cuando han llegado a él.

 

El que más el que menos ha sido recientemente multado por el INE por delitos electorales en 2012 o ha sido señalado por la Fepade en las elecciones a Gobernador por un sinnúmero de delitos.

 

El que más el que menos ha sido señalado por haber desviado recursos públicos durante su gestión. En el caso del PRI hay 11 gobernadores en la cárcel o perseguidos por la justicia. Los hay también del PAN (Padrés) y los ha habido del PRD (Narciso Agúndez). A nivel federal los escándalos de corrupción se han sucedido durante este sexenio (Odebrecht, 75 por ciento de contratos por adjudicación directa, la Estafa Maestra o la entrega de televisores comprados a sobreprecios escandalosos) pero también en el sexenio anterior (Estela de Luz, Fovissste, Walmart, fraude CFE). En el caso del PRD que lleva gobernando la ciudad desde 1997 estuvieron los segundos pisos cuando AMLO gobernaba, la Línea 12 del Metro, los escándalos de decenas de delegados por el otorgamiento ilegal de permisos de construcción, el tráfico con el agua en la delegación Ixtapalapa o la red de corrupción que condujo a la tragedia del News Divine, que le costó el cargo a F. Chiguil como Jefe Delegacional y que hoy compite de nuevo por la Gustavo A. Madero por Morena.

Diputados de todas las bancadas han sido acusados de la opacidad que reina en la partida de Asignaciones Presupuestales a los Grupos Parlamentarios y el que más el que menos ha sido tocado por la corrupción del llamado fondo moches.

 

AMLO ha tenido el monopolio del tema pero sobre todo el de la credibilidad en el discurso porque ha logrado colocar en el imaginario público una gran ficción: que él y su partido no han gobernado y que por tanto sus promesas no están manchadas por la incongruencia entre lo que se dice y se hace. Digo que es una ficción porque él mismo gobernó durante casi seis años la capital, porque el partido que él dirigió la ha gobernado desde 1997, porque hoy en día gobierna cinco delegaciones y porque muchos de sus candidatos a cargos de elección popular son figuras teñidas por la corrupción. Ahí está R. Martínez Vite presunto responsable de haber entregado miles de permisos a mototaxistas a la banda delictiva de El Ojos y hoy candidato a Tláhuac. Por si fuera poco, en el ranking nacional de la corrupción la CDMX ocupa el primer lugar en percepción de la corrupción con 95.1 por ciento de la población que considera que las prácticas de corrupción en su entidad son frecuentes o muy frecuentes (Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental, INEGI, 2015). Por encima de la media nacional que ya de por sí es vergonzosa: 88.8 por ciento.

 

Las bancadas de estos candidatos tampoco se han destacado por, al menos, haberse comprometido con las iniciativas de ley anticorrupción y anti-impunidad que siguen en el Congreso esperando su aprobación: la Fiscalía General, los nombramientos para completar el SNA, la Ley de Adquisiciones o la Ley de Propaganda Gubernamental. Como afirmó hace unos días la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jacqueline Peschard, no le hemos hecho ni un rasguño a la corrupción. O sea, en la hoja de balance de la corrupción y la impunidad, es poco lo que pueden vender los candidatos y sus partidos. 

 

 

Regreso a Liébano Saénz. Su conclusión es desoladora: “el problema no solo es la sobresimplificación, dice, sino que se crea y se recrea una ciudadanía pasiva a la que solo le toca confiar y esperar”. También tiene razón, aunque el trabajo y las propuestas hechas por académicos y organizaciones de la sociedad podrían alterar la situación si los candidatos las tomaran en cuenta.

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