"De primer orden"

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Entre los hechos que captan expectación en el panorama cotidiano laten actualmente dos; uno de ellos es el registrado en el ámbito local referente a la determinante oposición de la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien rechaza validar un cuestionable acuerdo de la Fiscalía del Estado. Y en el ámbito nacional la rifa del famoso avión, que nunca se entregará al ganador o a los ganadores, ha causado hilaridad en el mejor de los casos por su insólito contenido de ocurrencia oportunista.

En un mar enturbiado por la sospecha, la actitud de la Jueza Quiñónez Estrada surge como una ínsula restauradora del ánimo ciudadano, al anteponer la Ley y la justicia, y exigir la presentación de pruebas en el caso de los argumentos exculpatorios con los cuales se integró un acuerdo consistente en que mediante el pago reparador de dos millones de pesos se diera carpetazo a una acusación de desvío de 260 millones de pesos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas durante la administración de Mario López Valdez.

De sobra conocidas las circunstancias del caso y la identidad de los acusados, cabe observar la extraña trayectoria del mismo, pues la misma Fiscalía Anticorrupción que en un principio al presentar la correspondiente acusación pedía para Armando Villarreal Ibarra 16 años de cárcel, veinte años de inhabilitación en el servicio público y la devolución de 260 millones de pesos, el 29 de enero del presente año propuso el acuerdo reparador de marras, con el aval de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas de la presente administración sinaloense.

En tanto se suceden las noticias sobre jueces que mediante una actitud injustificable, o al menos sospechosa, mediante argumentos sobre deficiencias ministeriales liberan a procesados con evidente carga delictiva, el Poder Judicial ofrece motivos reivindicatorios en casos como el de la Jueza Quiñónez Estrada, cuya posición no parece tener más fundamento que la aplicación de la Ley y la justicia, lo cual resulta alentador para el espíritu que se prende a la esperanza de que no todo está perdido en la lucha contra el Leviatán de la impunidad.

Ante esa resolución judicial adversa a los términos del trato avalado por la actual Fiscalía, los ex funcionarios malovistas afectados anuncian su decisión de buscar un amparo, lo cual proyecta incertidumbre en torno al curso que seguirá este juicio, pues los antecedentes que privan en la otorgación del recurso de amparo no reflejan una garantía de apego a Derecho.
Sin embargo, cualquiera que sea el final de este caso, el ejemplo de dignidad profesional que entraña en la actitud de la Jueza Quiñónez Estrada perdurará como una huella luminosa sobre la turbia opacidad de un terreno plagado de injusticia.

La rifa del que fuera avión presidencial ha dejado de ser una mera vacilada y se conforma como un logro de estrategia oportunista. Por lo pronto, sin mayor protocolo y con la soltura que aplica en la entrega de un óbolo para la Cruz Roja, la Fiscalía General de la República hace entrega de dos mil millones de pesos para financiar el monto en efectivo que sustituye al avión, transmutado ahora en cien premios de 20 millones de pesos cada uno.

La nueva propuesta pronostica el desarrollo de una exitosa rifa, pues resulta de sobra atractivo invertir 500 pesos en un cachito que, de resultar premiado, podrá convertirse en 20 millones de pesos. Esto casi garantiza que se cumplirán las expectativas de completar los tres mil millones de pesos que se proponen recaudar mediante ese sorteo. El avión permanecerá guardadito en un hangar mientras se amortiza el adeudo que aún implica esa faraónica aeronave, y en espera de motivar otra ocurrencia productiva. En tanto la buena estrella del Presidente López Obrador sigue ostentando blindaje, pues mantiene incólume y cintilando la aceptación popular contra el ejercicio crítico que en algunos sectores inconformes generan las estrelladas expectativas en materia de seguridad y salud nacional, así como otros temas de primer orden.