Editorial
El Gobierno federal mexicano decidió no realizar pruebas de Covid-19 de manera masiva a la población, argumentando que no es una medida que pueda resolver nada.
Sin embargo, todos los países que han conseguido aplanar la curva lo han hecho de esa manera: realizando la mayor cantidad de pruebas posibles, detectando a las personas contagiadas y manteniéndolas en aislamiento hasta que dan negativo en las pruebas.
Ayer, senadores panistas protestaron por lo que consideran una decisión equivocada de las autoridades y se pusieron unos tapabocas donde se podía leer la palabra: pruebas.
El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, salió al aire para asegurar que aplicar pruebas a toda la población es “un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos”.
Y en la respuesta está el truco, porque es cierto que no se pueden aplicar pruebas a toda la población en un país con 126 millones de habitantes, pero nadie le está pidiendo eso.
Ningún país con una población tan grande está haciendo pruebas a toda su población, lo están haciendo a las personas que tienen algún síntoma que son sospechosos de haber estado en contacto con alguna persona contagiada.
El problema es que en México las pruebas están destinadas para personas con síntomas muy fuertes, ya prácticamente en estado de hospitalización, es más muchas de las personas que dan positivo en las pruebas ya ni siquiera están vivas a la hora en que se obtienen los resultados.
La cruda realidad es que el Gobierno federal mantiene el control de las pruebas y ni siquiera permite a los estados que realice pruebas a su arbitrio.
Usted se preguntará si detrás de esta decisión ¿hay razones políticas, económicas o de alguna otra índole?
Son todas al mismo tiempo o es simplemente cerrazón, pero la estrategia de México ha sido la de encerrarse y cerrar los ojos.
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