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La República laica, (en el próximo gobierno) Opinión

Roberto Blancarte
07/08/2018 | 04:05 AM
¿Qué tipo de relación va a establecer el nuevo gobierno con las agrupaciones religiosas? Asumiendo que será una administración “juarista” ¿qué tipo de laicidad tendrá en mente? Las señales hasta ahora son vagas y confusas, por no decir contradictorias, pues más allá del amor y paz, del ecumenismo, del diálogo entre religiones, así como entre creyentes y no creyentes, cosa que además de siempre haber existido, no es necesariamente tarea del gobierno, lo cierto es que no queda claro cómo ve éste su papel en dichos asuntos. La pifia cometida en relación a la supuesta participación del Papa en los seminarios proyectados sobre paz y reconciliación es nada más una muestra de la inexperiencia y falta del mínimo conocimiento en cómo se maneja la Santa Sede. El asunto de cómo se va a desempeñar la numerosa fracción del PES en las dos cámaras es otro tema que nadie ha querido tocar, pero es obvio que habrá allí una presión interna para modificar Constitución y leyes en materia religiosa, así como sobre temas sociales de interés para grupos religiosos de orientación conservadora.
La principal tarea de cualquier Estado, en esta materia, es regular la participación social y pública de las organizaciones religiosas. Y por supuesto, hay muchas maneras de hacerlo. Los gobiernos tienen que recordar que la ciudadanía es plural y diversa, por lo que tienen que garantizar los derechos y libertades de todos, independientemente de sus creencias religiosas o filosóficas. Nuestra Constitución establece claramente una serie de principios con este objetivo, siendo los tres centrales: 1) el principio de laicidad de la República, 2) el principio histórico de separación entre los asuntos del Estado y los de las iglesias y, 3) el principio de laicidad de la escuela pública. Luego, la propia Constitución, así como las leyes generales, establecen una serie de derechos y obligaciones a las agrupaciones religiosas y a sus ministros de culto. Pero también a los funcionarios públicos. Uno de ellos, precisamente para preservar el principio de separación y que nos viene desde Juárez, es la prohibición a todos los funcionarios públicos federales, estatales y municipales, de participar con carácter oficial en las ceremonias religiosas de culto público. Ignorar eso, o meter a ministros de culto en responsabilidades que le corresponden al gobierno, no es la mejor manera de respetar dichos principios.

 

roberto.blancarte@milenio.com
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