"Aquí nadie rinde cuentas"

No pienso que todos los problemas de México se deban a la corrupción. Hay sociedades corruptas que presentan altos grados de crecimiento y otras que no. Hay sociedades corruptas más igualitarias que otras. Hay sociedades corruptas con estados eficaces. Hay sociedades corruptas sin altos niveles de violencia. Así las cosas, la violencia, el bajo crecimiento, la desigualdad y la eficacia pueden estar relacionadas con la corrupción aunque no encuentren su explicación en ella.

 

Lo que no tiene vuelta de hoja es que la falta de rendición de cuentas está en la raíz de la corrupción y que ninguna rama de gobierno destaca por ejercer el presupuesto que se les entrega año con año con transparencia y probidad. 

 

El Ejecutivo federal es la institución más vigilada y, si cabe, la que más información pone a disposición del público. Aun así, el déficit en rendición de cuentas es enorme. No es sólo que nos escondan transacciones ilegales y hasta fraudulentas de las que no tenemos y muy probablemente nunca tengamos idea. Se trata de que aún dentro de la legalidad, la SHyCP se da el lujo de no informar con qué criterios distribuye y gasta los recursos no presupuestados y que provienen de ingresos no contemplados al aprobar la Ley de Ingresos y por lo tanto, tampoco presupuestados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Y no estamos hablando de cualquier cosa. En 2017 la diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido fue de 7.5 por ciento o 366 mil millones de pesos. 

 

A nivel estatal los ejecutivos son peores. Informan lo que quieren, cuando quieren y como quieren y jamás les ha preocupado que la propia Auditoría Superior de la Federación les señale año con año cuantiosas “irregularidades”. Tan sólo para el último año revisado por la ASF (2016) quedan 103 mil millones de pesos por aclarar o recuperar y a la fecha no se sabe a dónde fueron a parar esos recursos. De estos desvíos, 85 por ciento corresponden al gasto federalizado, o sea a lo que la federación aporta o transfiere a las entidades federativas. 

 

El Congreso, quien es el poder fiscalizador, aplica la máxima de que en “casa del herrero, azadón de palo”. Desde hace muchos años se ha señalado que el salario que dicen recibir es una ficción complementada por numerosas partidas o rubros que abultan sus bolsillos y de los que poco o nada se sabe. La famosa partida de “asignaciones a grupos parlamentarios” es una bolsa que constituye cerca del 12 por ciento del presupuesto de la Cámara de Diputados que sirve de zanahoria y garrote a los líderes de las bancadas y que se distribuye y se gasta discrecionalmente. 

 

El más reciente escándalo es el de la Senadora del PT Layda Sansores y actual candidata por Morena a la Alcaldía de Álvaro Obregón que ha sido acusada de gastar en productos de belleza y vestuario, enseres domésticos, juguetes, comestibles y otros productos que no tienen relación con su labor legislativa la suma de 700 mil pesos. Con perdón de los lectores, lo más grave no es el desvío de recursos sino la explicación que da la propia Senadora y la reacción de su partido.

 

La Senadora dice en una carta que la difaman y que ese dinero proveniente de la parte de ingresos a los senadores denominada “gastos legislativos” y del que “puede decidir libremente qué va a hacer con él” ha ido a nobles propósitos. Dice que se usaron para la “fiesta navideña de trabajadores del Senado contratados por la outsourcing FONATUR quienes reciben un ingreso quincenal de 1,750 pesos y no tienen prestaciones laborales, como también al festejo de mi equipo de trabajo quienes laboran bajo honorarios y sin seguridad social.” Y sigue, “los gastos de alimentos fueron donados en actos relacionados a mi labor legislativa, como fue el apoyo a caravanas migrantes, maestros entre otros”. O sea, clientelismo puro y con dinero de los contribuyentes y proveniente de la militante de un partido. Bien por las donaciones a los trabajadores de limpia a quienes les otorgó sobres con dinero y refrigeradores pero no haciendo caravana con sombrero ajeno. Por su parte, la reacción de su partido y la de todos los partidos cuando se denuncia a uno de sus militantes, es la de siempre: “guerra sucia”. 

 

El Poder Judicial también tiene su cola que le pisen. En el Consejo de la Judicatura el “dinero que sobra” en lugar de ser devuelto a la Tesorería se transfiere a fideicomisos del propio Consejo. En 2016, por ejemplo, se transfirieron 2,250 millones después de una controvertida votación (4 a 3). Hoy ese fideicomiso acumula un saldo de más de 4 mil millones.

 

Finalmente, volvemos a los candidatos y sus gastos de campaña. A 10 días de la elección Anaya ha reportado haber gastado el 60 por ciento de los 429 millones de los que dispone para la campaña; Meade 56 por ciento y; AMLO 14 por ciento.

 

Tampoco los sindicatos que reciben dinero del erario público rinden cuentas: ahí están los líderes de las empresas estatales, de la educación y de algunas que ya son privadas. En la mejor tradición del México corporativo tienen o tendrán su representación en el Congreso, aunque hayan desviado fondos públicos y pesen acusaciones sobre ellos. 

 

Viva la rendición de cuentas junto con las promesas anticorrupción de los partidos.

 

amparocasar@gmail.com