"Las mañaneras y la razón pública"

A Jorge

En El derecho de gentes, el celebérrimo John Rawls señala que una de las características básicas de toda democracia es que ésta florece en el marco de un “pluralismo razonable”, es decir, en un espacio donde confluye una gran diversidad de doctrinas religiosas, políticas y morales que acompaña la dinámica de las instituciones libres.
Ante la deseable y a la vez inevitable diversidad de posiciones y posturas que trae consigo dicho pluralismo, como bien apunta Rawls, los ciudadanos “no pueden alcanzar acuerdos e incluso acercarse al mutuo entendimiento si tratan de alcanzar acuerdos a partir de sus irreconciliables doctrinas generales”, es decir, desde sus credos religiosos, ideologías políticas y las concepciones de vida buena, plena, realizada que cada quien abraza y defiende.
Así, nuestro autor entiende que una de las mejores vías para alcanzar el entendimiento mutuo y la convivencia pacífica en este contexto de diversidad se logra mediante eso que él entiende como razón pública, y que describe como ese mecanismo que “especifica al nivel más profundo los valores morales y políticos básicos que determinan las relaciones de un gobierno democrático con sus ciudadanos y de éstos entre sí. Dicho en pocas palabras, [la razón pública] concierne a cómo se ha de entender la relación política”.
Rawls dice que esta razón es pública en tres sentidos: “como razón de los ciudadanos libres e iguales, es la razón del público; su tema es el bien público referente a cuestiones de justicia política fundamental, es decir, cuestiones constitucionales esenciales y cuestiones de justicia básica; y su naturaleza y contenido son públicos puesto que se expresan en una argumentación pública mediante una familia de concepciones políticas razonables de la justicia, razonablemente pensadas para satisfacer el criterio de reciprocidad”.
Traigo a cuento este rollo con pinta de curso de filosofía política, debido a las posibilidades que aporta la idea de razón pública de John Rawls para poder comprender una de las aristas de la crisis por la que atraviesan algunas instituciones públicas en México, y muy en especial el IMSS. Me explico.
Aunque con frecuencia lo olvidemos, la nuestra es una democracia liberal donde confluyen “doctrinas generales” que en determinado momento pudieran resultar irreconciliables entre sí. Difícil pensar que un católico ortodoxo comulgue con la idea de vida realizada de un agnóstico, o que coincidirán en lo que deben ser los ideales y obligaciones del político quienes votaron por López Obrador y los que lo hicieron por Margarita Zavala, o que abuelas y millennials abrazarán los mismos valores. Justamente la maravilla de la democracia liberal es que en ella confluyen distintas doctrinas generales sin que la sangre llegue al río, ya que cada quien tiene plena libertad para pensar, creer, opinar, asociarse y dirigir sus pasos hacia donde se le dé la gana.
Hasta aquí, la historia suena bastante bien, sin embargo, la diversidad, tan llevada y traída por los valores que encarna, no resulta nada fácil de administrar cuando de convivencia armónica y pacífica se trata. Aun y cuando desde la educación primaria se nos ha recetado el abecé del civismo, nuestra sociedad es profundamente fóbica; repudiamos, descalificamos, relegamos o simplemente ignoramos a quienes no piensan y actúan “como nosotros”. De esto nadie se escapa, por ello la razón pública se vuelve un instrumento eficaz en la trabajosa tarea de alcanzar el entendimiento mutuo entre gobierno y ciudadanía, y de la ciudadanía entre sí.
Por lo hasta ahora dicho, no piense que la razón pública está confinada a los libros o las clases que se imparten en las licenciaturas de política, historia o ciencias sociales. Orgullosa, doña razón pública se pavonea de lunes a viernes en las mañaneras del Presidente. Ahí tomado de su mano, López Obrador habla de los valores morales y políticos requeridos para hacer posible la 4T. Honestidad, congruencia, compromiso, lealtad, justicia social y empatía hacia quien sufre, son parte del universo moral de la “axiología amloneana” que da sustento a los planes de acción del gobierno. Éstos, supone el Presidente, contienen nuestras razones, las razones de todos: chairos, fifís, emos, princesos, rockers, chichifos, darks, mirreyes, cosplayeros...
Lo que aún no era un problema se vuelve tal al momento en que los valores morales y políticos del gobierno se traducen en aquellos bienes que debieran representar el interés público. ¿Qué obras o proyectos gubernamentales representan verdaderamente las “razones del pueblo”? ¿El tren maya? ¿El aeropuerto de Santa Lucía? ¿La presencia de los súper delegados? ¿La salida de las secretarías de gobierno de Ciudad de México a los estados? ¿La que ahora debemos entender como “bien llamada” reforma educativa? ¿El pago de becas a jóvenes que no estudian, ni trabajan, y el retiro de los apoyos a los estudiantes de medicina, por ejemplo, que utilizaban su beca para prestar y acreditar su servicio social en comunidades marginadas? ¿La nueva estrategia para controlar el presupuesto de los hospitales públicos? ¿Cuáles son los bienes que se defienden en las mañaneras que-realmente-son-“bienes públicos” como propone Rawls?
Coincidir en este sentido de la razón pública es básico para poder cristalizar el tercero: el de la argumentación pública, la cual permite respetar las ideas específicas de la ciudadanía respecto a lo que considera como justo, si no se pierde de vista el criterio de reciprocidad referido por John Rawls.
Este criterio posibilita que un ciudadano coopere, incluso cuando ello implica ir en contra de sus propios intereses, siempre y cuando los demás ciudadanos acepten dichos términos. En otras palabras, el diálogo permite establecer los criterios bajo los cuales es posible alcanzar la cooperación social aún y cuando no todos ganarán todo el tiempo. Bajo este esquema, por ejemplo, es posible que “los que ganen más que paguen más impuestos” deseen hacerlo, siempre y cuando la nueva condición sea recíproca. En ese sentido, nadie se escapa de tener obligaciones, pero tampoco es posible excluir a nadie de acceder a ciertos beneficios.
¿Qué razones debemos poner sobre la mesa para enredarnos en la bandera y defender el rol que juega en nuestras vidas una institución tan relevante como el IMSS? ¿Qué bienes públicos representa? ¿Cuál es el criterio de reciprocidad que satisfará para aquellos que pagan sus cuotas de manera obligada, pero que nunca hacen uso de sus servicios? ¿Qué lógica de justicia puede hacerle sentido a un asalariado que cada quincena siente el golpe del descuento de sus cuotas?
El contenido de la carta de renuncia del exdirector del IMSS es la punta del iceberg de todas las anomalías que resquebrajan a la institución. Y si eso sucede ahí no debe extrañarnos que lo mismo o peor esté sucediendo en el ISSSTE, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, los hospitales maternos e infantiles y todos aquellos que forman parte del sistema de salud pública.
No cabe duda que en un pueblo con más de 50 millones de personas viviendo en pobreza y con más de 40 millones sin acceso a servicios de salud básicos (el contenido de los bienes públicos a los que hace referencia Rawls) no podemos darnos el lujo de renunciar a un sistema robusto de salud pública, pero tampoco podemos darnos el lujo de continuar manteniéndolo bajo el esquema que ahora funciona, si no tenemos buenas razones para ello.
Estamos en el momento justo de que en las mañaneras asome otro tipo de razón: la de todos, es decir, la razón pública. Esa que no le hace ascos a nadie.