"Ana y la exclusión social en Mazatlán"

Esta semana tuve la oportunidad de acompañar a mujeres de Mazatlán que buscan a sus hijos desaparecidos. En labores de campo, nos desplazamos por diferentes espacios, sobre todo por las periferias. Hicimos un reconocimiento de varios lugares buscando fosas clandestinas y otros puntos donde se podrían enterrar o tirar cadáveres.

 

“Ana”, una de las buscadoras, es una madre como muchas otras en Sinaloa que se preocupa por su familia y por su entorno. La violencia se llevó a su hijo hace dos años, y desde entonces se ha involucrado mucho más en actividades políticas; se siente más atenta y preocupada por las acciones públicas, y demanda información. La desesperación por encontrar a su hijo la transformó: antes era una ama de casa discreta, ahora es una activista observadora que camina por la ciudad buscando rastros. Ha adquirido conocimiento empírico del lugar. 

 

Al transitar por la zona donde se encuentra el Centro de Usos Múltiples, cercano al Club de Golf de la Marina, Ana molesta exclamó: “Así que es aquí; aquí estará el nuevo Hospital General. ¿Por por qué lo harían hasta acá?, si aquí ni vivimos nosotros, que somos quienes lo necesitamos... y a veces no tenemos ni para el camión”. 

 

Aunque Ana no es especialista en Desarrollo Urbano, conoce muy bien los alrededores de la ciudad, porque, como dice ella “nada la detiene”, y se da cuenta de que las decisiones en esa materia no están siendo las más adecuadas. 

 

La pregunta de Ana es pertinente: ¿Bajo qué criterios se toman las decisiones respecto a la localización del equipamiento en la ciudad?, ¿cómo se decide dónde ubicar parques, hospitales, y otros que son requeridos por los habitantes con mayores necesidades? 

 

Me gustaría plantear tres posibles respuestas, para Ana y para mis lectores. 

 

Primero, en Mazatlán hay suficiente suelo disponible para habilitar equipamiento accesible a las zonas habitacionales con mayores necesidades. De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, la ciudad tiene suelo con servicios para hacer frente a esta demanda. El problema es que este suelo, baldíos, en su mayoría pertenecen a particulares. Es un problema, pero tiene solución: El artículo 27 de la Constitución faculta al Estado, en particular a los municipios, para “imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público...” 

 

Existen diferentes caminos legales para que todos nos beneficiemos y tengamos menos espacios sin utilizar en la ciudad, caminos que ya se utilizan en otros países y que en los municipios mexicanos también pueden implementarse. ¿Por qué no lo hacen?, ¿le temen a los costos políticos pero se aprovechan del desconocimiento? 

 

Segundo, las autoridades construyen el equipamiento en las periferias o a zonas alejadas de donde vive el grueso de la población, para beneficiar intereses de particulares. Se llevan la inversión pública hacia esos lugares para elevar el valor de los terrenos de unos cuantos. Ahí se construyen avenidas o vialidades, e infraestructura, y otras obras importantes en las que se invierten los recursos de todos para ganancia de pocos.

 

Tercero, los municipios toman decisiones públicas basándose en inercias. Se trata de aprovechar los recursos “antes de que se vayan” y no se toman en cuenta los instrumentos de planeación en la ciudad. 

 

En resumen, los municipios no han aprovechado sus facultades constitucionales para promover una mejor localización de los servicios públicos a favor de los ciudadanos. Esto, ya sea por desconocimiento, inercias, temor al supuesto costo político, o por intereses ajenos al beneficio común. El resultado es la exclusión social, y negar el derecho a la ciudad a los más pobres.

Ana tiene razón, merecemos mejores ciudades, seguras, justas, y con equipamientos accesibles.