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"Opinión"

"El rebrote de la violencia"

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    Los acontecimientos violentos del pasado miércoles en la sindicatura de Tepuche, municipio de Culiacán, que terminaron costando la vida de ocho personas que estuvieron en el lugar y el momento equivocado y otras ocho en una refriega entre los miembros de estos grupos armados, cómo lo sugieren versiones periodísticas, probablemente no es un hecho aislado sino concatenado tanto en espacio, como en tiempo, si se confirma que los primeros eran simples campesinos que transitaban por las calles de la comunidad y que fueron asesinados indiscriminadamente.

    Una vez más pareciera que se trata dejar un mensaje sangriento por una razón todavía desconocida, sin embargo, un suceso de esta naturaleza en un país y en un momento donde se están multiplicando brotes violentos llama a una reflexión menos local y, más en el conjunto de esas fuerzas subterráneas, que buscan por distintos medios y razones hacerse oír en concierto y llamar la atención de su presencia para que se respete lo que consideran suyo.
    México, ha vivido al menos desde hace tres décadas, en medio de una violencia continúa producto de la acción de organizaciones criminales con gran capacidad de fuego. Hubo momentos álgidos y de estabilidad de esta epidemia, pero luego tuvimos rebrotes inesperados, que nos recuerdan donde vivimos y qué debemos tomar precauciones que lindan en el riesgo de la pérdida de derechos ganados como la libertad de tránsito o de expresión.
    Ocurre en cualquier punto del país, porque ese es el otro dato, su dispersión e impacto en términos de percepción. Recordemos que en algún momento se habló de que la violencia era un problema de los estados del norte, pero, luego, reconocimos que este se había irradiado a los del centro y sur o suroeste del país.
    Además, existía la idea de eran tres o cuatro cárteles en todo el territorio nacional e incluso se llegó hablar de una “federación” de grupos que era una suerte de comité central que distribuía áreas de control a los distintos capos.
    Y ese grado de organización provocaba una suerte de pax porfiriana, de equilibrio, incluso de relajación, que sirvió para que entre sus líderes se estrecharan vínculos personales y familiares. En ese periodo de relativo relajamiento fueron frecuentes los bautizos o los matrimonios que ayudaron aún más a mantener el negocio sin mayores sobresaltos.
    Sin embargo, aquella pax en algún momento estalló, con la invasión de los territorios asignados, los chivatazos o el encarcelamiento, muerte o el paso a la muerte civil, de algunos de estos liderazgos, y eso fragmentó a los cárteles, dando paso a que hoy se reconozca que existen decenas de nuevos cárteles producto de una reestructuración donde están en el centro subgrupos que operan con un cierto grado de autonomía.
    Frente a esta reestructuración los distintos gobiernos federales desde Salinas de Gortari hasta López Obrador han montado una estrategia que busca debilitar estas organizaciones mediante el control del flujo de armas como también del financiamiento, y en esa lógica, reducir las complicidades con el poder político.
    Ello ha llevado a la idea no tan equivocada de que cada gobierno tiene su propio cártel y se le protege de manera porque es mejor tener uno fuerte que varios lo que nos elevaría a un estatus de narcoestado.
    Con todas las reservas que se le puedan poner a esta hipótesis, lo real es que una estrategia con varios frentes abiertos pondría en un serio predicamento a las fuerzas del Estado.
    Ya el gobierno de López Obrador optó “transitoriamente” por militarizar la seguridad pública. Dotar a la milicia de las competencias que siempre han exigido los mandos de las fuerzas armadas, pero, al mismo tiempo, este gobierno civil se ha reservado el control de los flujos de dinero a través del sistema financiero.
    Así, en colaboración con las agencias de seguridad del gobierno estadounidense, está dando una fuerte batida contra las empresas fachada de lavado de dinero, contra individuos que en esta actividad han acumulado fortunas.
    Y eso, podría explicar algunos o todos los rebrotes que estamos viviendo en las últimas semanas con un alto costo en vidas y niveles de incertidumbre en estados distantes. De Sonora a Guanajuato; de Colima a Sinaloa; de Jalisco a Veracruz o Quintana Roo.
    Basta atraer la cifra de las más de 30 mil muertes violentas que durante el periodo obradorista se han producido, para darnos cuenta, del tamaño de la guerra en que estamos metidos. Un número de crímenes sin precedente en nuestra historia y sin ver la esperanza de que esto termine o al menos vuelvan los tiempos de la pax pactada.
    Es decir, estamos viviendo una guerra de baja intensidad, que a cada momento lo recuerdan los rebrotes violentos. Las muertes selectivas que ha quedado más que claro con el asesinato de siete policías y un juez federal en Colima. No menos reactivos son los bloqueos y la quema de vehículos en Celaya que nos recuerda el “culiacanazo” del pasado 17 de octubre producto de la detención-liberación de Ovidio, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y así podríamos concatenar lo sucedido en Sonora.
    Y eso, lamentablemente, indica que habrá de continuar. El gobierno federal busca retomar el control en materia de seguridad pública. Esa una apuesta arriesgada que puede perderla y llevarnos a una espiral de mayor número de muertes violentas.
    En fin, en materia de seguridad pública estamos en la misma situación que la pandemia por el Covid-19, todos los días vemos las cifras que van en aumento y con un gran nivel de dispersión, y algo inédito la violencia indiscriminada contra la población civil, cómo ocurrió esta semana en la sindicatura de Tepuche al sur de Culiacán y que costó la vida a 8 personas. ¿Qué tienen que ver los acontecimientos sangrientos de Tepuche con los ocurridos en Celaya, Caborca o Colima?
    Aparentemente nada. Son lugares distantes entre si y con cárteles distintos, incluso, enfrentados como sucede en Guanajuato. Entonces, sólo queda cómo posibilidad que los rebrotes de violencia tengan que ver con las acciones que el gobierno federal estaría tomando en materia de seguridad pública y estos son los llamados coletazos que se han vivido cuando se ponen en acción este tipo de operativos. No es de esperar nada bueno.
    Al tiempo.

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