"Irracional, plantear un CPC callado"

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Norma Sánchez, roca en el zapato

Ni siquiera seis meses aguantó el modelo de simulación en el que se fundó el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, que se instaló en junio, cuando la primera crisis interna en el Consejo de Participación Ciudadana saca a relucir la naturaleza timorata de cuatro de los cinco integrantes del órgano, que cobran por fortalecer la transparencia en la cosa pública pero lo que promueven es el silencio cómplice frente a los desfalcadores de Sinaloa.

Tampoco Soledad Astráin Fraire había completados diez días como integrante del CPC, cargo al que fue designada sin conocimiento ni trayectoria de la lucha contra la corrupción, cuando se une a la embestida para amordazar a Norma Sánchez Castillo, la única voz que rompe con la sospechosa tolerancia, por omisión, dada a los fraudeadores del erario.

Norma Sánchez es la actual presidente del CPC y el fin de semana se convirtió en el objetivo principal de los demás integrantes, Enrique Hubbard Urrea, Soledad Astráin Fraire, Fernando Ruiz Rangel y Sergio Avendaño, que la acusan de apropiarse del Comité “violentando disposiciones normativas y ejecutando acciones que no han sido aprobadas”.

Con la rudeza que les ha faltado para señalar a los corruptos, los cuatro apuntan con índice de fuego a la mujer que aun contra las resistencias internas avanza en la transformación del funcionamiento del CPC, quitándole la palidez que le deriva de coexistir en los mismos sótanos del poder y reponiéndole la lozanía de exigir que el ejercicio del servicio público sea y parezca honesto.

Entonces vino lo absurdo de prohibirle a la ex presidente de Iniciativa Sinaloa que conceda entrevistas a los medios o que trate en público asuntos internos sin haberlos consultado antes con los componentes del CPC. ¿En qué sistema anticorrupción o esquema de libertades funciona el silencio como instrumento eficaz para combatir a los que cometen delitos contra las finanzas públicas?

Todo indica que a los miembros del CPC les preocupa más que a los saqueadores de las arcas gubernamentales, que los sinaloenses estén al tanto de los procesos legales por ilícitos como cohecho y peculado. Quieren ser, y no hay que permitirlo, la tapadera cara de la cloaca de la corrupción a pesar de que fueron puestos en esos cargos, en esa trinchera cívica, para cuidar los intereses de la sociedad no las codicias de los malversadores.

¿Por qué les molesta que el Comité de Participación Ciudadana haya recobrado la voz después de nacer mudo, se vincule con la sociedad de la cual absurdamente se desprendió y empiece a sanear las entrañas de un CPC que es de los ciudadanos y para los ciudadanos? ¿Ya se olvidó que la mudez de esta instancia fue interpretada por la población como más impunidad otorgada a funcionarios que fueron o que son juzgados por delitos de corrupción? ¿A quién si no a los ex servidores públicos les vino como anillo al dedo la extraña afonía del CPC mientras la gente exigía castigos ejemplares para las llamadas “ratas de dos patas”?
Por increíble que parezca, este fue el ruidoso petardo que tronó el viernes después de semanas de incomodidad de aquellos que sintieron que Norma Sánchez es una enorme piedra en sus zapatos, que les impide avanzar hacia un CPC de parapeto, con envoltura transparente pero de esencia solapadora.

Norma Sánchez posee una larga trayectoria de vigilancia del quehacer público y de realizar investigación para documentar hechos de corrupción. Su carrera no es la de un diplomado presencial sobre esta materia y ha librado desde otras trincheras ciudadanas batallas importantes, igual o más intensa que la realizada recientemente para que haya paridad de género en el CPC, lucha que por cierto benefició a Astráin Fraire, su ahora detractora.

La estrategia para desacreditar a Norma Sánchez explica el sentido que tomará el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en los próximos meses. Para elegir a los nuevos integrantes del CPC, el Comité de Selección privilegia en el currículum la capacidad que posean para ser indiferentes frente al fenómeno que carcome a todo en Sinaloa. Así se procedió en julio al designar a Fernando Ruiz Rangel y el prototipo se repitió al elegir a Fraire.

El requisito indispensable es que sean ciudadanos que entre menos convicciones posean para combatir la corrupción resulten moldeables al actual fingimiento en materia de moralización del gobierno. E ir depurando a aquellos convencidos de que esta tarea es en serio y que vale la pena invertirle vocación, conocimiento y valentía.

Reverso
Qué rebelde es esta Norma,
Que a perder la N se negó,
Intentaron llamarla Horma,
Pero el molde no le gustó.

La dolorosa realidad
Es valiente la declaración del coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, al exponer que “no podemos estar festejando que el homicidio va disminuyendo, cuando el delito de desaparición forzada se está incrementando. El delito de homicidio no ha disminuido, simplemente cambió el modus operandi a uno peor que el homicidio doloso”. Rompe con la vieja función del CESP de solapar las estadísticas delictivas oficiales. Se trata de una postura que necesita del respaldo social y de la disposición del Gobierno para revisar y atender el fenómeno como buen inicio para lograr la ansiada paz sinaloense.