"Al baúl de los recuerdos"

Algunos activistas habían señalado la necesidad de eliminar la carta de no antecedentes penales como requisito para obtener un empleo porque la consideran discriminatoria y que frena la reinserción social de quienes cometieron una falta o delito, pero que ya pagaron por ello.

El tema por fin ya llegó al Congreso local, de manos de la bancada del PRI, que presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Al tratarse de un asunto de jurisdicción federal, el proyecto deberá remitirse al Congreso de la Unión.

Elva Margarita Inzunza Valenzuela, presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, advierte que este requisito es violatorio de los derechos humanos.

Para la Diputada, la exigencia de la carta de no antecedentes penales puede estar generando prácticas de no respeto de los derechos humanos de las personas que buscan empleo, con mayor razón de aquellos que buscan su reinserción social.

Quizás genere polémica el tema, pero el exigir este documento es violatorio de los derechos humanos. Muchos dirán que los empresarios tienen que blindarse y cuidar el personal que entrará a sus empresas, pero frenan los empleos para la gente que ya pagó sus penas.

Sería un avance, porque este documento de marras ya se ha convertido una verdadera práctica del pasado, que además orilla a muchas personas a permanecer en el mundo de la ilegalidad.


Golpeadas por la violencia

No queremos ser aguafiestas, ante el optimismo de las autoridades estatales, pero una encuesta de la Centro Empresarial de Sinaloa reveló que en el último año la violencia contra las empresas de la entidad se ha “disparado”. 

Un 72.1 por ciento de negocios afiliados a la Coparmex asegura haber sido víctima de algún delito en el último año, indican los datos con corte a marzo de 2019.

Y por si fuera poco, se trata del porcentaje más alto registrado desde febrero de 2018 en que se realizan estas mediciones, bajo el periodo de gobierno de  Quirino Ordaz Coppel y además rebasa el promedio nacional, ya que según la encuesta nacional, el promedio es de 66.9 por ciento.

Sinaloa se ubica, según los resultados de esta encuesta entre las 10 entidades del país con mayores problemas de este tipo, después de Oaxaca, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Baja California, Zacatecas, Edomex y Puebla.

La encuesta mide el porcentaje de empresas de Coparmex que han sido víctimas del delito en el último año.

El indicador proporciona una medida del grado de criminalidad al que están expuestas las empresas para operar, además de un entorno económico que no ayuda. 

 

Con la información de este tipo de encuestas es posible identificar situaciones de riesgo con prontitud y diseñar estrategias a fin de poder evitarlas.


Y sigue la violencia

En esta semana que recién acaba, y que comprende de los días 20 al 26 de este mes, en Sinaloa se tuvo el registro, según archivos periodísticos y de la Fiscalía General del Estado, que en cinco municipios ocurrieron 27 homicidios. 

Sumando en el mes 85 decesos y durante el año va la cifra de 420 y en total durante la administración de  Quirino Ordaz Coppel la cantidad de 3 mil 108.

Del total de los 27 homicidios ocurridos en cinco municipios se tiene el registro de que en el municipio de Culiacán sucedieron 14 decesos, en Mazatlán ocho, Ahome tres, El Fuerte y Guasave con uno respectivamente.

Y aunque nos digan que los números van a la baja, la verdad es que la violencia no deja de lastimar a las familias sinaloenses.


Investigaciones
que no avanzan

Y en Ahome llueven los problemas. El viernes pasado se reveló que en la Dirección de Investigación del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento hay 190 expedientes vigentes.
El Contralor  Pavel Castro Félix informó que los expedientes corresponden a hechos sucedidos de la administración 2014-2016 hasta la actual, o sea, la justicia viaja lentamente.
Dijo que estos expedientes datan de diferentes administraciones. 

Los expedientes de investigación son resultado de observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, así como de denuncias hechas ante la Secretaría de la Función Pública o en la Secretaría de Transparencia de Gobierno del Estado, o como resultado de auditorías internas y también hay denuncias ciudadanas.

El Alcalde  Manuel Guillermo Chapman ha denunciado públicamente algunas supuestas irregularidades registradas durante las dos administraciones anteriores y se ha comprometido a presentar las denuncias ante las instancias correspondientes cuando el Órgano Interno de Control concluya las investigaciones.

Pues sí, son de 2014 al paso que van llegarán al 2024 sin que se vea claro, además súmele los procesos que se acumulen.

¿Será tan difícil aclarar estas irregularidades?


El valor de la 
democracia

La idea de que los regidores sean elegidos directamente por el votante, y no en una planilla encabezada por un candidato a Alcalde, no es nueva.

Desde hace años ha sido una demanda de parte de la población y por fin ahora llega con cierta seriedad al Congreso local.

El otrora poderoso PRI la bateó siempre que pudo, simplemente porque no comulgaba con su estrategia de carro completo y regidores en bloque que levantaban el dedo.

La idea es que la población pueda elegir a personas y no a grupos, un fortalecimiento de la democracia.

Pero la idea también tiene sus asegunes, imagine usted a un Cabildo totalmente dividido que se niegue a apoyar las decisiones de un Alcalde.

Terminaríamos con Ayuntamientos paralizados, donde cada quien jalara para su lado. En todo caso tendríamos que reformar todo el sistema, para que los regidores negociaran por grupo para imponer un alcalde con apoyo de la mayoría, un pequeño parlamento, pues.

Veremos hasta dónde nos lleva esta no tan nueva propuesta.