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Legalidad, justicia y legitimidad Opinión

María Amparo Casar
24/04/2019 | 04:07 AM

 

 
Lo advirtió y lo cumplió. El 13 de abril retó a los maestros de la CNTE: “nosotros vamos a estar dialogando con todos hasta que haya un acuerdo, pero si se tardan mucho, voy a sacar un decreto abrogando la mal llamada reforma educativa”. La CNTE no se amedrentó y AMLO no reculó. El 16 de abril firmó un memorándum dirigido a tres secretarios de Estado diciendo que “con base en las facultades que me confiere el cargo que detento” les instruye “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
 
No registro jurista alguno que haya respaldado la legalidad de la instrucción. Ninguno que hay dicho que el Presidente tiene las facultades a las que alude. El Presidente lisa y llanamente ordenó a sus secretarios violar la ley porque la ley le resultaba un estorbo. 
 
Sólo M. Batres, presidente del Senado, salió a la defensa en un tuit: “Cada Poder del Estado decide usando medios legales a su alcance. Nada es inconstitucional a priori”. Increíble que un Senador al que se le invadieron sus funciones de legislador haga tal declaración cuando debería ser el primero en advertir que la división de poderes estaba siendo vulnerada; cuando como presidente del Senado tendría que encabezar una controversia constitucional. 
 
No muy lejos de esta posición estuvo la de Monreal. Introdujo un enredo más. Dijo: “... hay reformas que son legales, pero no legítimas. Es el caso de la llamada reforma educativa que fue aprobada por una mayoría en el Congreso, pero no por docentes, padres y madres de familia y estudiantes”. 
 
Además de que es una vergüenza que la teoría constitucional se esté discutiendo en las redes con 280 caracteres de por medio, bajo los cánones de Monreal todas las leyes pasadas por la mayoría de Morena en el Congreso son legales pero ilegítimas. Lo mismo que las circulares o el memorándum del Presidente: ¿le preguntaron a los soldados si querían irse a las tareas de seguridad pública o a formar parte de la Guardia Nacional?, ¿le van a preguntar a los funcionarios públicos si quieren la Ley de Austeridad Republicana?, ¿les consultaron a las madres de los niños si querían que las estancias infantiles desaparecieran?, ¿tomaron el parecer a los gobernadores sobre el cambio en la LOAPF para incorporar a los superdelegados? ¿les preguntaron a los contribuyentes si querían que se modificara la ley del SAT para que su directora pudiese serlo? No. Luego entonces no son legítimas. 
 
La reacción de AMLO fue la usual: descalificar a sus críticos y reforzar su posición. Con un agravante. Ante la pregunta de un reportero de si habría descuentos a los maestros faltistas como dice la ley, contestó: “No, no habrá descuentos. Queremos la reconciliación. Los maestros quedaron muy dañados ... Si hay que optar por la justicia y la ley, no lo piensen mucho, hay que optar en favor de la justicia”. 
 
No satisfecho con esta reafirmación de su postura, siguió por la misma vía el 20 de abril. “Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos. Y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción”. 
 
Pocas cosas tan complicadas como la relación entre legalidad y justicia. Aunque la justicia informa o debe informar a las normas, sabemos que no siempre existe una relación de reciprocidad entre ambos conceptos. Un acto puede ser legal pero no justo o, a la inversa. Se puede dudar de la justicia de las leyes. De lo que no puede dudarse es de que la única vía que se ha encontrado para impartir justicia es fundamentándola en el marco normativo previamente establecido. Si éste parece injusto, existen los recursos para modificarlo. 
 
A la mayoría de Morena en el Congreso le alcanza para mucho. La legitimidad también le alcanza para mucho al Presidente. Para lo que no le alcanza es para suponer que el voto popular le da derecho a tomar cualquier decisión sin sujetarse a los controles de la ley. Menos aún para llamar a desobedecer la ley.
 
Bien haría el Presidente en atender el punto 4 del comunicado de la CNDH: “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene, desde el Ejecutivo federal, que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”. 
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