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El problema del Estado en México TIERRA NUESTRA

Juan de Dios Trujillo
19/10/2019 | 04:00 AM

El problema del Estado en México


El discurso neoliberal descansa en una narrativa anti Estado y a favor de la iniciativa privada. El Estado debe ser mínimo, se critica su involucramiento en actividades económicas y se le acusa de ineficiente, e incluso se denuncia su papel en la redistribución del ingreso. Los pobres lo son porque son flojos o incapaces.
El mejor Estado es el que recolecta menos impuestos y gasta menos, y los gobiernos deben atender sólo a sus funciones básicas. Deben deshacerse de empresas públicas y no realizar inversión pública. La inversión debe ser privada. Tanto la oferta de bienes de consumo privado como de los denominados bienes públicos o semipúblicos (educación, salud, seguridad, servicios públicos) debe ser provista por empresas particulares. Aun la seguridad pública debe privatizarse.
Esta narrativa generó en el país incentivos perversos, como la competencia por hacerse de rentas monopólicas asociados a la privatización de empresas paraestatales y la mayor captura de políticos y funcionarios de gobierno (contratos de obra, concesiones y licencias), para un grupo selecto, oligárquico, mezcla de intereses privados con intereses de políticos.
La economía de mercado asumió la forma de capitalismo de compinches y el gobierno el carácter de cleptocracia. La corrupción pública, y privada, aumentó; y el Estado se debilitó, incluso para efectos del cumplimiento de sus funciones básicas, como el orden público y el respeto al Estado de derecho. En eso estamos, y no será fácil desmantelar este entramado institucional.
En la larga noche neoliberal el Estado perdió capacidad de respuesta frente a los cambios demográficos por los que atravesaba el país y deterioró las expectativas de movilidad social y de mejora de la población. La participación de los salarios en la distribución del ingreso se redujo drásticamente, mientras se incrementó la parte correspondiente a ingresos del capital. El crecimiento económico prometido se escurrió.
Toda economía funciona con base a incentivos. Si las posibilidades de rápido enriquecimiento o de utilidades elevadas están asociadas a la adquisición o robo de activos públicos, contratos, concesiones, licencias, acceso a transferencias públicas, condonaciones de impuestos, facturación falsa u otra forma de evasión de impuestos, o a actividades delictivas de distinto tipo, hacia allá se orientarán los esfuerzos individuales, y también los empresariales. Particularmente si el Estado de derecho no funciona y el Estado es impotente para defender la propiedad pública (la expansión del huachicol lo ilustra bien).
Un Estado que ni siquiera está en posibilidad de defender la propiedad pública tampoco será capaz se proteger la propiedad privada y la vida de las personas, mucho menos sus libertades y sus derechos humanos.
En el análisis de la economía mexicana frecuentemente se señala el mal comportamiento de la productividad, para efectos de criticar el aumento de los salarios. En realidad, visto a largo plazo, las políticas de contención salarial y de hacer caer los salarios reales han sido causa de la pobre evolución de la productividad, debido a que salarios bajos tienden a desincentivar inversiones que sustituyan trabajo por capital, ante altos costos laborales. Sin embargo, el crecimiento económico está vinculado a inversiones que elevan la productividad, vuelven la economía más compleja y modifican la estructura económica.
Por otra parte, paradójicamente, a largo plazo las políticas salariales han sido causa del aumento de la informalidad (que es una forma de encubrir el subempleo y el desempleo): si la población que está en edad de trabajar percibe que el ingreso que gana es demasiado bajo y no va a mejorar significativamente optará por buscar fuentes alternativas de ingreso, incluso en actividades delictivas. También aquí se tiene un problema de incentivos perversos.
Las consideraciones anteriores se derivan de la reflexión en torno a los recientes acontecimientos ocurridos en Culiacán, que muestran el grado de involucramiento de una cierta parte de la población en las actividades delictivas, especialmente de jóvenes. Sorprenden su número, movilidad y capacidad de causar estragos. Esas capacidades no son de hoy, se han construido a lo largo del tiempo, y tienen que ver con la estructura de incentivos que mueven la economía del país y el funcionamiento del Estado y la forma de operación de los gobiernos.
Los problemas de hoy del país se relacionan con la minimización de los incentivos perversos y la fortaleza del Estado. Se requiere de su reestructuración, para que responda de mejor manera a los intereses de una sociedad compleja, a fin de garantizar el orden público, hacer cumplir el Estado de derecho y elevar las capacidades para promover el desarrollo y el bienestar general, manteniendo su autonomía relativa respecto a intereses especiales.

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