Este medio electrónico utiliza cookies para mostrar contenido personalizado y publicidad segmentada relacionada con sus preferencias. Si continúa en nuestro sitio o aplicaciones, entendemos que otorga y acepta plenamente que sus datos recabados serán utilizados mediante las disposiciones y términos de nuestro aviso de privacidad.
Suplementos
  • Novias
  • Gloss
  • Campo
  • Clave de Acceso
  • Tu Casa
  • Tu Salud
  • Tu Auto
  • Politicante
  • Mejor Educación

El caso NAFTA En Tribunales

David Cristóbal Álvarez Bernal
08/01/2019 | 04:04 AM
 
david@bufetealvarez.com
 
 
 
 
En las dos últimas semanas del año pasado se movió mucho en los medios el ya famoso caso NAFTA. Desde el punto de vista estrictamente legal, hubo comentarios acertados, pero otros totalmente desatinados. 
Como lo he dicho y lo repito, NAFTA tenía todo el derecho del mundo a demandar por los daños y perjuicios resentidos por haber recibido un permiso de construcción ilegal que, al ser declarado así en un amparo, le impidió a la empresa desarrollar el negocio para el que le expidieron el permiso y obtener ganancias.
Por su parte, la actual administración municipal no tiene culpa alguna en el resultado final del caso, ya que no tuvieron oportunidad de intervenir en el juicio para nada. Si el asunto se perdió, fue por culpa de las administraciones pasadas. 
Por lo que conozco del caso, el resultado final fue desastroso para el municipio, por lo siguiente:
No había duda de que el permiso era ilegal porque se dictó sentencia en un juicio de amparo que así lo declaró.
Por lo tanto, la base de la reclamación de NAFTA era incontrovertible: le entregaron un permiso irregular que no le debían haber entregado nunca.
La defensa por parte del Ayuntamiento fue sumamente descuidada y negligente y lo colocó en desventaja en el juicio. Simplemente el Ayuntamiento ¡no contestó la demanda a tiempo!
Para acabarla de rematar, el Ayuntamiento tampoco nombró un perito para confrontar al perito de NAFTA, así que la única opinión pericial que se pudo tomar en cuenta para dictar sentencia fue la del perito de la empresa. 
Para poner las cosas peor, el Ayuntamiento no acudió a la audiencia donde podía hacerle preguntas al perito de NAFTA, así que, perdió otra oportunidad en el juicio.
Finalmente, la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, donde se llevó el asunto, dictó sentencia contra el Ayuntamiento liberándolo de pagar más o menos 70 millones de pesos de daños reclamados, pero condenándolo a pagar más o menos 148 millones de pesos de “perjuicios”, más la actualización de estos últimos conforme al INPC.
El Ayuntamiento “apelo” la sentencia, ganó la “apelación”, NAFTA se fue al amparo y terminó ganándolo. La sentencia de amparo es contundente: se deben pagar a NAFTA los “perjuicios” más su actualización conforme al INPC.
Por este motivo las cuentas llegan más o menos a los 300 millones de pesos que se han comentado en los medios, sin tomar en cuenta los millones que se pagaron al abogado externo que preparó la “apelación”, ni los casi 5 millones de pesos pagados a otro abogado externo el último día de la pasada administración municipal.
Como vemos y sin que usted sea abogado, el sentido común le dice que el caso estuvo muy mal defendido y el resultado final era previsible.
La negociación llevada a cabo entre NAFTA y la actual administración municipal, hasta donde conozco, beneficia al Ayuntamiento, porque le están otorgando un plazo “abierto” para pagar la condena, dándole oportunidad de iniciar los juicios correspondientes contra los responsables de esta millonaria perdida, para que paguen los daños causados a las finanzas municipales. 
En otras palabras, el acuerdo va en el sentido de “págame cuando quieras, como puedas y te doy chance de que primero les cobres a los responsables”. De ser así, esto habla muy bien de NAFTA porque están actuando con sentido social y también habla bien de la actual administración municipal porque “desactivo” rápida y eficientemente la “bomba” que le dejaron.
Pero no se confunda, para nada estoy diciendo que está bien que el Ayuntamiento tenga que pagar esa millonaria suma de dinero sin hacer nada.  Lo que siempre he sostenido es que se deben iniciar los procedimientos legales necesarios en contra de los ex servidores públicos culpables de la condena millonaria impuesta al Ayuntamiento.
¿Y quiénes son los culpables? Hay le va una lista:
Si el entonces Director de Planeación y su jefe, el Presidente Municipal, no hubieran otorgado el permiso ilegal a NAFTA, esta no hubiera tenido nada que reclamar. Los primeros culpables son los que expidieron el permiso de construcción a NAFTA. 
Si la demanda de NAFTA se hubiera contestado a tiempo, se hubieran planteado buenas defensas y se hubiera nombrado un perito por el Ayuntamiento, al menos se hubiera tenido la oportunidad de obtener una sentencia favorable, liberando al Ayuntamiento de todo lo reclamado o, de perdida, condenándolo a pagar mucho menos dinero del que finalmente debe pagar. Los segundos culpables son los ex servidores públicos que “descuidaron” la demanda.
Y también son culpables todos los servidores públicos que, teniendo el deber legal de denunciar las faltas cometidas por los anteriores, no lo hicieron, entre otros los ex secretarios del Ayuntamiento, ex Presidentes municipales, ex directores del departamento jurídico y ex síndicos procuradores, incluyendo al actual titular del órgano interno de control municipal, porque entró en funciones desde la administración pasada.  
Si el Ayuntamiento aprovecha el plazo “abierto” que les están dejando para cumplir la condena, puede evitar que se pague con dinero de nuestros impuestos y, al contrario, se cubra con dinero de los ex servidores públicos responsables de este grave error. 
Aunque el Ayuntamiento tiene varias vías legales para que se castigue a los responsables, la vía de responsabilidad administrativa le permite buscar una sanción económica contra los culpables a que me he referido, que puede llegar hasta tres veces el monto del daño patrimonial causado al municipio.
Sacando cuentas, si el municipio debe pagar 300 millones de pesos, la sanción económica contra los culpables puede llegar hasta los 900 millones de pesos.
No esta nada mal. El Ayuntamiento les cobra primero a los responsables 900 millones de pesos, con eso le paga a NAFTA los 300 millones de pesos ¡y le sobran 600 millones de pesos!
Y de pasada, se obtiene un precedente jurídico que va a disuadir a los actuales y futuros servidores públicos municipales, de andar expidiendo permisos de construcción que no deben otorgar o de cometer, por dolo o negligencia, actos u omisiones que le causen daños patrimoniales al municipio.

 

Espero que, a la brevedad, la actual administración municipal inicie los procedimientos legales contra los verdaderos responsables. Por lo pronto, en el Observatorio Ciudadano de Mazatlán ya se esta trabajando en eso. No solo se trata de hablar, se trata de actuar.
También de este autor..
18-06-2019

Oportunidades