"El ‘colchonazo’, burla y desprecio"

Colchón de impunidad a culpables

 

 

 

 

Hace casi un mes que la depresión tropical 19-E golpeó al norte y centro de Sinaloa y continúa dejando damnificados en el Gabinete de Quirino Ordaz Coppel. Ahora le toca al Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, recibir el impacto, sin colchón que lo amortigüe, de la mala operación gubernamental en situaciones de desastre.

 

Los servidores públicos actúan con viejas formas en tiempos radicalmente nuevos. Tal vez en los años ochenta del siglo pasado nadie se hubiera quejado porque le dan un colchón usado, maloliente y con pulgas para reemplazar el que perdieron en inundaciones, pero ahora la gente trae la desconfianza a flor de piel y posee una enorme capacidad de denuncia pública. Ya no se deja, como antes.

 

Es incuestionable que la DP19-E ha resultado más aleccionadora que cualquier otro desastre natural que afectó a Sinaloa. El agua que cayó del cielo en volúmenes catastróficos sacó a flote la cadena de impericias y tal vez hasta negocios chuecos que se fraguaron sobre el sufrimiento de las familias afectadas.

 

Primero fue el director de Protección Civil del Gobierno del Estado, Francisco Vega Meza, quien fue arrastrado por el río de críticas derivadas de la mala previsión que esa institución mostró en Culiacán cuando el 20 de septiembre la gente se vio obligada a rescatarse a sí misma, por la ausencia del auxilio oficial.

 

Posteriormente a que Vega Meza compareció ante el Congreso del Estado y se deslindó de la negligencia en la cual el sistema escolar no suspendió clases en momentos de serios peligros, vino la renuncia del Secretario de Educación Pública y Cultura, Enrique Villa Rivera, en la víspera de ser citado por la 63 Legislatura para conocer su responsabilidad en aquel contexto de emergencia.

 

Ahora se agrega Raúl Carrillo en una rara amalgama de coraje ciudadano e ingenuidad administrativa que en términos de indignación de los afectados y bulla social es bautizada como el “colchonazo”, referencia vergonzosa de los mil 197 colchones de un total de 2 mil que un proveedor innombrado se los vendió defectuosos al Gobierno de Sinaloa.

 

La ira cívica no se hizo esperar. Los beneficiados procedieron a tirar los colchones frente a oficinas públicas en desagravio a la denigrante solidaridad que perdió toda esencia humanitaria para pervertirse a grado de humillación. A la par, dejó en evidencia que el sistema de adquisición del aparato público estatal es vulnerable a las estafas.

 

Qué triste epitafio para todo un esfuerzo que levantó a Sinaloa en dos semanas de la catástrofe ocasionada por la DP19-E. En 2013 el paso del huracán Manuel le arrancó el velo de fingimiento a un gobierno que fincó sobre las ruinas el emporio de corrupción, y ahora, en septiembre de 2018, alguien intentó transformar la solidaridad en ignominia.

 

¿Quién? ¿Quiénes? Los nombres de culpables se han escondido detrás del inusual apego a la confidencia que exige el nuevo sistema de justicia penal. Se sabrá por más que las autoridades quieran disimular las responsabilidades en el atípico respeto a un sistema punitivo hecho a la medida de los maleantes y en detrimento de los derechos de las víctimas.

 

Se sabrá por más enorme que sea el colchón de impunidad brindado a los presuntos embaucadores que se rieron de la endeble estructura de Sedesol estatal para verificar a quién y qué le compra a proveedores que, así lo afirma el Secretario Carrillo, le vieron la cara y de paso tumbaron el discurso de la ayuda oportuna y eficiente a los damnificados.

¿Así fue? Esperemos que no haya otra verdad también oculta.

 

Re-verso

Duelen más las tormentas,

Como ácido en las llagas,

Con esas medidas cruentas,

De dar colchones con plagas.

 

Caiga quien caiga

Al conocer el caso de los colchones viejos que Sedesol pagó como si fueran nuevos, tanto Quirino Ordaz Coppel, como su esposa Rosy Fuentes, presidenta del DIF Sinaloa, exigieron a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que investigue y castigue “sea quien sea” el responsable y determine si hay servidores públicos implicados. Otra orden fue pedir perdón a las familias afectadas y reponerles el enser de manera inmediata.

 

alexsicairos@hotmail.com