"La útil vejez del sistema anticorrupción. En Sinaloa se trabó para bien del pillaje"

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Aprobada en junio de 2017 muy apegada al fingimiento del Gobierno federal, el de Enrique Peña Nieto que a la sombra del poder practicó el inmenso y procaz saqueo de recursos públicos, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa respondió a una moda sexenal, pero ahora debe convertirse en eficaz instrumento jurídico que detecte, fundamente y sancione los delitos contra el patrimonio social que persisten con similar o mayor incidencia a antes de entrar en vigor dicha norma, todo porque la impunidad continúa intacta.
Sin embargo, para avanzar al auténtico saneamiento de la cosa pública se necesita enderezar primero los engranajes que integran el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa (Semas), y particularmente el Comité de Participación Ciudadana (CPC) que representa la portería cívica para que nunca más los funcionarios saqueadores o rapaces anoten goles en contra del equipo que juega a favor de la rendición de cuentas.

Sin detenerse siquiera a contemplar el rechazo a la crítica de esa parte aparentemente ciudadana que hasta hoy funciona como embrague trabado, la reforma a la ley del sistema anticorrupción ha de consistir en un ejercicio profundo de evaluación, con la necesaria autorrevisión de los que hoy son parte del modelo, teniendo como objetivo dar los pasos a partir de la actual norma, parto coyuntural de la vieja usanza simuladora, a un marco legal que reactive la lupa, los ojos, la voz y los candados colocados a servidores públicos deshonestos.

En esto procede a sentar bases la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (Recias) que presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reformas para ajustarle las tuercas al Semas antes de que éste acabe como un instrumento cívico desvencijado que se cae a pedazos hacia el lado de las complicidades. En principio el diagnóstico es crudo, aunque duela: el Comité de Participación Ciudadana no ha hecho lo que debiera y sus integrantes cobran bien pero brillan por su ausencia al definir posturas o estrategias frente a reincidentes episodios de corrupción.

La iniciativa que es firmada por Silber Alonso Meza Camacho, Gustavo Enrique Rojo Navarro, David Moreno Lizárraga, Sibely Cañedo Cazarez, Edna Lizette Fong Payan, Amparo Natalia Reyes Andrade, Gustavo Andrés Rojas Ayala, Anna Karenina Velarde López, Magdiel Leyva Obeso, Priscila Rebeca Salas Espinoza y Jesús Guillermo Padilla Montiel señala inconsistencias legales que hacen prevalecer la ausencia de un enfoque ciudadano para la creación de políticas públicas anticorrupción efectivas, porque privilegian perfiles burocráticos y alineados a los intereses existentes de los gobiernos estatal y municipales.

Propone en sí reformas a los artículos 16 y 17 para afianzar los requisitos de probidad y prestigio en lo referente a la contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción; elimina el requisito de edad determinada para cambiarlo por experiencia verificable de al menos cinco años en la materia, así como fortalece la paridad de género en el CPC, alternándose la mayoría de hombres o mujeres cada año.

Si bien es cierto que esta propuesta de Recias atiende aspectos que limitan la participación de jóvenes, pervierten el perfil requerido para ser parte del sistema estatal anticorrupción y obstaculizan la llegada de mujeres al CPC, igualmente es verdad que tendrán que venir otras reformas estructurales que fortalezcan la autonomía del Semas desvinculándolo de entes de gobierno y abrazándolo más la sociedad civil.

El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se creó hace tres años en respuesta a la tendencia nacional, presionada por la directriz internacional en el mismo sentido, pero está lejos de corresponder a la realidad estatal que, dicho sea de paso, en los hechos fomenta, solapa y justifica conductas de funcionarios que se tipifican como afectación al patrimonio público. El Semas es sobre todo un ensamblaje a lo nacional, cuando debiera ser un esquema a la medida de Sinaloa.

El planteamiento de origen es bueno: hacer valer los “principios rectores que rigen el servicio público de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito”. Lo malo es que la experiencia de más de mil días va en sentido contrario de esos postulados, con la corrupción desbordada y los órganos de control anulados.

Va un botón de muestra del Comité de Participación Ciudadana de ornato. El artículo 23 de la ley de marras lo faculta para solicitarle al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. ¿Alguien recuerda alguna petición que el CPC haya realizado en ese sentido desde que en junio de 2019 se instaló el sistema estatal anticorrupción?

Reverso

En los escondites más abruptos,
De un sistema disfuncional,
Continúa viéndose normal,
La larga cola de los corruptos.

Blindaje al silencio

La Presidencia de la República había levantado toda una barricada ayer para evitar que periodistas locales puedan cuestionar a Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera que ofrecerá hoy en Culiacán, blindada en la base militar El Sauz. Con esa mala calca de los gobiernos totalitarios, neoliberales les llama AMLO, que selectivamente decidían qué prensa les resultaba más cómoda y cuál les echaba a perder el guión del elogio inducido, bastantes preguntas que Sinaloa quiere hacerle al Mandatario quedarán sin respuesta. Por lo pronto, Presidente, venga más seguido para que la Guardia Nacional salga de sus cuarteles a cuidar a los ciudadanos como sí lo hizo desde ayer para protegerlo a usted.