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Intolerancia o traspiés Opinión

María Amparo Casar
12/09/2018 | 04:06 AM
Cada que comienza un gobierno surge la interrogante de ¿cómo se desenvolverá la relación medios-política? Esta incertidumbre es mayor ahí donde la libertad de prensa es menor. México es un país que califica mal en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que ofrece Reporteros sin Fronteras. Ocupa el lugar 147 de 180 y obtiene una calificación reprobatoria (48.9). “Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo los gobiernos locales) o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones, pueden ser asesinados a sangre fría”. 
 
Casi nada nuevo se puede decir de la importancia de los medios de comunicación para las democracias. No hay democracia sin libertad de expresión y sin libertad de prensa. Ahí donde las hay, han resultado ser el mejor instrumento para expresar la pluralidad, para que los ciudadanos conozcan sus opciones, para que los partidos compitan y para que los gobernantes rindan cuentas. Pueden -pero esto es solo una posibilidad- ser uno de los mayores contrapesos del poder.
 
Mucho se habla de la responsabilidad de los medios y de que se requieren normas que permitan hacer efectivo el derecho a estar informados, que sancionen el abuso del poder, que protejan el derecho a la privacidad y que obliguen a la transparencia en los recursos públicos que estos reciben. Eso del lado de los medios. Y, ¿del lado del gobierno?  
 
En México el gobierno federal y en mucho mayor medida los gobiernos locales, suelen tener el sartén por el mango dada la dependencia que la mayoría de los medios tienen de la publicidad oficial. Por eso del gobierno también hay que exigir responsabilidad. Porque tienen el poder de atentar contra la libertad de expresión o de fomentarla, de promover a unos medios en detrimento de otros, incluso, de quebrar a unos y hacer prósperos a otros. La reciente Ley de Publicidad Gubernamental resultó un fiasco que en poco cambió el control discrecional de los cuantiosos recursos que se gastan en comunicación social y publicidad. La cifra oficial para el sexenio de Peña Nieto rebasará los 45 mil millones de pesos y la de los gobiernos estatales es aproximadamente la misma. Entre ambos se gastan 53 millones de pesos diarios.
 
López Obrador no se ha pronunciado respecto al papel de los medios y su relación con el gobierno. Lo único que sabemos es que el gasto será recortado en un 50 por ciento pero no con qué criterios, que los recursos se centralizarán en la Presidencia y que, en lugar de oficinas de prensa de cada dependencia, habrá enlaces. 
 
Mientras informa si con su mayoría parlamentaria está dispuesto no sólo a recortar el gasto en comunicación social sino a corregir la Ley y a eliminar -como lo han hecho la mayoría de las democracias desarrolladas- el gasto en publicidad que en nada beneficia a los ciudadanos pero que se financia a través de sus impuestos, no podemos sino analizar las señales que se van emitiendo a través de la palabra presidencial. 
 
Como candidato AMLO fue extremadamente intolerante y tuvo expresiones tan desafortunadas como prensa “nauseabunda” o prensa “fifí” cuando recibió críticas. Como candidato ganador (21 de julio) le espetó al periódico Reforma que era parte de la prensa conservadora y que no odiaba pero no olvidaba. Como Presidente electo ha dado ya más de un traspié. El primero fue cuando dijo que esperaba que los conductores de la radio -Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui- debieran volver a tener un espacio. Flaco favor les hizo porque ellos tienen méritos propios y son voces que deben ser escuchadas por su propio peso, no por una petición presidencial que, querámoslo o no, obliga. La palabra de un Presidente, aunque sólo tenga la calidad de electo, es cosa seria. Más lo es cuando tiene el poder para imponer. 
 
La segunda fue cuando luego de su tercer encuentro con Peña Nieto les dijo a los reporteros, “Se portaron muy bien ayer eh, muy bien, como muy buenos periodistas...”. ¿Debe el Presidente calificar la labor y el profesionalismo de los trabajadores de los medios? La respuesta es: no.
 
La tercera fue el miércoles 5 de agosto. La ilegal reposición de una votación que había rechazado prácticamente por unanimidad la licencia solicitada por el ex Gobernador Manuel Velasco para abandonar su escaño en el Senado para al final, de nuevo violando la legalidad, otorgársela por “decisión superior” merecía una explicación. También la merecía el que cinco diputados del Partido Verde fueran recibidos en la bancada de Morena para alcanzar la mayoría por sí solo. Ambos comportamientos son francamente indignos de un partido que dice querer ejercer el poder de manera distinta. López Obrador no sólo se negó a dar esa explicación o, al menos, su opinión. Trató con desprecio a la fuente que lo sigue, especialmente a las reporteras, al decirles: “no voy a hablar de eso, corazoncitos (...) no, no, no, corazones, corazoncitos. No, corazón, gracias”. 
 
Un gobierno que busca la cuarta transformación debe plantear seriamente una política de Estado frente a los medios y asumir un compromiso irrestricto con la libertad de expresión. Mientras no los haya lo mínimo que puede esperarse es prudencia y respeto, no instrucciones, juicios y adjetivos.
 

 

amparocasar@gmail.com 
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