"Guanajuato: la negación construye la tragedia"

Los periódicos de Guanajuato han aumentado el espacio que dedican a la muerte cotidiana, a la violencia, a las masacres.

Cada vez es más común, preocupantemente normal, que las notas sobre las marcas que rompe el crimen, cualitativas y cuantitativas, sean la noticia principal, “la de ocho”.

Las muertes violentas se acumulan en la página antes llamada “roja”. Hoy es solo otra sección de noticias locales.

Guanajuato tiene dos años liderando las listas de homicidios en el país: la diaria, la mensual, la anual.

Lo reclaman los empresarios preocupados por la inversión y el turismo, como si no bastara con la pandemia; afecta a los pequeños comercios, los tianguis y las tortillerías, víctimas de la extorsión; les preocupa a las familias que lo comentan todo el tiempo, pues nadie vive demasiado lejos de una narco tienda, de un anexo, de un bar sospechoso.

Surgen expertos que hacen la narrativa de las narco guerras, como si se tratará de un lejano teatro de operaciones; el tema empieza a ocupar a los académicos, tímidamente todavía las estrellas de la opinión pública nacional se ocupan de nosotros cada semana sin falta.

¿Y el Gobierno local, el que prometió cambios bajo la rimbombante consigna de un Golpe de Timón elevado de eslogan de campaña a política pública, se preocupa, se ocupa?

Parece que no.

Las comisiones de búsqueda de desaparecidos y de atención a víctimas, después de una larga posposición, se acaban de constituir. Disponen de pocos recursos, son rémoras ornamentales junto al poderoso navío que es la Fiscalía Autónoma y su multimillonario y creciente presupuesto anual.

Aquí las prioridades eran otras: crear secretarías de innovación para desaparecerlas a los dos años; crear secretarías de medio ambiente que autorizan basureros industriales a escondidas de los ciudadanos; construir palacios legislativos de mil millones de pesos (¡palacios!).

Hoy, el Gobierno ha logrado ahorros importantes, pese a la pandemia, la crisis económica, la catástrofe educativa: 900 millones de pesos para comprar computadoras de marca genérica adquiridas en China por un intermediario.

¿Atención a víctimas? Eso ¿con qué se come?

Cada vez que un periodista le pregunta al Gobernador su opinión sobre la última masacre, sobre la jornada violenta, sobre la amenaza en ciernes, las respuesta se repiten monótonas: “no tengo tiempo para entrevistas”. “Pidan una cita y con gusto”. “Los va a atender Sophia”.

Se refiere a la comisionada para la seguridad ciudadana, un cargo inventado de la nada, sin plan ni programa, que depende del Secretario de Gobierno y cuyo carácter de vocera para la seguridad se ha ido diluyendo por la falta de respuestas y la ausencia de una narrativa mínimamente coherente con la atroz realidad que vive el estado. Su papel se reduce por ahora a publicar un artículo semanal en un diario leal al Gobierno donde da consejos a los ciudadanos de cómo evitar la inseguridad, lo que tampoco parece servir de mucho.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido que no hablará sobre el mayor problema que enfrenta la entidad, lo cual de paso quiere decir que no confía en una comunicación transparente con sus gobernados y que los ha reducido a la calidad de clientes que solo merecen mensajes regidos por la lógica de la mercadotecnia.

La “estrategia” de comunicación, apoyada por centenares de millones de pesos al año destinados a la compra de espacios en medios, en redes sociales y en producción de contenidos, ha producido una curiosa disociación: la realidad de la que hablan los infomerciales del Gobierno no tiene nada que ver con la que enfrentan los ciudadanos en las calles de las comunidades de Guanajuato.

De una parte optimismo rebosante, ansias de primermundismo, elogio a la innovación tecnológica, traducciones al inglés y al japonés de las frases conceptuales de las campañas: el mundo bajo control.

En el otro extremo: balaceras cotidianas, ataques a domicilios, comercios y restaurantes, ejecuciones diarias por docena, creciente número de robos en las calles y en los negocios, carreteras inseguras, pobreza acentuada por la pandemia y sus secuelas, educación en crisis por el alejamiento forzado de las aulas, empresas que cierran, desempleo, visitantes ausentes y hoteles vacíos con tarifas de remate.

La disociación de los gobernantes no es privativa de Guanajuato, lo cual de ninguna manera es consuelo.

Pero la complicada combinación de retroceso económico y violencia desatada, si constituye una singularidad que ameritaría de los responsables de las decisiones públicas un discurso que vaya más allá de vender esperanzas vacías.

Sabemos que los acertijos de la realidad no serán fáciles de resolver, pero menos encontraremos el camino si nos negamos a reconocer donde estamos.