"Consecuencias de la impunidad y de la falta de autoridad"

Diferentes estudiosos y analistas de la situación socio-económica de México, han mencionado y especulado que pareciera que estamos cayendo en una espiral de falta de autoridad y falta de voluntad para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia, de desorden y corrupción, no sólo por personas en lo individual, sino por comunidades enteras que se apoderan de recursos públicos o privados y exigen que no se les castigue de acuerdo con la ley, es decir exigen impunidad.

 

Ahora se están sufriendo las consecuencias de tantos casos de corrupción de funcionarios públicos que han recibido sobornos de parte de la delincuencia organizada y todo ello con muy contados casos de sanción y castigo.

 

Todo lo anteriormente expuesto explica, aunque de ninguna manera justifica, lo que está pasando en varias instituciones públicas: En Pemex, donde la corrupción se inició interiormente con un sindicato privilegiado, con denuncias de robos de materiales o de combustibles y de ineficiencias y deficiencias en la operación, y todo con impunidad. Ahora los ciudadanos se están agregando a la corrupción robando combustible de los ductos, y vendiendo el producto más barato a las mismas gasolineras que, aparte de vender “litros” de 800 mililitros, también venden gasolinas robadas. El ingenio mexicano ya acuñó una palabra para los ladrones de combustibles de los ductos: “los huachicoleros” y son familias y hasta comunidades completas los que lo están haciendo con total impunidad, pues según Excelsior del 25 de abril; “quedan impunes 94 por ciento de huachicoleros” ya que de las 10 mil 078 denuncias que Pemex presentó en 2017, sólo en 1,162 casos se vincularon a proceso. Y aunque se detuvieron en flagrancia 1,827 personas, fueron liberadas 1,717, por lo que sólo 110 recibieron prisión preventiva.

 

En la misma forma está ocurriendo en la Comisión Federal de Electricidad. El propio director de la CFE declaró que “... el robo de energía y las fugas durante el proceso de distribución y suministro ocasiona pérdidas... por más de 45 mil millones de pesos”. Expuso además que en 2017 se interpusieron 20 mil denuncias contra los que roban o no pagan el servicio eléctrico o se conectan de forma ilegal por medio de “diablitos”, pero no se crea que son sólo particulares y empresas los que no pagan, también existe falta de pago del servicio de muchos municipios a los que constantemente se les renegocia la deuda con convenios y descuentos. En la misma forma que los “huachicoleros”, los “diableros” y los que no pagan el servicio, lo realizan con total impunidad pues muy pocos de quienes violan la ley van a juicio y reciben castigo.

 

Últimamente se han presentado múltiples casos de robos, asaltos y hasta descarrilamiento de ferrocarriles que también están quedando impunes; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que durante 2017 registró el robo de 1,936 trenes de carga de los que fueron robados granos y alimentos procesados, artículos automotrices, electrodomésticos y otros. Estos robos se han estado realizando principalmente en Puebla, Veracruz y Guanajuato. Esto se ha estado agravando pues ya se habla de sabotaje, ya que el 19 de mayo fue manipulado el sistema de frenos de un tren que descarriló con 39 carros y cuatro locomotoras, mismo que también sufrió saqueo; se sospecha que los mismos grupos de crimen organizado que roban combustible, ahora están asaltando y robando trenes amparándose con pobladores y vecinos que también aprovechan la situación. Aunque los ferrocarriles los operan empresas privadas, el sistema ferroviario es propiedad de la Nación por lo que el robo de rieles, durmientes, material ferroviario, etc., es también un robo al país.

 

Lo mismo se puede decir del robo de medicinas y otros materiales, en el Seguro Social, el ISSSTE y los hospitales públicos, así como en las bodegas del gobierno, y el robo en los puertos donde se carga y descarga mercancías, el bloqueo y asalto a las casetas de Capufe o en el desmantelamiento de casas del Infonavit y el saqueo en los bienes incautados a la delincuencia.

 

Como se puede ver, la corrupción en el interior de las dependencias y de las instituciones públicas y en el exterior por la delincuencia, con manifiesta impunidad, ha cundido hasta los ciudadanos que se sienten con “derecho” de robarle al gobierno y al país sin que les pase nada.

Todo ello está enviando mensajes de ingobernabilidad, de falta de autoridad y de falta de conciencia ciudadana.

cp_rafaelmorgan@hotmail.com