"Caso Alejandra: Filtración desde C4i. Las posturas de derechos humanos"

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Estaba latente todavía la indignación por la muerte de Alejandra, la adolescente que perdió la vida al caer en una alcantarilla en mal estado del drenaje pluvial de Culiacán, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento de dos párrafos con un “firme llamado” a no revictimizar a la familia de la joven víctima. Omite, quién sabe por qué causas, recomendar sanciones a quien o quienes desde el gobierno difundieron las imágenes de la tragedia, captadas por una cámara de videovigilancia.

El exhorto se les hizo a las autoridades, medios de comunicación y la sociedad en general, pero no establece que fue el Centro de Comando, Control, Cómputo e Inteligencia el que en su búnker en Culiacán recibió y proceso la información que se filtró para ser difundida a enormes audiencias de Sinaloa, México y el mundo.
Es inusual que C4i desencripte los datos que le llegan desde las cámaras que vigilan las ciudades sinaloenses, a no ser que alguna autoridad se los requiera para soportar alguna acción de tipo legal. Lo que allí se ve allí se queda, salvo que dispongan otra cosa los jefes policiacos o gobernantes cuya jerarquía supera el rango de los operadores de los “ojos” citadinos, la mayoría de las veces ciegos.

El material, por supuesto, le sirve a la Fiscalía General del Estado que es la instancia obligada a investigar qué pasó el 5 de septiembre ante la atónita mirada pública, y la intención que motivó a volver trending topic el fragmento de video que puso en relieve cómo las autoridades municipales dejaron crecer y pasar esa trampa letal que, con el aguacero añadido, acabó con una vida que bien pudo ser la de cualquier ciudadano.

¿Fue C4i quien inició la revictimización en el caso Alejandra? De ser así existe una fuga de evidencias que es tan importante como cualquier otra prueba relacionada a escenas del crimen. Lo otro podría ser más grave si se demuestra que las imágenes se soltaron en forma irresponsable con el objetivo de utilizar una situación trágica para afectar políticamente a alguien, en este caso al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Por su parte, la independiente Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, que dirige Leonel Aguirre Meza, fue más contundente en las recomendaciones que emitió Óscar Loza Ochoa, responsable de la relación con instituciones, sobre el accidente que indignó a Culiacán al evidenciar cómo un hecho de desidia o de falta de supervisión del gobierno trasmuta a constituir negligencia criminal.

El documento de la CDDHS, dirigido a Estrada Ferreiro, establece cinco medidas cautelares, entre estas la investigación de quién o quiénes recibieron la queja o denuncia sobre el mal estado que guardaba la alcantarilla, que implica también al jefe de oficina que debe estar al pendiente de las quejas que se presenten en esta materia, para determinar si le dieron el debido seguimiento y, en su caso, en manos de qué funcionarios quedó dicha queja.

Plantea realizar un estudio sobre la situación que guarda el pequeño barrio que se ubica al fondo del arroyo que se forma con las aguas que desbordan la alcantarilla que se ubica en Emiliano Zapata y Guadalupe Victoria, crear una comisión especial para darle forma y cuerpo definitivo al Atlas de Riesgos de Culiacán, así como realizar las reparaciones en el punto en que ocurrió el percance y se garantice seguridad a automovilistas y peatones que circulan por ahí.

La CDDHS es muy puntual al señalar que “Culiacán tiene una necesidad inaplazable de cirugía mayor en su infraestructura pluvial, lo que demanda un nuevo diagnóstico sobre la materia (en caso de no haberlo) y la búsqueda de recursos para realizar esa operación mayor. Lo planteamos como tarea inaplazable del Ayuntamiento de Culiacán”.

Tanto el llamado de la CEDH a no revictimizar a la familia de Alejandra, evitando la difusión de imágenes que lastiman, así como las medidas cautelares que emitió la CDDHS, desembocan como las aguas bravas de los arroyos en un punto común: el C4i de Culiacán soltó, por descuido o dolo, la toma de la cámara de videovigilancia, mientras que algún servidor público municipal debe pagar consecuencias por una muerte que bien pudo evitarse.

Reverso

Ante esa negligente huella,
Hay un grito el que nos une,
Que la injusta muerte de ella,
No termine siendo impune.

La táctica del silencio

Por cierto, la Fiscalía General del Estado no les ha dicho a los culiacanenses si abrió carpeta de investigación sobre el caso de Alejandra, tal como lo quería solicitar la Diputada de Morena, Karla Montero, en un punto de acuerdo expuesto a la Comisión Permanente del Congreso del Estado, pero que fue frenada la petición por el también legislador Horacio Lora Oliva. La estrategia para el borrón y víctima nueva que se fomenta desde la 63 Legislatura hace que los ciudadanos desesperen y busquen por sus medios propios que se aplique la ley, tal como lo plantearán en una manifestación convocada para el domingo 15 de septiembre por la mañana, que partirá del edificio del Ayuntamiento y culminará en Palacio de Gobierno.