"Lo que está en juego"

La resolución de fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones Públicas interpuesta por la oposición en el Senado y por la CNDH será la primera prueba de fuego del talante democrático del Presidente y su mayoría en el Congreso. La pregunta se impone. ¿Los otros dos poderes -el Ejecutivo y el Legislativo- acatarán las resoluciones independientemente de que estén de acuerdo con ellas? Mostrarán su convicción de que “al margen de la ley nada, por encima de ella nadie”. 

 

Es difícil encontrar cuál de las muchas condiciones que caracterizan a una democracia es la principal pero, sin duda alguna, la división de poderes, la autonomía e independencia de cada rama y orden de gobierno y el respeto a sus respectivas esferas de acción son algunas de ellas porque permiten contrapesos.

 

Los titulares e integrantes de cada uno de los tres poderes se pueden equivocar, sobrepasarse en sus facultades o actuar fuera de la ley, pero para eso están los otros poderes. En toda democracia deben encontrar un equilibrio delicado y difícil de lograr porque responden a propósitos distintos. 

 

La última instancia para lograr este equilibrio es la SCJN. La importancia de esta institución como garante de la constitucionalidad es siempre indispensable pero más lo es cuando el Congreso y el Ejecutivo son controlados por el mismo partido porque en estos casos los dos poderes suelen caminar en la misma dirección. 

 

Por ahora la SCJN no sólo suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones, no ha determinado su constitucionalidad. Si da la razón a los “quejosos” habrá que esperar a la reacción de los otros dos poderes. Si acatan no habrá problema y el Ejecutivo habrá de buscar otras maneras para su proyecto de austeridad. 

 

Tengo fe en que eso harán el Ejecutivo y el Congreso pero, hasta el momento y con la mera suspensión de la aplicación de la Ley, las reacciones no son prometedoras. El líder de la bancada parlamentaria morenista en el Senado declaró: “Inverosímil, la fuerza jurisdiccional y política que se resiste a la austeridad... manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios”. F. Salgado Macedonio, también Senador de Morena: “Si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad... habré de plantear al Presidente Andrés Manuel López Obrador los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos Ministros”. Mario Delgado, líder de los diputados: “A pesar de la suspensión... se ajustarán los salarios para que nadie gane más que @lopezobrador”. 

 

Parecería dar esperanza la declaración del Presidente respecto a la decisión del Tribunal Electoral de no anular la elección de Puebla: “Hay que acatar la decisión aunque no dejo de expresar mi inconformidad...” Pero luego agrega: los magistrados electorales provienen del “antiguo régimen”. ¿Será que piensa sustituirlos de golpe o poco a poco? ¿La terna que mandó para sustituir al Ministro Cossío es un anuncio de cómo irá capturando a las instituciones? ¿Se le olvidó ya su inconformidad en contra de la intención de nombrar al Dr. Raúl Cervantes como Ministro por su militancia partidista? u, ¿otra vez al mismo jurista como “fiscal carnal”? Nadie objetó a Cervantes por su falta de méritos sino por su militancia.

 

Como si se tratara de una cuestión de programa de gobierno y no de apego a la legalidad, los afectados por la suspensión ordenada por la Corte han reaccionado descalificando a los ministros como los guardianes de sus propios privilegios. Incluso el Presidente afirmó que “los impartidores de justicia son deshonestos y ponen el mal ejemplo a otros”. Los sueldos y prebendas de los que gozan los ministros y otros altos funcionarios me parecen exagerados y deben reducirse. Lo mismo aplica a muchas otras “prestaciones” y lujos injustificables que indignan a cualquiera que tenga una mínima noción de a dónde se deben destinar los recursos públicos. El espíritu de la Ley de Remuneraciones, y el de la Ley de Austeridad Republicana me parecen correctos y atendibles. Pero el punto no es ese. El punto a discutir es si la mayoría del Congreso aprobó una reforma que va en contra de la Constitución, si van a acatar la resolución y si no comenzará una guerra entre los poderes. 

 

Nuestro Poder Judicial puede distar de ser la institución robusta que México necesita y requerir muchos cambios y mejoras. Así lo reconocen en sus proyectos los ministros que quiere acceder a la presidencia de la Suprema Corte. Pero hay que señalar los grandes avances que ha habido al interior de la Corte, los equilibrios que se han buscado entre los perfiles para integrarla y la mayor publicidad de sus sentencias. Como árbitro, es perfectamente lógico que sus sentencias dejen conformes a unos e insatisfechos a otros, pero la regla de oro para que un sistema funcione es que sean aceptadas lo mismo cuando eres el beneficiario que cuando eres el perjudicado.

 

La democracia no exige que todas las decisiones se adopten mediante el voto mayoritario. La legitimidad que da al Presidente el 53 por ciento de la votación tampoco se traduce en que todas sus decisiones deban ser aceptadas. La legitimidad que ésta da al titular del Ejecutivo y a la mayoría del Congreso tiene un límite: la constitucionalidad de sus decisiones.