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Decisiones del nuevo régimen contra el medio ambiente Opinión

Rafael Morgan Ríos
12/01/2019 | 04:05 AM

cp_rafaelmorgan@hotmail.com

 

Durante la primera quincena de diciembre pasado, se llevó a cabo la vigésima cuarta conferencia de la ONU (COP-24) en Katowice, Polonia, para revisar los avances de los Acuerdos de París sobre el cambio climático, con cerca de 30 mil asistentes de más de 190 países, dentro de los cuales no estuvieron presentes oficialmente los dos países más contaminantes, China y Estados Unidos, aunque sí estuvieron diversas organizaciones sociales interesadas en el tema.

 

Desde 2012, el Presidente Felipe Calderón promovió la aprobación de la Ley General en Cambio Climático (LGCC), a través de la cual se creó el Registro Nacional de Emisiones, en el que las instituciones y las empresas deben reportar las emisiones de gases y otros productos que tienen consecuencia de “efecto invernadero”.

 

El despacho KPMG realizó una encuesta sobre desarrollo sostenible en México y encontró que casi la mitad de las empresas no están preparadas para cumplir con ese registro, pues no han logrado verificar los compuestos y gases de efecto invernadero y menos inventariar las emisiones de estos gases.

En México, el nuevo gobierno no parece estar consciente de las consecuencias de los cambios en el clima a nivel mundial y en nuestro país, a pesar de que México suscribió el Acuerdo de Paris y asistió a la COP-24 en Polonia. En 2017 se volvió a tener un incremento en los niveles de bióxido de carbono en el mundo, dificultando alcanzar que no se incremente el clima más de 2 grados; por cierto, una nueva meta es que no se incremente más de 1.5 grados.

 

El nuevo gobierno de México ha tomado tres decisiones que van precisamente a contrapelo de la tendencia mundial de cuidar el medio ambiente; estas son:

 

1. La reconfiguración de las refinerías obsoletas del país y construir una nueva refinería en Veracruz, en momentos en que muchos otros países están cerrando las refinerías; en la Unión Europea, Noruega y Suiza han cerrado 100 refinerías desde 2009 a la fecha y Europa sólo tiene operando 80 refinerías de alta capacidad que refinan 75 millones de toneladas menos que en 2010; según El Universal, “tan solo en 2017 la refinación cayó 3.25 por ciento con relación a 2016” y la demanda de petrolíferos ha caído 8 por ciento en los últimos ocho años. Lo anterior busca pasar de una generación de energía basada en petrolíferos a una basada en energías limpias, por lo que “la Comisión Europea prevé reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 80 por ciento en 2050”.

 

2. La construcción del Tren Maya que recorrerá mil 525 km alrededor de toda la península de Yucatán, cruzando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con un costo de alrededor de 150 mil millones de pesos y atravesará 496 kilómetros de selvas desde Palenque, hasta Bacalar y casi la mitad de la región del mundo maya. Independientemente de los objetivos de activar la economía del sureste del país, lo cierto es que se le va a hacer un daño que se antoja irreparable a la selva, a la arqueología y a la zona indígena. Lo menos importante es la supuesta consulta a la “madre tierra”, pues según Gustavo Alanís es condición indispensable cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y llevar a cabo una verdadera consulta pública, especialmente con las comunidades indígenas, y obtener de la Semarnat la autorización del cambio de uso del suelo de terrenos forestales, que según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sólo se extenderá de manera excepcional con estudios técnicos que demuestren se mantenga la biodiversidad, así como un programa de rescate y reubicación de especies de flora y fauna afectadas, etc. Es de esperar se consideren las consecuencias al medio ambiente y a las etnias indígenas.

 

3. Se tiene en México la NOM-016 de la Comisión Reguladora de Energía, que ordena que a partir del 1 de enero de 2019, en el diesel automotriz que se consuma, el contenido de azufre máximo que se permite es de 15 miligramos por kilogramo, buscando con ello disminuir significativamente las emisiones de CO2 para cumplir con los Acuerdos de Paris. Sin embargo, la Secretaría de Energía, a través de un oficio firmado por la titular Rocío Nahle, sin tener atribución legal, “instruye” a la Comisión Reguladora de Energía para diferir por un año más la aplicación del acuerdo, con lo que el país seguirá sufriendo la polución del ambiente con los altos contenidos de azufre de un diesel contaminante.

 

Este asunto del diesel es más complicado, pero estas decisiones demuestran el poco cuidado del medio ambiente que tiene el nuevo régimen.

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