"La ausencia de sistemas de información educativa"

@luisdanielrguez

@Mexicanos1oSin

www.mexicanosprimerosinaloa.org

El acceso a la información es un derecho humano. Que sea clara, veraz, oportuna, relevante y confiable, permite que el poder político esté expuesto a las exigencias de la ciudadanía. De esta forma, los sistemas públicos de información permiten monitorear en qué medida se garantizan los derechos, y en el caso concreto de la educación, ayudan a conocer la calidad de los servicios de apoyo a las escuelas, los problemas que enfrentan y, a su vez, fortalecen la autogestión de las mismas. No obstante, aunque en México se ha intentado impulsarlos, en la actualidad se carece de un sistema nacional público que posibilite a la sociedad percatarse sobre el cumplimiento (o no) del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes.

Si la pregunta es ¿de qué nos serviría un sistema de información respecto a todas las condiciones educativas en las que se encuentran las niñas, niños, docentes y sus escuelas? Ejemplifiquemos con una actividad cotidiana. Imaginemos que nuestro sistema educativo es un automóvil. Al encenderlo, inmediatamente el panel de control nos indica el estado en que se encuentra el vehículo con cosas sencillas como avisarnos que alguna puerta está abierta, que el cinturón de seguridad no está abrochado o que necesitas cargar combustible, hasta situaciones más complejas como alertarnos sobre un nivel bajo del líquido de frenos, falta de carga de la batería o alguna anomalía en el motor que requiere revisión.

En efecto, el panel de control es un sistema que nos ayuda a conocer sobre las condiciones y necesidades de un automóvil y así realizar los respectivos ajustes para mejorar su funcionamiento. Y esta información es precisamente lo que requerimos y debemos exigir a las autoridades para la sociedad, pues de otra manera, sólo estaremos dando pasos en la oscuridad sin saber hacia dónde vamos o en qué debemos enfocarnos para lograr una educación inclusiva en donde todos puedan estar, aprender y participar.

Pues bien, esto se intentó anteriormente con la reforma de 2013, a través de la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), el cual quedó sujeto a cuatro grandes mandatos: 1) Creación de un nuevo registro nacional con información de alumnos y maestros; 2) Transparentar la nómina educativa; 3) Contribuir a la mejora de la gestión educativa y; 4) Facilitar la comunicación operativa.

Sin embargo, al contar con múltiples propósitos, no todos estos planteamientos han logrado consolidarse. Por ejemplo, en el primer apartado, no se sabe acerca de las condiciones materiales en las que se encuentran las escuelas más allá de los datos que arrojó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) en el año 2013. En cuanto al segundo planteamiento, aun cuando la nómina educativa federal es sometida a procesos de verificación anuales, se han encontrado numerosos registros irregulares del personal que muestran un enorme desorden administrativo e implican posibles daños a la Hacienda Pública. Asimismo, también es grave que no se cuente con información pública referente a la nómina estatal, la cual a la fecha se mantiene en la opacidad.

Los intentos por crear sistemas de información han sido insuficientes y dirigidos principalmente para uso de los funcionarios públicos, lo que genera un bajo nivel de participación en los procesos democráticos, pues sin la apertura de datos e información clara y precisa, difícilmente las personas se involucran en la toma de decisiones.

Actualmente no existe un sistema único para el monitoreo de programas, aun cuando algunos de ellos, como La Escuela es Nuestra, por ejemplo, estipulan que es a través de éste en donde se hará el registro y seguimiento del mismo. Otro problema sería que se pretenda la creación de plataformas alternas para cada programa, pues volvería más complejo el proceso para que las personas cuenten con información pertinente referente a las escuelas.

No obstante, es de destacar que fortalecer el SIGED es uno de los compromisos del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto, en donde, con la corresponsabilidad de autoridades y organizaciones de la sociedad civil (entre ellas Mexicanos Primero), se busca un sistema unificado, actualizado y accesible para todo el público que proporcione información oportuna y congruente, con criterios de calidad y perspectivas como género para identificar y atender los problemas que enfrentan las comunidades educativas (supervisores, directivos, docentes y alumnos), así como las condiciones en las que operan.

La legislación estatal no puede quedar al margen de los avances nacionales y debe aportar desde lo local para nutrir este sistema. De esta manera, se le permitiría a la sociedad monitorear el avance educativo, a las escuelas impulsar su autonomía de gestión y a las autoridades tomar decisiones estratégicas para planear y operar efectivamente. Con ello se garantizaría el derecho de acceso a información pública y protección de datos personales, y a su vez, el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes.