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Cuando las organizaciones de la sociedad civil, los expertos en derecho y la opinión pública de avanzada impulsaron la autonomía de las fiscalías como instrumento para la superación del rezago en la política criminal del país, quizá nunca imaginaron lo que iba a ocurrir: el encumbramiento de verdaderos señores de horca y cuchillo que hoy por hoy no le rinden cuentas a nadie.
¿Ha disminuido la impunidad? ¿Se ha erradicado la tortura? ¿Ha mejorado la cientificidad de la investigación penal? ¿Van los delitos a la baja?
Nada de eso ha pasado durante los 11 años en los que ha dirigido el Ministerio Público Carlos Zamarripa Aguirre, quien además tiene otros ocho por delante, por encargo de ley.
En cambio, hoy los policías estatales y los agentes ministeriales pueden matar a un ciudadano sin que eso tenga consecuencias. Ahí están los casos de Leonardo Reyes, de Leonardo Aguilar y ahora el de Juan Carlos Padilla.
La forma de eludir la responsabilidad de un asesinato extrajudicial es la criminalización por parte de la autoridad, la condena sumaria en ausencia de un Juez: Leonardo Reyes disparó contra los agentes, aunque era un muchacho pacífico de vacaciones en su rancho en una pausa de su aventura migrante; Leonardo Aguilar era un joven originario de Santa Rosa de Lima y ahí la geografía es incriminante; Juan Carlos estaba acusado de violación y sin pasar por un juicio murió y ahora su memoria es ensuciada desde el más alto nivel del estado.
Es decir que en la práctica, en Guanajuato existe una pena de muerte de facto, grave en sí misma y peor aún cuando solo se produce por sospechas, cuando no por fabricaciones posteriores a los hechos.
¿Qué piensan de esto los sesudos abogados de esta tierra de juristas que se preciaba de excelencia sobre el tema en la universidad local, por cierto regida hoy por un penalista autor de bibliografías al respecto?
En Guanajuato, de la mano de un partido que se quería humanista en sus lejanos orígenes y de una secta que buscaba “instaurar el reino de Dios en la tierra”, ha llegado una barbarie que nunca nos imaginamos.
Mientras en el estado de Texas solo tres personas han sido ejecutadas legalmente en 2020, en Guanajuato los medios han documentado un número similar de asesinatos en acciones policiales confusas, fuera de protocolo o malintencionadas en un lapso menor a dos años.
El tema debería preocupar en una entidad que quiere dirigirse a una modernidad de ensueño y convertirse en ejemplo para el resto del país, si hacemos caso a los discursos de sus élites. Si algo prueba la historia es que los desarrollos entre más desiguales son generan más problemas que los alejan del bienestar.
Sin embargo, la misma Fiscalía que ha inventado el “permiso para matar” en Guanajuato, se toma las cosas con demasiada calma cuando se trata de no afectar intereses de quienes ostentan poder político o económico en el estado.
Casi al mismo tiempo que se conocía la muerte de Juan Carlos en Celaya en una detención con métodos cavernarios, en León se exponía la inacción de la Fiscalía del estado en un caso de abuso infantil por el directivo de un colegio privado, 10 meses después de que se había interpuesto la denuncia ante el Ministerio Público y la Secretaría de Educación. Diez meses nada más sin que nada pasara, suficientes para que el presunto responsable saliera del país y se refugiara en Europa, de acuerdo a versiones de cercanos a su familia.
La procuración de justicia que no se tienta el corazón para castigar hasta provocar un infarto a un hombre en Celaya, elige la inmovilidad para no molestar a un integrante de una de las familias más encumbradas de León.
Lo mismo que ocurrió en el caso del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, protegido por sus relaciones políticas con encumbrados políticos para eludir su presentación ante la justicia por el manejo irregular y violatorio de derechos de sus albergues de menores, pese a haber órdenes judiciales para investigarlo.
Dos tiempos y dos formas de la justicia. Dos varas y dos medidas. No dudo que en la obra de Manuel Gómez Morín existan no una sino varias reflexiones de gran nobleza humanista sobre este flagelo en México. Y sin duda panistas como Luis Felipe Bravo o Juan Carlos Romero serían capaces de incluirlas en emotivos discursos.
Lamentablemente, no es ese el espíritu con el que hoy gobierna su partido en Guanajuato y procura justicia Zamarripa Aguirre.
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