"LAPO: sentencia histórica... ¿y los demás?"

Trece años y seis meses en prisión, la devolución de 8.6 millones de pesos, una multa económica de 57 mil pesos y la inhabilitación por 27 años del servicio público, es la sentencia para Luis Ángel Pineda Ochoa, mejor conocido como LAPO.

“Se apreció que la chequera estaba a su alcance, aprovechando los recursos que su estatus de servidor público le otorgaban...” [y] “Se advierte un desdén a principios de moralidad, ética y honradez que toda persona que vive en una sociedad regida por las leyes”, dijo la jueza Sara Bruna Quiñonez, así nos cuenta el reportero José Abraham Sanz, quien ha hecho un gran seguimiento del caso para Noroeste.
Tras la pifia por la violación al debido proceso en el delito de peculado, la Fiscalía de Sinaloa logró una importante victoria esta semana al conseguir la pena máxima por el delito de desempeño irregular de la función pública y casi cuatro años adicionales por la “máxima gravedad en su actuar” y el “dolo intenso” del exfuncionario malovista.
La sentencia es histórica y hay que reconocerla pues es la primera vez que los sinaloenses vemos que una acusación de corrupción contra un exfuncionario estatal prospera hasta llegar a una condena penal de esta envergadura.
La condena representa además un fuerte mensaje a los funcionarios públicos actuales y al grupo político de Los Mochis del que surgió Pineda Ochoa, quien si bien nunca fue un pez gordo del malovismo, sí es cercano a Villarreal y López Valdez.
Pero que la condena sea plausible no significa que la lucha anticorrupción en Sinaloa esté terminada. Hasta ahora, un corrupto no hace verano.
No digo que hay que menospreciar el logro que representa la condena a Pineda Ochoa, pero si no construimos instituciones y procedimientos más sólidos para investigar y castigar a los servidores públicos que incurren en actos de corrupción, las victorias serán pírricas y los peces capturados, puro charalito.
Eso implica fortalecer la ciudadanización del Sistema Estatal Anticorrupción, respetar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y dedicar más recursos a la Fiscalía General del Estado para que incremente y profesionalice sus capacidades de investigación.
¿Por qué? Porque ya vimos como “el gran desfalco” de 2 mil millones de la administración malovista anunciado por Guadalupe Yan en julio de 2017, apenas a unos meses del arranque del gobierno de Ordaz Coppel, se redujo a casos menores como el de LAPO y a un acuerdo increíblemente benévolo con el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría, quien pagó en abonos la mitad de lo desviado sin pisar la cárcel.
Vale recordar que en enero de 2003, Pineda Ochoa fue procesado por el delito de daño en propiedad ajena. Libró la pena al pagar una fianza pero esos antecedentes no le impidieron desempeñarse primero como administrador de seguridad pública con Frank Córdova Celaya y luego como secretario técnico de la secretaría de Turismo con el mismo funcionario.
Los antecedentes fueron revelados desde entonces, pero tanto Córdova como el exgobernador Mario López Valdez se hicieron de la vista gorda y LAPO continuó en su puesto con total tranquilidad.
Ahora sabemos el porqué de la protección: Pineda trianguló recursos públicos para entregarlos a sus jefes políticos, de acuerdo con las declaraciones de Rafael Lizárraga Favela, último secretario de turismo de López Valdez, y quien fue uno de los testigos en el proceso judicial que derivó en la histórica sentencia. “Así, de caballeros, te voy a hablar con la verdad, esas campañas no se realizaron, ese dinero yo lo saqué porque recibí instrucciones superiores’”, le dijo LAPO en un centro comercial sin mencionar nombres.
“Se aplicó la ley” en el caso de Pineda, reiteró el gobernador Quirino Ordaz y eso es cierto. La victoria no es del gobernador sino de la Fiscalía de Ríos Estavillo, pero las preguntas pertinentes ahora son otras: ¿A quién entregó LAPO los recursos desviados?, ¿de quién fueron las órdenes para que realizara esos 41 cheques a sabiendas de que delinquía?, ¿quiénes integran la red que le ordenó y lo protegió hasta ahora?, ¿investigará la Fiscalía esa red o se conformará con cacarear el huevo logrado?
El próximo 16 de julio sabremos en dónde y a partir de cuándo Luis Ángel Pineda Ochoa deberá purgar su condena. Por ahora espera en libertad el cumplimiento del plazo pues no se le dictó prisión preventiva.
Yo solo advierto: ¡No se les vaya a pelar!
adrianlopezortiz.com