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El fin del chayote Editorial

Editorial
08/11/2018 | 04:00 AM
El fin del chayote se aproxima. Más tarde o más temprano, la corrupción desde el poder gubernamental de medios y algunos sectores del periodismo terminará. El famoso “no pago para que me peguen” tendrá punto final.
Con ello también se combatirá el uso de los recursos públicos para la promoción de los políticos, el incumplimiento del derecho de la gente a informarse con la verdad y la distorsión del mercado de la industria editorial.
Empezamos con el contexto. Tanto a nivel federal como local hay un ambiente receptivo de las legislaturas para regular el uso de los recursos públicos que se ejercen en propaganda gubernamental.
Esa materia la tutela el artículo 134 constitucional:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Actualmente, como se sabe, los tres poderes de los tres niveles de Gobierno hacen lo contrario. Como ejemplo está el Gobierno federal que en el sexenio de Enrique Peña Nieto gastó 50 mil millones de pesos, cantidad similar al presupuesto de Sinaloa para 2018, y 20 medios concentraron más de ese gasto.
A nivel federal ya se tiene un proyecto de Ley General de Publicidad elaborado por el colectivo #MediosLibres, conformado por organizaciones civiles como Fundar, Artículo 19, académicos, periodistas y directivos de medios.
En la actualidad, el gasto en propaganda gubernamental es “regulado” por la Secretaría de Gobernación de manera opaca, discrecional, desmedida y arbitraria.
La propuesta de #MediosLibres incluye temas tales como que el concepto del gasto sea para información institucional, no personal; topa el gasto en el 0.05 por ciento del presupuesto federal anual y permite solamente un 10 por ciento de sobreejercicio, y no el 85 por ciento, como sucede en la actualidad.

 

En México y Sinaloa este será tema de agenda el próximo año.
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