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Las redes sociales y la libertad de expresión en la 4t Opinión

Ana Cristina Ruelas
08/05/2019 | 04:03 AM
La tecnología nos ha brindado nuevas y múltiples oportunidades para expresarnos y hacernos de más información, pero a medida que surgen formas de expresarse aparecen otros mecanismos de silenciamiento, de censura y ocultamiento.
 
Actualmente, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad es que un reducido número de grandes empresas de tecnología y redes sociales -la mayoría ubicadas en EUA- continúan dominando las comunicaciones entre las personas, sin que haya mecanismos de transparencia, debido proceso y rendición de cuentas.
 
No obstante, como señalamos desde ARTICLE 19 en el informe Ante el Silencio, ni borrón ni cuenta nueva, a nivel mundial y nacional, las redes sociales y las tecnologías han fungido como un potenciador de movimientos históricos que a su vez se han convertido en una oposición real al poder. El movimiento #MeToo, por ejemplo, puso la atención mundial en la violencia y desigualdad a la que nos enfrentamos las mujeres, así como la necesidad de cambios globales para erradicar la discriminación. Con esta protesta, las redes sociales rompieron las barreras del nacionalismo y lograron hacer de nuestra voz una denuncia común a nivel global.
 
En este sentido, en su discurso de victoria, Andrés Manuel López Obrador dio las gracias a “las benditas redes sociales”, reconociendo así que éstas pueden ser vehículos para generar contranarrativas a aquellas difundidas por los medios “amigos” del gobierno. Recientemente, el 3 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión, repitió que las redes sociales fueron clave en la transformación pública del país y que la crítica -o lo que él llama “excesos”-, es mejor que la censura y por lo tanto, que la responsabilidad de las empresas intermediarias -como Twitter, Facebook y Google- es apegarse a la ética a fin de eliminar “las redes ficticias o implementadas con robots con cuentas falsas para agredir a opositores”.
 
Las palabras del Presidente muestran un profundo respeto a las redes sociales -muy por encima del que deja ver hacia el periodismo y los medios de comunicación, que desde su punto de vista han “comercializado la libertad de expresión”-. Por esto, habría que reconocer que las premisas de las cuales parte el Presidente en esta ocasión, debieran ser las mismas para los generadores de información (periodistas y medios de comunicación) que para sus intermediarios (las plataformas digitales) pues es cierto que son mejores “los excesos” o el discurso crítico, ofensivo, y perturbador, que la censura; y también lo es, que el campo de la ética le toca a los medios de comunicación y a las empresas intermediarias, no al Estado o a las leyes.
 
Así es, hay que reconocer que la diferencia entre los medios de comunicación y las redes sociales radica en la libertad con la que operan, de ahí el calificativo “benditas”; porque hasta hoy las redes permiten identificar lo que somos, lo bueno y lo solidario; lo malo y lo perverso. La libertad que hoy experimentamos en Internet debe trasladarse a los medios de comunicación y no viceversa. Las plataformas digitales no pueden condicionar su actuar a lo que decida el poder a través de la cooptación a base de regulación, de dinero público o a través de la violencia.
 
Esto no quita que como los Estados, las plataformas digitales tiene un rol preponderante para mantener una Internet libre, abierta y global que permita el ejercicio pleno de derechos. En particular, asumiendo un compromiso activo con el respeto y promoción de la libertad de expresión que garantice el flujo de información, y generando políticas internas con mayores niveles de transparencia sobre su funcionamiento y de los mecanismos que implementan para la moderación de contenidos. Si bien el Estado tiene el deber de garantizar los derechos humanos, las empresas tecnológicas y de redes sociales, también son responsables del respeto de esos derechos.
 

 

Es cierto, Internet ha sido una herramienta para la participación en la vida socio-política del país en tanto nos permite expresarnos e informarnos. De ahí la relevancia de proteger un derecho de acceso a Internet sin discrimación que se traduzca en la participación y ejercicio de derechos en el espacio cívico digital, construya discusiones públicas plurales, contraste narrativas y habilite el empoderamiento, la asociación y la movilización sin restricciones ilegítimas.
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