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Organismos autónomos y OSC: contrapesos reales al poder Opinión

Luis Daniel Rodríguez López
03/07/2019 | 04:05 AM

@angelleyva21 @Mexicanos1oSin
www.mexicanosprimerosinaloa.org

Existe suficiente evidencia sobre los impactos positivos que generan los servicios de cuidado infantil y educación inicial de calidad en la niñez durante los primeros años de vida. Múltiples estudios nacionales e internacionales sustentan lo imprescindibles que son para garantizar el desarrollo integral de la primera infancia. 

Así lo consideró también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus recomendaciones emitidas el pasado 10 de junio dirigidas hacia la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en donde se determinó que la reducción al presupuesto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras es una medida regresiva y, además, atenta contra los derechos de niñas, niños, madres, padres, responsables y trabajadoras de las estancias.

Sin embargo, autoridades del Poder Ejecutivo no sólo rechazaron dichas recomendaciones, sino que también denostaron el trabajo de un organismo autónomo encargado de proteger y hacer valer los derechos humanos de las personas, cuando éstos son violentados por parte de cualquier autoridad o servidor público.

Con esta medida, se incumplen con los preceptos de la Carta Magna, donde recientemente, con la nueva reforma al tercero constitucional, se reconoce a la educación inicial como un derecho de las y los niños. Asimismo, el Artículo 4 dispone que el Estado, en todas sus decisiones y actuaciones, deberá velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Ante esta situación, el pasado 30 de junio, más de 500 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hicieron un llamado al gobierno mexicano a “reconsiderar las recomendaciones de la CNDH y establecer las acciones necesarias para garantizar la protección y derechos a mujeres, y niñas y niños de primera infancia para recibir cuidados de calidad y educación inicial”. 

Los argumentos de este colectivo de OSC son irrefutables: en México, menos del 15 por ciento de los infantes de 0 a 3 años de edad tienen acceso a servicios de educación inicial, lo que evidencia la deuda histórica que se tiene con los más pequeños.

De igual forma, esta decisión implica el riesgo de que los beneficiarios de este programa puedan quedar fuera de servicios de cuidado infantil y educación inicial, exponiéndolos a situaciones desfavorables donde se no garantiza su seguridad, bienestar y desarrollo integral, sobre todo de quienes viven en condiciones de pobreza y marginación. 

Por ello, exhortan a que se cree, de forma participativa, “una Política y Sistema Integral de Cuidados y Educación Inicial” que priorice a quienes se encuentren en mayores condiciones de exclusión y promueva equitativamente el desarrollo integral de la primera infancia para todas las niñas y niños de México.

Una vez más, la sociedad civil organizada ha unido esfuerzos para poner en la agenda pública un tema de gran relevancia social y fungir como un contrapeso verdadero al poder. Ejercicios como este son fundamentales en los Estados democráticos, donde todas las voces deben ser escuchadas y tomadas en cuenta y así fortalecer la gobernanza. Ahora corresponderá al Gobierno federal recapacitar y respetar las recomendaciones de la CNDH. 

Los derechos humanos no son negociables. Por lo tanto, es inconcebible anteponer una política que atenta contra la progresividad de estos mismos, pues más allá de beneficiar a quienes viven en contextos de marginación, se profundizan las ya muy marcadas brechas de desigualdad de nuestra sociedad.

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