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¿De qué tamaño es la impunidad en Sinaloa? Opinión

Adrián López Ortiz
11/08/2019 | 04:04 AM

adrianlopezortiz.com

No hay manera de reducir la violencia sin procuración de justicia. Si el delito no se castiga, no hay estado de derecho. Por eso es fundamental combatir la impunidad. Y para hacerlo, hay que medirla.
Esta semana, la organización México Evalúa publicó el estudio “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”. Puede consultarlo aquí: https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2019/08/Hallazgos2018.pdf
El principal “hallazgo” debería ser un escándalo: más del 90 por ciento de los delitos cometidos en México no se denuncia porque la gente lo siente como pérdida de tiempo (34.2 por ciento) y porque no confía en las autoridades (16.5 por ciento). El Índice de Confianza en el sistema de justicia penal tiene una media negativa de -7.8 por ciento de 2010 a 2017.
La desconfianza generalizada se explica en otro indicador por demás doloroso: el promedio nacional del índice de impunidad en nuestro país fue de 96.1 por ciento para 2018. El estado que mejor procuró justicia es Guanajuato con 87.6 por ciento de impunidad y el peor es Tamaulipas con 99.99 por ciento. En Tamaulipas delinquir sale gratis.
Tristemente y de acuerdo al anexo 5 del estudio mencionado, las autoridades de Sinaloa no entregaron el número total de causas penales concluidas ni sus desagregaciones por lo que el cálculo no fue posible para nuestro estado; pero tampoco hay razones para pensar que la situación de Sinaloa en materia de impunidad sea muy diferente del resto del país.
Me explico: el estudio revela que Sinaloa cuenta con 2.6 agencias del ministerio público por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 2.8 y muy por debajo de Baja California con 11.1.
Además, tenemos 1.4 policías investigadores, 8.8 fiscales y agentes del MP, 3.4 peritos y ninguna persona asignada a la atención de víctimas por cada 100 mil habitantes.
En materia de jueces tampoco estamos mejor: contamos con apenas 0.6 jueces capacitados en el nuevo sistema de justicia penal por cada 100 mil habitantes. La media es de 0.9 y el mejor estado en este indicador es Zacatecas con 2.8.
Esa precariedad en recursos humanos capacitados afecta la eficiencia en el embudo procesal de la Fiscalía estatal pues menos del 30 por ciento de las carpetas de investigación fueron determinadas en 2018 y de esas, más del 60 por ciento lo hicieron a través de una figura denominada “archivo temporal”.
Esa figura consiste en “detener o poner en pausa una investigación cuando se considera que no hay indicios para esclarecer los hechos o no se cuenta con pruebas suficientes para avanzar en ella”. Significa que los casos se “determinan” administrativamente pero no se resuelven en los hechos. Lo que se traduce en que no hay justicia para las víctimas.
Otro dato a observar es que en Sinaloa contamos con un alto número de personas detenidas puestas a disposición del ministerio público, con 77.8 por ciento (la media nacional es del 20.9 por ciento). Sin embargo contrasta con la cantidad de personas representadas que resultan sentenciadas con apenas 0.3 por ciento del total, muy por debajo de la media de 9 por ciento y donde Baja California lidera con el 67.7 por ciento.
Y lo abrumo con un último indicador integral: de acuerdo al ranking que incluye el estudio, el estado que mejor ha implementado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es Querétaro con 625 puntos de 800 a alcanzar en 2018. El peor avance lo registró Guerrero con 211/800 y Sinaloa ocupa la media tabla en el lugar 14 con 384/800, es decir, apenas 48 por ciento.
Este ranking es relevante porque sirve para entender el nivel de atención que las administraciones estatales vienen dando a la reforma judicial más importante que hemos tenido en materia de procuración de justicia en México.
Quedarnos a la mitad en Sinaloa obliga tanto al Fiscal Juan José Ríos Estavillo como al Gobernador del Estado, Quirino Ordaz, a redoblar esfuerzos y volver esta implementación una prioridad de gobierno en las acciones y, sobre todo, en el presupuesto.
En fin, lo invito a consultar el estudio completo para entender el porqué del fracaso del combate a la delincuencia en México.
Las recomendaciones finales son puntuales y vale atenderlas: 1. Mejorar la articulación de instituciones de seguridad y justicia, 2. Desarrollar políticas de priorización penal, 3. Fortalecer las capacidades de investigación, 4. Fortalecer el ámbito local, 5. Legislar con evidencia y 6. Aprovechar la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
Son realmente pocos los datos alentadores y muchos más los que nos dicen que la actitud de los gobernantes recientes y actuales de seguir inyectando recursos a la “estrategia” de seguridad (más militares, más equipos, más patrullas, más armamento) sin darle el debido peso a la procuración de justicia y el combate a la impunidad es una de las razones de la situación actual.
Mientras la posibilidad de ser castigado tras cometer un delito en México ronde el 3 por ciento o 4 por ciento no hay manera de parar la terrible violencia que vivimos.
Y sí, decepcionante que no sepamos de que tamaño es la impunidad en Sinaloa porque no entregamos los datos.

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