"La urgencia de ir más allá de la fantasía"

pabloayala2070@gmail.com

El combate a la corrupción es una tarea ineludible e impostergable. En noviembre de 2018, Roberto Martínez Yllescas, director de la sede de la OCDE en México para América Latina, señaló que la corrupción le costaba a México alrededor del 10 por ciento del PIB. Traducido ese porcentaje a los recursos que se necesitan invertir para satisfacer necesidades tan básicas como el acceso a la salud, la educación y la vivienda, el tamaño del despropósito adquiere tintes dantescos.

Por esta y otras muchas razones más, coincido en el afán de López Obrador de encarar y declararle la guerra a la corrupción en todos los niveles, pero difiero en algunas de las estrategias y recursos que están empleándose para postergar o, definitivamente, eludir algunos de los principales compromisos contraídos a nivel internacional y nacional en esta materia. Me explico.

El día de ayer fue el cierre de un congreso académico organizado en la ciudad de Querétaro por la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas y la Red Latinoamericana de Enseñanza de la Ética. Además de la alegría de encontrarme con muchos buenos amigos, tuve la oportunidad de toparme con una ponencia que no-tuvo-desperdicio, impartida por Carlos Cerda Dueñas, profesor e investigador del Tec de Monterrey en temáticas asociadas a la cooperación para el desarrollo. Su reflexión me dejó tan tocado que no pude resistir pedirle autorización para compartirla con usted en este espacio. Cualquier omisión o distorsión de lo expuesto por él es responsabilidad mía.

La trama tiene su origen en la Cumbre de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en New York en septiembre de 2015. Ahí se discutió la necesidad de incorporar el combate a la corrupción en la Agenda 2030. Dicho propósito quedó contemplado en el objetivo de desarrollo sostenible número 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) fraseado del siguiente modo: “16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”.

En lo particular a mí el fraseo no me motiva mucho. Si la ONU verdaderamente busca que en los países miembros de la ONU haya paz, justicia e instituciones sólidas, como mínimo, debería aventurarse a declarar que pretende acabar definitivamente con la corrupción y el soborno en todas sus formas, y no conformarse solo con “reducir” considerablemente” ambas patologías sociales.

A lo tibio de la declaración contenida en el objetivo, se vendría a sumar otro factor que dificultaría su realización: la financiación. Esta se discutió en Addis Abeba entre el 13 y 16 de julio de 2015, donde se reafirmó: “la importancia de la libertad, los derechos humanos y la soberanía nacional, la buena gobernanza, el estado de derecho, la paz y la seguridad, la lucha contra la corrupción a todos los niveles y en todas sus formas, y las instituciones democráticas eficaces, que rindan cuentas e inclusivas en los planos subnacional, nacional e internacional, ya que todo ello es fundamental para posibilitar una movilización y una utilización eficaces, eficientes y transparentes de los recursos. [...] La buena gobernanza, el estado de derecho, los derechos humanos, las libertades fundamentales, la igualdad de acceso a sistemas de justicia imparciales, y las medidas para luchar contra la corrupción y frenar las corrientes financieras ilícitas serán esenciales en nuestros esfuerzos. [...] Redoblaremos los esfuerzos encaminados a reducir sustancialmente las corrientes financieras ilícitas para 2030, con miras a finalmente eliminarlas, en particular luchando contra la evasión de impuestos y la corrupción mediante el fortalecimiento de la regulación nacional y el aumento de la cooperación internacional. [...] Instamos a todos los países que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y se adhieran a ella, y alentamos a las partes a que examinen su aplicación ...”.

Como era de esperar, y por el rol y peso que México sigue teniendo en la ONU, ratificamos la Convención comprometiéndonos a convertirla en realidad. Por favor, no desespere que está por comenzar lo mejor de esta historia.

Durante el Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible, celebrado en Roma entre el 27 y 29 de mayo pasado, como parte de los países miembros de la ONU, México presentó su Informe Nacional Voluntario para dar cuenta de los avances obtenidos hasta el momento.

De la corrupción, en específico, el Informe a partir del indicador 16.5 determinó dos metas nacionales que denominó “prioritarias”: “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas” y “Asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción en todo el territorio”. Ciertamente, las metas no están nada mal, sin embargo, el balde de agua fría viene a partir de lo que se informa en el Reporte 2019 sobre lo alcanzado con relación a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según el reporte, nuestro País está en “números rojos” en la erradicación del hambre, la educación de calidad, el acceso al agua limpia y el saneamiento, la energía limpia, el trabajo decente y crecimiento económico, el desarrollo de la industria, la innovación y la infraestructura, la reducción de las desigualdades, el cuidado de la vida en la tierra y la paz, justicia y fortalecimiento de las instituciones, donde se encuentra la lucha contra la corrupción.

¿Qué es lo preocupante de la historia de la agenda? En principio, como decía Carlos Cerda en su exposición, nuestro compromiso con la erradicación de la corrupción se encontraba atado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, plan que el Presidente López Obrador desechó por considerarlo una “extensión del programa neoliberal del antiguo régimen”, reescribiendo otro que consideró reflejaba de una mejor manera el espíritu de la 4T.

El carácter y tono panfletario de dicho plan imposibilita abordar y trabajar de manera sistemática muchos de los problemas contenidos en la agenda 2030. Para muestra un botón: en el documento se dice que “Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual está decidido a eliminar los privilegios”. ¿Lo anterior quiere decir que hemos alcanzado la meta declarada ante la ONU?

Quizá, y esto es una mera suposición de mi parte, el optimismo presidencial está a flor de piel por el hecho de que “la decisión de eliminar los privilegios” resulta compatible, por su ambigüedad, con la meta declarada en el indicador 16.5: “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”. La detención de Juan Collado y Rosario Robles, sin duda, hablan de una cierta decisión, pero ambos logros aún están a la distancia de que el fenómeno de la corrupción se haya “reduci[do] considerablemente”.

El otro asunto que preocupa es que el mecanismo con el que se realizará este objetivo es el Sistema Nacional de Anticorrupción. Por el momento resulta difícil hacer un juicio sobre su funcionamiento, ya que apenas está terminando de configurarse. Total, tiempo hay, el asunto no urge porque, como dijo el Presidente, después de haber barrido las escaleras de arriba hacia abajo, “la corrupción se terminó; [porque] eso es cosa del pasado”. Más que cosa del pasado, el hecho me parece ser una linda fantasía.