Este medio electrónico utiliza cookies para mostrar contenido personalizado y publicidad segmentada relacionada con sus preferencias. Si continúa en nuestro sitio o aplicaciones, entendemos que otorga y acepta plenamente que sus datos recabados serán utilizados mediante las disposiciones y términos de nuestro aviso de privacidad.
Suplementos
  • Novias
  • Gloss
  • Campo
  • Clave de Acceso
  • Tu Casa
  • Tu Salud
  • Tu Auto
  • Politicante
  • Mejor Educación

Culiacán, en la lista violenta de Durazo. Desde la Cóndor, apuesta militarizada Observatorio

Alejandro Sicairos
08/02/2019 | 04:03 AM

alexsicairos@hotmail.com

 

Alfonso Durazo desempolvó del archivo de la vergüenza la ficha roja que desde hace tres décadas considera a Culiacán una de las ciudades más violentas de México y también sacó el mismo contraveneno de mayor fuerza pública federal para paliar el problema, solo que esta vez aporta un hilo de luz que podría resultar imperceptible en la tenebrosidad del salvajismo: acciones y recursos públicos encaminadas a atender la raíz del fenómeno.

Del anuncio que hizo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal vale la pena profundizar en las acciones distintas a las coercitivas que se realizarán en las zonas afectadas, tales como prevención, acelerar la entrega de programas de desarrollo, incorporar a organizaciones defensoras de derechos humanos y de la iniciativa privada, poner en marcha acciones contra la corrupción y asignar recursos adicionales.

Hace al menos cinco sexenios que el Gobierno de la República ofrece solo represión contra la comisión de delitos, estrategia que se quedó desde que en 1975 el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez ordenó la Operación Cóndor con el despliegue de tropas hacia las montañas de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Guerrero y Michoacán para combatir el cultivo de mariguana y amapola.

Desde la Cóndor a la fecha, los programas de pacificación lanzaron a las fuerzas armadas contra la población sin ofrecer alternativas de vida lícita. Aunque con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador se acude en forma velada a la intervención militar en labores de seguridad pública, es a mediados de los años 70 cuando se instituyó la política de arsenales contra los narcotraficantes y abusos “colaterales” contra la población en general.

A ese tiempo se remonta la etiqueta de narcoviolencia convertida en tatuaje indeleble para Culiacán, el municipio que históricamente concentra la tercera parte de los delitos de alta incidencia que se registran en todo el estado, sosteniéndose la ciudad en particular dentro de las más peligrosas del País.

El brete igual de atávico es que las acciones adicionales al despliegue de más tropas y policías se dan a conocer como quehaceres complementarias en lugar de estar a la cabeza de la nueva estrategia anticrimen. Sigue sin entenderse que educación, cultura, empleo y deporte serían la amalgama perfecta de apuntalamiento a programas sociales ya existentes.

Vamos cambiando de librito en las estrategias de seguridad pública para probar modelos que tal vez cueste esfuerzo legitimar, por la creencia de que es mayor escarmiento público un narcotraficante muerto o preso. Probemos la ecuación de fomento a la civilidad es igual a mejor paz social. Nada le cuesta al nuevo régimen cambiar de reactivos y conejillos de indias en el Sinaloa que va al medio siglo experimentando con plomo y sangre.

Basta pues de querer cambiar mentalidades y costumbres poniéndole una pistola en la sien a cada ciudadano subyugado por la narcocultura, solo por no tener otros referentes para trazarse un futuro. El procedimiento esencial consiste en  acercarles las posibilidades de cambiar e inducirlos al mundo lícito y las ventajas que este ofrece. ¿Hay algo de esto en el plan para las 15 ciudades más violentas? Sí, pero habrá que buscarlo con lupa.

Lo otro, lo que dijo Alfonso Durazo, lo sabemos bien los sinaloenses y se sabe en todo México: la capital de Sinaloa padece el estigma de la violencia en los ámbitos nacional e internacional, a veces como maniobra despectiva al encuadrar en el narcotráfico todo lo que aquí sucede, y en ocasiones con el sustento de hechos de sangre cuyo morbo traspasa fronteras e incuba en la mentalidad que insiste en vernos como un pueblo cerril.

Por eso la pregunta para Durazo sería si esto lo va a resolver enviando a 600 soldados, marinos y agentes federales  más, aparte de los 3 mil 500 policías militares arraigados en la base militar El Sauz. 

 

Reverso

Que cerquen los militares,

Aunque no es receta suya,

Pero, Secretario construya,

Las salidas laterales.

 

Cruzados de brazos

En los principales municipios de Sinaloa son los delitos de alta incidencia (robo violento, robo a casa habitación y a comercios, despojo de automóviles y lesiones dolosas) los que contribuyen a la sensación de miedo e impotencia en la población.  Del total de estos, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado, en 2018 ocurrieron 5 mil 550 en Culiacán, mil 998 en Ahome, mil 488 en Mazatlán, 319 en Navolato y 165 en Salvador Alvarado. ¿Y la acción preventiva, señores presidentes municipales? Esa tarea no se las pueden hacer los militares.

También de este autor..

Oportunidades