"La Asamblea, ¿encontrará el remedio?"

Para cuando aparezca publicado este texto habrá sucedido la XXII Asamblea Nacional ordinaria del PRI; antes se habrán celebrado las cinco mesas temáticas en distintos puntos del País, y en particular en Mazatlán se habrá discutido la referida a la irónica Rendición de Cuentas y Ética, que en Sinaloa ha quedado en duda, y los resolutivos de todas ellas serían llevados para su discusión final en el cónclave de ayer sábado que se celebró en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, con la asistencia de más de 10 mil delegados llegados de todos los rincones del País.

Independientemente de lo que se haya resuelto en estas mesas temáticas, lo fundamental primero es si esta Asamblea dará para adelante la iniciativa que ha venido trabajando Manlio Fabio Beltrones de convertir las coaliciones electorales en gobiernos de coalición.

Segundo, de acordarse lo anterior, el candidato de esa coalición sería uno partidista o un “independiente” propuesto por los partidos coaligados, en caso contrario significaría una derrota de Beltrones, la pregunta que está en el ambiente es cómo resolverían el tema de la candidatura presidencial priista, donde hay dos corrientes de opinión: Una, que siguiendo las viejas tradiciones priistas el Presidente Peña Nieto, vía dedazo, sea quien decida el candidato, y la otra, que la selección sea resultado de una consulta a las bases.

Vayamos por partes. El dedazo sería comprensible, aunque no totalmente democrático, con un Presidente fuerte y un partido ganador de elecciones, pero ni uno, ni lo otro, Peña Nieto tiene un índice de aprobación del 20 por ciento, lo que lo presenta como un Ejecutivo muy desacreditado producto de sus propios errores, excesos y escándalos.

Llevó eso a su partido a perder enclaves priistas sin alternancia y donde ha ganado el PRI los resultados son muy apretados, y existen severos cuestionamientos sobre los medios utilizados para alcanzar los triunfos, y eso ha llevado a que la última palabra la tengan hoy los tribunales de justicia electoral.

Una consulta a las bases sería prácticamente inédito en la elección presidencial, hasta ahora si bien el método está en los estatutos, y hasta se ha aplicado para seleccionar candidatos en los estados, es más bien excepción a la regla. Ésta ha sido potestad del Ejecutivo y sólo cuando han estado en la oposición han utilizado mecanismos abiertos sin que esto signifique que se abra sin ton, ni son. Más allá de las formalidades institucionales, están los que realmente influyen en las decisiones políticas del tricolor, es decir, el club de notables que son el Presidente, los gobernadores, legisladores, etc. y en ese sentido hace que la elección presidencial sea un simple arreglo entre sus élites. La conjugación PRIAN cobra sentido en un escenario de coalición, incluso en un acto desesperado podría sumarse lo que queda del PRD, que seguirá desgranándose a favor de Morena y así sería una versión extendida, de un Pacto Electoral por México.

Ahora bien, la experiencia electoral reciente en el Estado de México estará presente en el marco de la XXII Asamblea, lo realizado por sus operadores lleva a pensar que las elecciones mexiquenses fueron un laboratorio de lo que podría ponerse en práctica en las concurrentes de 2018, donde dicho de paso el PRI ganó gracias a sus aliados, pues lo separan 56 mil votos de lo obtenido por Morena. Más aún, de las seis entidades con mayor impacto en la lista nominal la oposición gobierna cuatro de ellas: Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato.

Coacción y compra de votos, manipulación de los resultados de muchas de las casillas electorales o las campañas sucias, son tan sólo algunas de las muestras, de lo que no se debería hacer en comicios pretendidamente democráticos, con autoridades electorales sometidas a una red de intereses y donde sus consejeros no están ausentes.

Una acción mayúscula de fraude electoral podría incendiar al País y destruir nuestra frágil institucionalidad electoral. Luego, entonces, la Asamblea del PRI debería sopesar el riesgo que significa apostar a una reedición de los sucesos del Estado de México, porque el País no se lo merece (claro, eso, ¿a qué partido pudiera importar? A ninguno).

El PRI tiene el poder presidencial y gobierna 15 estados, además tiene al alcance alternativas que en el plano electoral podrían significar la tesis leninista de dos pasos atrás, un paso adelante, es decir, replegarse para no perder el poder y seguir ejerciéndolo en forma interpósita y ahí ganaría la postura de Manlio Fabio Beltrones, pero también el partido, llevando como posibles candidatos a personas como José Antonio Meade u otro del mismo perfil tecnocrático, con lo que garantizaría la continuación de las reformas estructurales y no se le perseguirá como probablemente sucedería en caso de que AMLO llegué a ganar las elecciones.

En definitiva, el PRI sí tiene remedio, pero es un remedio amargo para los priistas que están acostumbrados a estar en el poder cuando manejan presupuesto, asignan obras, reciben moches y disfrutan los placeres que otorga el control político, pero se descomponen cuando lo pierden como podría suceder en 2018.

Entonces, si habría que sintetizar la ecuación política, la disputa no será entre peñistas y beltronistas, si no entre racionalidades unas más proclives al autoritarismo y otras quizá menos, que a estas alturas es la sobrevivencia simple y llana.

En fin, es poco lo que se puede esperar de las mesas temáticas y los esperados pronunciamientos victoriosos de la asamblea nacional, con sus infaltables llamados a la unidad. Al tiempo.