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Indolencia presidencial ante obesidad OPINIÓN

Francisco Ortiz Pinchetti
11/01/2020 | 04:05 AM

@fopinchetti

Sinembargo.MX

 

Es preocupante el desdén presidencial ante una nueva -y muy grave- advertencia sobre el incremento acelerado de los índices de sobrepeso y obesidad entre la población mexicana. Ahora fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la que lanzó una alerta acerca de que esos padecimientos están ya comprometiendo el bienestar actual y futuro de este país. Así de serio.

Actualmente, precisó el organismo, el 72.5 por ciento de los adultos en México tiene sobrepeso u obesidad, lo que coloca al país en el segundo lugar con más obesos entre las naciones integrantes de la propia OCDE. Dietas mal equilibradas y estilos de vida sedentarios contribuyen en gran medida a esta verdadera epidemia, precisó.

Advirtió también que sus efectos trascienden ya el deterioro creciente de la salud de adultos y menores de edad y alcanza características de una calamidad económica. Según la OCDE, en efecto, cada año se pierde en México 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) debido a los gastos directos e indirectos que provocan el sobrepeso y obesidad, entre ellos años de vida saludable perdidos, muertes prematuras y pérdida de productividad.

Y ese porcentaje del PIB representa 1.3 billones de pesos, cifra superior al presupuesto que tienen todos los ramos de la administración en el Presupuesto de Egresos de la Federación. O sea, más de 10 veces el gasto de la Secretaría de Salud, por lo que el país se encuentra ante una emergencia económica, como lo advirtió a su vez Ernesto Acevedo, Subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía. El funcionario federal afirmó que esta cifra también es mayor al presupuesto total conjunto del ISSSTE y el IMSS.

Durante el seminario Sobrepeso, Obesidad y Diabetes: Efectos sobre la Competitividad del País, el mexicano José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indicó que entre 2020 y 2050 el PIB en México se reducirá en 5.3 por ciento anual ante la epidemia de sobrepeso y obesidad.

Aclaró, ojo, que en los países de la OCDE la reducción promedio será de 3.3 por ciento. Esto significa que en México es un 60 por ciento mayor. “Si los ingresos petroleros que recibe México son 4.2 o 4.3 por ciento del PIB, comparado con 5.3 por ciento del PIB que perdemos anualmente, pues estamos sin duda en una emergencia económica… Estamos ante una emergencia económica”, reiteró enfático.

Sin embargo, el Presidente de la República parece no entenderlo así. No asume que esa emergencia nacional amerita una respuesta igualmente nacional e inmediata. Y contundente. Insiste en la obviedad de que se trata de un problema multifactorial para justificar su indolencia. Por supuesto que esa epidemia tiene una variedad de causas diversas, pero justamente por eso debiera atacarse con respuestas igualmente variadas.

De entrada, Andrés Manuel descartó aumentar impuestos a bebidas azucaradas y los mal llamados alimentos “chatarra”, como una medida para combatir los altísimos niveles de obesidad y sobrepeso y de su más evidente consecuencia, la diabetes, que en 2017, alcanzó al 13 por ciento de la población adulta del país, ¡más del doble del promedio de la OCDE!

“Nosotros no vamos a aumentar impuestos, eso está descartado; pero desde luego que tenemos que atender el tema de obesidad que es grave y que tiene que ver con muchas causas”, postuló desde el púlpito de Palacio Nacional. Propuso, otra vez, campañas mediáticas de orientación, cuya inutilidad ha quedado demostrada de manera patente en el pasado.

Con ello, el Mandatario antepone otra vez sus intereses políticos a los requerimientos más urgentes de la Nación. Vuelve a eludir un compromiso cabal con la batalla que libran el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) del propio gobierno federal, especialistas y numerosas organizaciones de la sociedad civil contra los abusos criminales de los grandes fabricantes de alimentos ultra procesados, causantes probados de una parte muy importante del problema efectivamente multifactorial.

No parece casual la ambigüedad del propio Presidente ante la determinación del Congreso de establecer como obligatorio el etiquetado frontal de advertencia para esos productos altos en grasas saturadas, azúcares, sodio y calorías al que se oponen por supuesto con todo su poder económico los empresarios del ramo, con el apoyo no tan soterrado de su colega, el actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza.

La indolencia que esa actitud implica resulta igualmente preocupante ante la eventualidad de que la Norma Oficial que deberá regular en breve la nueva disposición constitucional aprobada en octubre pasado para la inclusión obligatoria del nuevo etiquetado, resulte en un nuevo engaño que desvirtúe sus objetivos, a pesar de las advertencias internacionales que aportan cifras espeluznantes. Aunque no dudo que el señor Presidente tenga otros datos. Válgame.

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