"Entre el discurso y el ejemplo"

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El día de ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un memorándum en el que instruye a secretarios, directivos de empresas o paraestatales y a los servidores públicos en general, a no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo.

El documento, de una cuartilla, exhorta a honrar la palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. Para ello se compromete a que bajo ninguna circunstancia aceptará que miembros de sus familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio o a favor de sus “recomendados”. 

Es muy conocido que en el ejercicio del poder, estas prácticas a las que se refiere como “lacras” de la política del antiguo régimen, fueron muy comunes, al grado de haberse normalizado en todos los órdenes de gobierno y órganos de representación popular. Hijos de políticos y empresarios ligados al poder económico y político promovían a sus hijos y parientes a cargos de elección popular, lo mismo de funcionarios empleaban a hermanos, amigos y parientes otorgándoles privilegios por encima de otras personas o aspirantes a trabajar en el servicio público, en el que incluso, gestionaban plazas y bases sindicales a discreción y bajo criterios de beneficio personal, económico y político. 

En Sinaloa la lista de evidencias y ejemplos es muy amplia y públicamente conocida, son muy pocos los actores políticos que se han mantenido al margen de semejantes y deshonestos privilegios del sistema político mexicano, los que a pesar de estar consignados como delito, han aumentado su práctica al paso de los años sin rubor ni medida; como reglas no escritas, los actos de nepotismos, amiguismo e influyentismo, se asumieron como derechos y ganancias de uso, prácticamente personal y patrimonial de las instituciones públicas y los partidos políticos.

También el día de ayer, el Senado aprobó nuevas normas para sancionar a los servidores públicos que cometan delitos como nepotismo, desvío de recursos, entre otros, que contempla crear la figura de un nuevo fiscal. Se refiere a una serie de leyes reglamentarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé castigar con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, desvío de recursos, moches, contratación ilegal de deuda y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Por una parte, el Presidente López Obrador envía una clara señal para desterrar las malas prácticas de la corrupción y el tráfico de influencias poniendo el ejemplo con su propia familia y dándolo a conocer públicamente y por escrito, por otra parte, el Senado aprueba nuevas sanciones para combatir a funcionarios y contratistas corruptos. La congruencia en el discurso del Presidente y el ejercicio legislativo de Morena ponen la muestra, al menos en el papel y las leyes, ha hecho falta la voluntad de hacer realidad lo que se escribe y se inscribe en las leyes.

La experiencia de las últimas décadas en el combate a la corrupción en México no es muy alentadora como para celebrar con gran optimismo estas nuevas medidas que pretenden erradicarla o disminuirla. Sobre todo si comparamos los antecedentes históricos del antiguo régimen que acostumbraba a culpar a ciertos servidores públicos como muestra de voluntad en su lucha contra la corrupción, hoy el Presidente López Obrador afirma que su gobierno no repetirá tales prácticas simuladoras. 

En el discurso y el razonamiento político y sociológico que a diario expone el Presidente AMLO en sus conferencias matutinas, parece estar todo muy bien, lo mismo con las nuevas reformas e iniciativas de ley que promueve la llamada cuarta transformación; sin embargo, a poco más de seis meses parece que el ejemplo y el discurso que ofrece el Presidente no logra tomar forma en la realidad de los mexicanos. Por el contrario, como ejemplo tenemos los gobiernos de Morena en Sinaloa, los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y Ahome, quienes en una clara y manifiesta actitud, contradicen el mensaje y el llamado para hacer realidad lo que significa el cambio verdadero que encabeza López Obrador. 

Desde los inicios de gestión de estos tres alcaldes, han sido evidentes los actos de nepotismo, opacidad y tráfico de influencia en el que han incurrido y continúan presentándose. Se conoce de familiares y amigos que ocupan cargos públicos, también de los abusos de poder de hijos e hijas en las instituciones, también de actitudes autoritarias y de opacidad al negarse a dar a conocer públicamente el patrimonio. Es decir, todo lo contrario a lo que impulsa el Ejecutivo federal, sin que nadie, ni el Presidente mismo al parecer, se den por enterados. 

Está claro que, hasta el momento, no hay señales de que el ejemplo que ha puesto López Obrador adquiera relevancia en el ejercicio de los alcaldes de Morena en Sinaloa. A pesar de que el Presidente exhorta a enseñar con el ejemplo, entre su discurso y la realidad en las entidades, media una abismal contradicción.

Hasta aquí mi opinión, los espero en este espacio, el próximo martes.