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Acoso, redes y leyes Opinión

Pablo Ayala Enríquez
07/04/2019 | 04:04 AM
A quienes han sido víctima
 
Martha Lamas abre su libro “Acoso. ¿Denuncia legítima o victimización?”, con una-idea-que-no-tiene-desperdicio: “No existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Hoy esa idea, que moviliza a millones de mujeres, es ¡basta de acoso!”.
Y en un país como el nuestro, donde el machismo se ha normalizado tanto, decirle basta al acoso pasa de ser una idea de nuestro tiempo, a convertirse en un impostergable imperativo que el entramado legal e institucional debe atender con toda urgencia.
 
Aun y cuando Lamas echa mano, no solo de su larga trayectoria como defensora de los derechos de la mujer, sino de una sólida bibliografía y datos duros para sustentar sus ideas, no logra escapar de la controversia, debido a que parte de su reflexión en torno al acoso, toma como punto de partida la influencia que tiene en nuestras relaciones cotidianas, la cultura machista, invitándonos a “discriminar entre groserías, mala educación o vulgaridad, de lo que son las acciones de hostigamiento, acoso y agresión”. 
 
Sobra decir que tal acotación ha incomodado mucho al sector más radical del movimiento feminista, porque el discurso de Lamas, dicen, deja escapar el tufo hediondo de una perorata machista que pretende autojustificarse al no dar por válido que la violencia de género y el acoso se expresan a través de muchos registros: bromas, albures, comentarios inocentes, proverbios sapienciales, prácticas de pareja, familiares y laborales, donde se aprecia una clara dominación del hombre-macho sobre la mujer. Para muchas feministas radicales mexicanas, la indagación antropológica de Martha Lamas pierde fuerza y sentido porque se vuelve parte de un discurso que, directa o indirectamente, re-victimiza a quienes han sido víctimas de la violencia de género y, muy específicamente, del acoso.
 
Traigo toda esta historia a cuento, debido a algunas reacciones que generó un artículo que publiqué esta semana en Milenio, donde expuse algunos de los claroscuros de la red de denuncia “Me Too”. Sobra decir que esta vez no pretendo, porque no puedo, abordar todas las aristas y controversias que hay en torno a la discusión sobre el acoso en México. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es esbozar lo que en un futuro podría ser una discusión algo más elaborada sobre la necesidad de contar con un sistema jurídico más claro y robusto que: garantice la no re-victimización de las mujeres acosadas, no contribuya a la generación de nuevas injusticias y desactive algunos de los mecanismos que mantienen en marcha un discurso poco fecundo sobre el acoso. Tomaré como punto de partida el suicidio de Armando Vega Gil (el “Cucurrucucú”), fundador del grupo de rock Botellita de Jerez, para ilustrar lo que digo. Valga, pues, el intento.
 
En 2005, una adolescente de 13 años, fan de Botellita de Jerez, acompañada de un grupo de amigas, hizo un par de visitas a la casa de Armando Vega Gil en plan, por decirlo de alguna manera, de amistad. Lo que comenzó siendo una oportunidad extraordinaria para una fan, luego se convirtió en una profunda repulsión, debido a que, aparentemente, el Cucurrucucú, comenzó a acosar sexualmente por teléfono a su jovencita admiradora. La progresiva comprensión del hecho, al paso de los años, condujo a la hoy joven de 27 años a denunciar la situación en la red #MeTooMusicosMexicanos.
 
Como lo señalé en Milenio, “Después de afirmar, categóricamente, la falsedad de la acusación hecha por quien le denunció, Vega Gil reconoció el valor del derecho inalienable a la denuncia, ya que éste permite que ‘las mujeres alcen la voz para que este mundo podrido cambie. [...] pues las mujeres, aplastadas por el miedo y la amenaza son las principales víctimas de nuestro mundo’. No tengo elementos para asegurar que el suicidio de Vega Gil, como él mismo dijo, no debe entenderse como ‘una confesión de culpabilidad [...] sino [como] una radical declaración de inocencia’. Mucho menos tengo elementos para afirmar que con su irremediable decisión, haya podido ‘dejar limpio el camino que transite’ su hijo en el futuro, porque ahora lo deberá caminar en la orfandad”.
 
Mucho se ha dicho que la decisión de Vega Gil fue sólo de él, y que no debería atribuirse ninguna culpa a la denuncia anónima de la chica. Personalmente considero que una denuncia anónima tiene un lado luminoso y otro oscuro. Cuando no existen las condiciones legales e institucionales que protejan a una mujer al momento de hacer una denuncia, resulta tan absurdo como cruel obligarle a verse la cara con quien la violentó. Su vulnerabilidad, puesta de nuevo al descubierto, la coloca otra vez como una presa fácil. Por eso, si no existen los mecanismos que aseguren la no re-victimización, el anonimato, parece, seguirá siendo una alternativa factible en ciertos casos.
 
Sin embargo, esta vía tiene un lado menos claro, cuando de lo que se trata es de hacer justicia. Algunas cifras de la ONU hacen referencia a estudios donde el 97 por ciento de las denuncias anónimas no se valen de la mentira al momento de delatar a un agresor.
 
Frente a un porcentaje tan alto, son muchos los que defienden que una acusación anónima es tan válida como la que se hace ante un juez aportando pruebas. En lo particular, creo que, si no existen las condiciones de seguridad necesarias para prescindir del anonimato, éste debe de permanecer, siempre y cuando se aporten las pruebas de las que se disponga, entregándolas a través de testigos o familiares cercanos a la víctima que sí estén dispuestos a hablar y encarar al agresor. 
 
Con relación al tema de las redes, considero que deben existir reglas jurídicamente-mucho-más-claras, respecto a qué se puede y qué no se puede hacer en las redes al momento de denunciar a una persona. Al día de hoy, suman más los vacíos que las certezas. Como lo dije en Milenio, al “no tener reglas y responsabilidades claras, las redes se vuelven juez y parte. En su violenta, ponzoñosa y fulminante viralidad, incluso, hasta quien no es culpable puede ser su víctima”. Probablemente nunca sabremos si el Cucurrucucú, en realidad, hizo lo que negó antes de quitarse la vida. Lo único cierto es que ya no vive para confirmarlo, dejando así inconcluso el círculo de la justicia.
 
Dando una mayor robustez jurídica a la serie de derechos y obligaciones que se adquieren cuando alguien denuncia a otro a través de las redes, probablemente ese tres por ciento de denuncias falsas, que en sí mismas serían una nueva injusticia, podría reducirse a cero. ¿Urge dicha “legislación”? ¡Muchísimo! La cantidad de casos individuales, como dice Celia Amorós, han hecho que el tema de la violencia de género pasara de la anécdota individual a la categoría conceptual y, con esta, a la generación de esa serie de políticas y leyes que puedan poner un freno al creciente número de feminicidios, la constante violencia intrafamiliar, el acoso laboral, las violaciones en bares, el comercio sexual y la trata. 
 
Enfrentar las aristas de un fenómeno socialmente naturalizado, visibilizado gracias al enorme esfuerzo y trabajo realizado por muchas feministas de distinto cuño, exige un nuevo registro jurídico, institucional y social. Este discurso, que estará cruzado por un sinnúmero de subjetividades, para verdaderamente ser renovado, deberá: alejarse de la doble moral sexual, igualar lo socialmente permitido para hombres y mujeres, distanciarse de cualquier lógica machista, prescindir del victimismo y, entre otras muchas cosas más, evitar el exceso de restricciones en la convivencia cotidiana.
 
Este nuevo discurso, probablemente, nos permitirá, una vez más, pararnos frente al espejo con la tranquilidad de que, directa o indirectamente, esa persona que vemos está lejos, muy lejos, de la podredumbre que rodea a las muchas formas en que encarna el acoso en México.
 

 

pabloayala2070@gmail.com 
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