Editorial
La impunidad en el homicidio de Javier Valdez representa la impunidad sistémica de este país.
Sí. Los asesinos del periodista sinaloense están si castigo, como los están los homicidas y agresores en el 99 por ciento de los casos de violencia contra periodistas. Y como está el 90 (o 98 por ciento, según otras estimaciones) de los delitos cometidos en este país.
México es un país de impunidad. La persecución del delito y la justicia son apenas una burocrática contención para que las cosas no estén peor.
¿Cultura, incapacidad, negligencia, omisión, condiciones sociales? Muchas son las causas que se citan para explicar que en este país se delinque como modo de ser. Pero pocas explicaciones hay para descifrar la inexistencia de justicia. Las pocas que hay apuntan a que el número excesivo de delitos excede las capacidades de las fiscalías y procuradurías del país y a expedientes insuficientemente sustentados.
Es momento de poner la lupa, no sólo sobre la investigación de los delitos y la pericia de los fiscales, sino al trabajo de los jueces que viven en un mundo de opacidad.
Solemos fiscalizar a los poderes ejecutivos y legislativos, pero no al judicial. Ha llegado la hora.
Si bien en el caso de Javier Valdez las deficiencias son en el proceso de investigación del homicidio, no menos cierto es que la impunidad es el destino de dos rutas: una que pasa por las fiscalías y otra que recorre los juzgados.
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