"La iniciativa que no nació para morir"

Periodistas y ombudsman, ¿cuándo?

Se está llegando el tiempo, o agotando según se vea, para que la 63 Legislatura del Congreso del Estado decida qué hacer con la iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, que el 13 de junio le fue presentada y cinco meses después va a contrarreloj en la agenda parlamentaria. Por cuestiones administrativas, de no aprobarse en los próximos 44 días se corre el riesgo de que entren a operar hasta 2021 las medidas y organismos para la defensa de las garantías constitucionales inherentes a la propuesta.
Se trata del proyecto de ley que crea el Instituto Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que significa el único esfuerzo local que se ha realizado desde ambos sectores, el de la prensa y el ombudsman, para avanzar hacia condiciones donde nadie pague con la vida por informar o defender a la sociedad.
El viernes, invitado por la Asociación de Periodistas de Los Mochis y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, expuse en el fascinante pueblo mágico de El Fuerte, en el marco del IV Seminario Regional de Periodismo, que la iniciativa les pertenece a todos los periodistas y defensores de los derechos humanos de Sinaloa, como punto de partida para la protección integral del ejercicio de las libertades.
Se ha informado en las instancias del Congreso del Estado que el proceso legislativo empezará a correr esta semana y ello marca la hora definitiva para corroborar si es sincera la convicción por fortalecer el amparo de la Carta Magna a comunicadores y luchadores sociales, que sí existe en demasía en el discurso de los políticos y se separa de la congruencia a la hora de los hechos.
Antes, el 7 de noviembre, en una reunión a la que invitó el Grupo Parlamentario del PRI que preside el Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, a la cual acudieron también María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, y Leonor Solano, en representación del centro ciudadano de investigación Iniciativa Sinaloa, insistimos en los argumentos para que la iniciativa adquiera la categoría de ley.
Señalamos que si bien es cierto que Sinaloa no está en la situación de máxima gravedad que enfrentan otros estados de México en cuanto a libertad de expresión y derechos humanos, aquí la amenaza del crimen organizado está latente y puede saltar a atacar en cualquier momento como se corroboró el 17 de octubre en Culiacán, mientras que la intolerancia manifiesta en políticos de cuño autoritario está a punto de pasar de la embestida anónima en redes sociales y pasquines, a la agresión directa contra la integridad de los que le son incómodos a los nuevos caciques empoderados.
Persiste, además, el aliento que reciben de la impunidad los enemigos de la libertad de expresión y derecho a la información pues el 15 de noviembre, día en el que Quirino Ordaz Coppel entregó su tercer informe de labores al Congreso, se cumplían 30 meses sin justicia en el crimen que le costó la vida al periodista Javier Valdez Cárdenas, sin que las fiscalías federal y estatal, ni la Presidencia de la República ni el Gobierno de Sinaloa, muestren interés en castigar a los que lo asesinaron y quienes dieron la orden.
Son bastantes las razones para plantearles a todos los diputados de la 63 Legislatura que eviten que la iniciativa entregada al Congreso muera de frío en la congeladora de la Cámara estatal. La propuesta, suficientemente respaldada en el sentir de quienes la presentamos, no fue hecha para que acabe en el los archivos muertos del Congreso.
Esa tiene que ser la señal de solidaridad que los asambleístas ofrezcan a los defensores de derechos humanos y los periodistas, protección extendida a los sinaloenses en general que son la razón de ser de quienes se juegan la vida para hacer valer los artículos primero, sexto y séptimo de la Constitución de México. Esperar a que la ley entre en vigor en el convulsionado 2021, donde los apetitos de poder estarán muy por encima de la razón y el derecho, equivale a prolongar el peligro y la impunidad que no se detienen.
Hoy, que desde el nuevo régimen se atenta contra la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora que la intransigencia política se convierte en puñal blandido contra la prensa y defensores sociales en pleno desamparo. En este contexto donde las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión consideran que México es el País más peligroso del mundo para los periodistas. Aquí, donde la narcoviolencia nunca pensó en irse y se agazapó en el parapeto de la ingobernabilidad.
Ahora, Diputadas y Diputados del Congreso de Sinaloa.

Reverso
Son plegarias que sin ser rezo,
Sí han de ser reclamación,
A que unido el Congreso,
Ya delibere: ¡Protección!

Fósiles de la 4T
Resaca de los buenos tiempos de la hipocresía política, en cuanto compró con recursos públicos una camioneta de lujo con un costo de un millón 69 mil pesos, el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se va a otro de sus viajes de placer, ahora a Madrid, España, acompañado por la Banda El Recodo, a la Feria Internacional de Turismo. ¿Qué pitos va a tocar allá? También debería llevar a Paquita la del Barrio para que al ritmo de la tambora le grite “¿me estás oyendo, inútil?”, y que su conciencia no esté tan tranquila a dondequiera que vaya.
alexsicairos@hotmail.com