"Guardia Nacional, hija del PRI y AMLO. Aceleres, insensateces e incoherencias"

Más que estarnos preguntando dentro de poco tiempo por quién vienen los militares, la interrogante sería quién los legitimó para realizar labores de seguridad pública. Es que inquietan, en vez de inspirar tranquilidad, la alianza de Morena con el PRI para crear la Guardia Nacional así como las alertas del ombudsman internacional que fueron ignoradas al consumar el dislate.

 

Es preciso diseccionar las turbaciones en medio de la confusión que precisamente emana del miedo. La violencia que vive México reclama fortalecer la acción preventiva, investigadora y de inteligencia de las policías; los militares están hechos para otras cosas y sus manuales bélicos les dictan poca contemplación a leyes y garantías humanas.

 

Preocupa que el partido Morena, antes acompañante inseparable de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, proceda a desoírlas cuando le señalan hoy los riegos de la militarización. Algún beneficio tendría que escucharan al Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos que insiste en adoptar para México una fórmula que permita el retiro gradual, ordenado, planificado, medible y verificado de las Fuerzas Armadas.

 

Las prisas del Presidente López Obrador y del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, eludiendo la participación ciudadana en el tema a pesar de la propensión inicial por someterlo todo a consulta, van en contra de los criterios de instancias emblemáticas en la defensa de derechos humanos, siendo una de ellas Amnistía Internacional que pidió más tiempo antes de tomar la decisión porque la reforma constitucional dotará de un enorme poder a la Guardia Nacional. 

 

Con tales indicios los estados con mayor incidencia criminal, siendo el caso de Sinaloa,  ya deberían estarse preguntándose si la Guardia Nacional contribuirá a mayor seguridad pública. Tienen la respuesta mucho antes de formular la interrogación: tal vez sí haya más miedo frente a la vigilancia militar, pero no necesariamente habrá mayor y mejor Estado de Derecho.

 

Los soldados recorriendo las calles en las ciudades y los caminos en regiones rurales cumplen la estrategia del amedrentamiento de aquellos segmentos delincuenciales que todavía son intimidables, pero por encima de ese objetivo representan la última carta que el gobierno en los ámbitos  federal, estatal  y municipal tiene para restablecer la seguridad pública. Más allá de la militarización no hay opciones.

 

Sacar al Ejército de los cuarteles le ha caído de perlas a gobernadores y presidentes municipales porque la presión ciudadana ante la delincuencia incontenible ha dejado de caer sobre sus policías y les permite señalar a los militares como los responsables de pacificar o conflictuar las regiones en que estos actúan. 

 

Y si no hay otras alternativas es porque el mismo Estado las obstaculiza. Las descartan al sentirse cómodos con la disyuntiva que les pusieron sobre la mesa los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, muy similar a la que les plantea López Obrador con la Guardia Nacional. ¿Qué importa que los militares utilicen tácticas de guerra para atender un fenómeno de competencia de las fuerzas civiles del orden?

 

El sistema político priista (remember Operación Cóndor) descartó durante décadas la implementación del modelo que atiende de raíz las causas y que a largo plazo sería más eficiente que el uso de la fuerza pública, consistente este en implantar la educación, cultura y empleo digno en las zonas donde los únicos referentes son de ignorancia, incivilidad y pobreza. ¿Dónde está ese plan estructural con visión de futuro de la Cuarta Transformación?

 

El Ejército ha sido aliado eficaz en la lucha del Estado contra el narcotráfico, pero el Gobierno se resiste a poner la parte que le corresponde en la formación de la otra mentalidad en las nuevas generaciones de ciudadanos. Nadie con niveles aceptables de educación, conocimiento de las artes y oportunidad laboral tendría por qué tomar un arma de fuego con fines ilícitos.

 

No obstante, los políticos son renuentes a probar esta fórmula que largo plazo daría más éxito que 50 mil elementos de la Guardia Nacional vigilando en el país. ¿O será que han convertido la seguridad pública en el gran negocio transexenal? Es posible que sí, ¿pero qué ondas con López Obrador?

 

Reverso

En tan insólitos avatares,

El compromiso que nos toca,

Es no aplaudir como foca,

El poder dado a militares.

 

La terna fraterna

El fiscal general autónomo podría ser una entelequia más de la izquierda en el gobierno. La terna integrada por Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvéz Zarate y Alejandro Gertz Manero, enviada ayer al Congreso por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, da visos de un Ministerio Público subordinado a Palacio Nacional. La cuna de los mexicanos la siguen meciendo con cuentos.

 

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