"Los afectados"

magco7@hotmail.com

 

Entre los aspectos preocupantes que nublan el panorama del país surge en el ámbito local un motivo restaurador con el plan denominado Estrategia Nacional de Lectura, que el último domingo de enero anterior fue puesto en marcha en Mocorito, en el marco de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora ese programa representa un buen intento, y el deseo de muchos mexicanos es que se convierta en un magnífico logro.

En principio se percibe un sentido emblemático en el hecho de que un programa de esa naturaleza haya sido activado en la población que los lugareños acreditan y presumen como la Atenas de Sinaloa, y eso aporta un efecto reivindicatorio a favor de un estado que desde hace décadas ha sido estigmatizado por el narcotráfico y su parafernalia.

El fomento a la lectura configura un reto más difícil que escalar el K-2 cuando hay que enfrentar la creciente globalización de la cibermanía que se manifiesta en todos los ámbitos, pues resulta cada vez más raro encontrar a una persona dedicada a la lectura de un libro, o de alguna publicación. En cambio, el uso del celular, la iablet y otros inventos con mini pantalla va mucho más allá de la satisfacción de una necesidad y actualmente configura ya una alarmante adicción.

Esa evolución tecnológica debiera constituir la más benéfica aportación jamás pensada, por los inmensos avances que su adopción proporciona a la ciencia, a la cátedra, e inclusive al sano divertimiento; sin embargo, resulta alarmante porque su uso en las llamadas redes sociales con frecuencia es distorsionado al grado de convertirlo en un cáncer de la comunicación, generador de contaminación mental y moral mediante la exposición de especies con frecuencia calumniosas o malintencionadas cuya intención es denigrar, acosar y extorsionar.

Normal y correctamente la vía digital encauza una sana comunicación con fines de índole familiar, coloquial o informativa y educacional, pero  su uso desmedido se torna en un riesgo personal, que puede ser colectivo cuando distrae al conductor de un vehículo, ya se trate de un autobús urbano o de un automóvil particular, y sin embargo esa temeraria práctica es un pan nuestro de cada día. Desde hace unos cuatro años soy usuario cotidiano del transporte público y hace mucho que no coincido con un lector a bordo, pero, sin exagerar, me ha tocado constatar que, de unos diez pasajeros, por lo menos seis, incluyendo al chofer, viajen abstraídos por la pantallita, y en todo caso comunicándose con alguien o digitalizando con asombrosa destreza el mini teclado del celular.

No es difícil ver, sobre todo entre la población joven, casos de verdadera enajenación en los que el usuario parece estar mentalmente ausente, inmerso en un espacio donde sólo existen la tablet o el celular, y eso prolifera como escena cotidiana que se registra lo mismo en una oficina, en la cafetería o en el seno hogareño.

Esta casual observación en torno a la creciente adicción cibernética esboza la dimensión del reto de establecer como alternativa el hábito de la lectura, cuyo fomento propone el plan puesto en marcha, y que ya encuentra una loable respuesta en Culiacán con la creación del Club de Lectura para Jóvenes, por iniciativa del laureado escritor Élmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa, donde todos los viernes tendrán lugar las sesiones del naciente organismo. Así, mientras haya espacios donde encuentre cauce esa ingente empresa, su noble fin se afirmará en la realidad.

Desde luego que, por tratarse de una acción federal propuesta por el Presidente López Obrador, el plan de Estrategia Nacional de Lectura deberá de recibir un determinante apoyo desde la nueva estructura que se ponga en operación a cambio de la defenestrada Reforma Educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por cuanto a otro cambio, la corrupción en las guarderías infantiles puede ser investigada y combatida sin necesidad de tomar medidas presupuestarias restrictivas que castigan laboralmente y sitúan en un brete a las madres que trabajan, además, la propuesta derrama económica directa a los familiares no garantiza continuidad en la atención que el sector social ha proporcionado a los niños afectados.