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Legisladores bajo amenaza de muerte Opinión

Jesús Rojas Rivera
07/12/2018 | 04:06 AM
El Diputado Mario Rafael González Sánchez expuso ayer una situación gravísima, el 12.5 por ciento de los legisladores en el Congreso local están amenazados de muerte. Así como usted lo está leyendo, cinco legisladores sinaloenses han recibido amenazas por las funciones camarales de los mismos. 
 
Para darnos una idea de la magnitud de la declaración del presidente de la Comisión de Seguridad, valdría la pena tener en referencia que, ni en los tiempos más violentos y de mayor persecución política las cosas en el Poder Legislativo habían estado así.
 
Según lo declaró a diversos medios de comunicación, el integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la Fiscalía del Estado tiene conocimiento de los casos, pero no especificó la existencia de las denuncias formales, o si la representación social ha iniciado la integración de las carpetas de investigación por los delitos que González Sánchez dio a conocer.
 
Tuve oportunidad de conversar brevemente con el legislador que expuso el caso: “Son situaciones que tienen que ver con los asuntos legislativos, no puedo dar el nombre de los legisladores o legisladoras que han decidido formalizar las denuncias. Cada uno valorará su caso, lo que puedo decir es que son acciones que buscan intimidar y amedrentar nuestro trabajo”. “Nosotros fuimos oposición y nunca nos comportamos así, no tengo elementos para culpar a nadie directamente, pero las investigaciones se deben de dar y ya hay tarjetas informativas para el Fiscal y el Secretario de Gobierno”.
 
Inviolable es la soberanía del Legislativo, sus integrantes deben tener garantizada la seguridad necesaria para el ejercicio de sus funciones, para desempeñarse sin presiones, sin limitantes y por supuesto sin amenazas.
 
La Diputada Flora Miranda de Guasave es una mujer que conoce y sabe lo que es vivir en carne propia la violencia política. Líder social y activista, tiene una vida participando en la izquierda, en 2012 fue privada de su libertad para después ser liberada con evidentes signos de tortura. Seis años después, ya instalada en su curul, la legisladora sigue denunciando amenazas que todos sabemos se pueden cumplir. 
 
Si las denuncias se formalizan, la autoridad tendrá una tarea importante. En primer término dar con los o las responsables de tales actos intimidatorios, y en segundo salvaguardar la integridad de los ofendidos, que dicho sea de paso, no representan exclusivamente a una fracción política.
 
Quirino enfrentará un nuevo reto en materia de seguridad, si su gobierno no puede garantizar la seguridad para el desempeño de las tareas legislativas, el mensaje que se manda es pésimo, de ingobernabilidad e inestabilidad política.
 
Al Fiscal estatal por su parte le queda la enorme tarea de dar con los responsables de las amenazas y garantizar justicia para aquellos que cumplen o deberían cumplir con una función muy importante en la vida pública sinaloense, toda vez que no existe en México un referente de violencia tal contra un número tan significativo de representantes del poder constitucional. Si amenazar a un diputado pone en riesgo las instituciones, imagínense la amenaza al 12.5 por ciento de la Cámara. 
 
La violencia política es una condición de las sociedades poco democráticas, barbáricas y ajenas al imperio de la ley. Sinaloa ha tenido episodios sangrientos en materia de violencia política. En la historia negra de la entidad se cuentan asesinatos de legisladores, ediles, secretarios y funcionarios de todos los rangos y niveles de gobierno desde lo federal, local o municipal. Pocos recuerdan ya que la violencia política alcanzó a un Gobernador constitucional en el domingo de carnaval de 1944, cuando Rodolfo T. Loaiza fue ejecutado en el patio andaluz del hotel Belmar. Quien no conoce su historia y los alcances de su pasado, está condenado a repetirla. Luego le seguimos...
 

 

jesusrojasriver@gmail.com 
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